En vísperas del juicio político que lo destituyó de la Presidencia del Paraguay, el 22 de junio de 2012 Fernando Lugo se reunió con el embajador norteamericano James Thessin en la capital, Asunción. La reunión estaba programada desde mucho antes, bien antes de la matanza de Curuguaty -una operación policial de desalojo en la región de Curuguaty que dejó 17 muertos el 15 de junio de 2012 y fue utilizada como argumento por el Congreso para deponer a Lugo una semana después-.
Según el protocolo, Thessin invitó a Lugo a la recepción del 4 de julio, fecha de la independencia estadounidense, que se realizaría en la embajada, una manzana entera en el centro de la capital. “¿Pero usted me está invitando para ir como Presidente o como ciudadano?”, preguntó Lugo. “Como Presidente, claro”, lo tranquilizó Thessin.
Lugo ya no era Presidente de Paraguay el 4 de julio y no asistió a la ceremonia en la que se ejecutaron los dos himnos nacionales y donde hubo refrescos y canapés. La fecha marcaba el fin de una semana de duro trabajo después de la deposición del ex obispo y la ascensión al poder de su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Un trabajo que involucró no sólo a los diplomáticos norteamericanos y que fue realizado en silencio –los Estados Unidos se pronunciaron sobre Paraguay veinte días después del juicio político-.
El día anterior a la fiesta, el 3 de julio, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por su secretario general, José Miguel Insulza, había dejado el país. Durante tres días el grupo se había reunido con representantes de todos los partidos políticos, de la Iglesia, de la Corte Suprema, con empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes indígenas y con el actual Presidente, Federico Franco, y su canciller; y hasta con el propio Lugo.
Insulza llevó a representantes “de varios grupos geográficos” para integrar la misión, según lo describió en su relatoría. Ninguno, sin embargo, de América del Sur. El grupo que viajó a Paraguay para indagar sobre la crisis estaba compuesto por la embajadora de los Estados Unidos en la OEA, Carmen Lomellin; por el embajador de Canadá, Allan Culham; de Haiti, Duly Brutus; de Honduras, Leónidas Rosa Bautista; y de México, Joel Hernández.
La misión de la OEA tomó la posición contraria a la del Mercosur y de Unasur, que suspendieron a Paraguay por considerar que el juicio político representaba una ruptura en el joven proceso democrático paraguayo por el tiempo exiguo concedido a la defensa del Presidente –menos de 17 horas-. Insulza defendió la legitimidad del proceso relámpago, que estaría avalado por la Constitución paraguaya, y minimizó las críticas de las organizaciones regionales: “Es natural que la situación que ocurrió en Paraguay haya generado reacciones negativas”, escribió en su relatoría, “pero eso no es exactamente una novedad en el hemisferio”. También sugirió que la OEA debería aumentar su presencia en el país hasta las elecciones presidenciales, programadas para abril de 2013. “En 10 meses Paraguay va a haber elegido autoridades con total legitimidad democrática”, concluyó.
Al día siguiente de la publicación del informe de la OEA, el gobierno de Barack Obama declaró su apoyo a Federico Franco. “No existen razones para que Paraguay sea suspendido en la OEA”, afirmó la secretaria adjunta de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, en conferencia de prensa. “Lo que realmente queremos es enfocarnos en el futuro”, dijo. “Veo Paraguay como una forma de unirnos en la región para apoyar la democracia paraguaya y no como un tema que exacerbe las divisiones”.
“¿Entonces no fue un Golpe de Estado?”, preguntó un periodista. “No voy a responder a esa pregunta”, retrucó, irritada, la secretaria.
Las sanciones del Mercosur y de Unasur también fueron rechazadas por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americano Pamcham, entidad que reúne a empresarios norteamericanos y paraguayos alineados con la política exterior de los EUA. Antes incluso de la posición oficial norteamericana, la Pamcham calificó como “inaceptable” la suspensión de la membresía del país en esos organismos. El presidente honorario de la PamCham es el propio embajador James Thessin.
Lugo no estaba equivocado al preguntar al embajador norteamericano sobre su futuro cuando lo invitó a la fiesta del 4 de julio. Al fin de cuentas, el apoyo de los EUA es fundamental para el futuro de cualquier gobierno en ese país. Las reticencias de los norteamericanos respecto de su presidencia fueron bien descritas por la antecesora de Thessin en la embajada, Liliana Ayalde, quien escribió en un telegrama que envió el 7 de diciembre de 2009 y fue filtrado por Wikileaks: “Hemos sido cuidadosos en expresar nuestro apoyo público a las instituciones democráticas de Paraguay y no a Lugo personalmente”.
Ayalde, hoy al frente de la sección Caribe, América Central y Cuba del Departamento de Estado, fue aún más clara al afirmar que había advertido al ex obispo sobre los “beneficios” de mantener una relación cercana con los EUA, “sin permitir que utilice el apoyo de la embajada como salvavidas”.
“NUESTRA INFLUENCIA AQUÍ ES MUCHO MAYOR QUE NUESTRO RASTRO”
La influencia norteamericana en Paraguay no es sólo un asunto diplomático. A través de donaciones administradas por USAID de más de 100 millones de dólares (en cinco años) a empresas, ONGs y órganos gubernamentales dificilísimos de monitorear, los norteamericanos se garantizaron su proximidad a diversas esferas de poder en Paraguay: “Actores políticos de todos los espectros nos buscan para oír consejos”, resumió la ex embajadora Ayala en la misma relatoría confidencial. “Y nuestra influencia aquí es mucho mayor que nuestro rastro”, indicó.
El entrenamiento de las fuerzas de seguridad paraguayas figura entre los principales programas financiados por USAID. Entre 2005 y 2010, casi mil militares y policías –en su mayoría en 2009, año siguiente a la asunción de Lugo—fueron entrenados así y de este programa salieron algunos comandantes de las Fuerzas Armadas nombrados por Franco cuando asumió el poder.
La Policía Nacional fue la responsable por la operación que resultó en la matanza de Curuguaty. El Ministerio Público, que se basó exclusivamente en testimonios de los policías para atribuir a los campesinos la culpa por la masacre, y la Corte Suprema, que negó dos recursos promovidos por la defensa de Lugo, también fueron beneficiados por programas de USAID.
Uno de los más influyentes defensores de los intereses norteamericanos en Paraguay es Michael Eschleman, un cincuentón norteamericano con una larga historia en el país y que dirige el Programa de Democracia de USAID. En 1985, todavía bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, Eschleman era voluntario del Cuerpo de Paz (Peace Corps), una agencia gubernamental que lleva jóvenes voluntarios del primer mundo a los países pobres y que ya fue acusada de infiltrar espías. Eschleman llegó a gerente de entrenamiento y director de Peace Corps antes de asumir la dirección de las iniciativas en pro de la democracia en Paraguay. El programa más importante de su gestión es Threshold –Umbral, en español–, que recibió más de 60 millones de dólares en los últimos cinco años.
Documentos obtenidos por Agencia Pública a través de la Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos revelan que, antes incluso de la votación del juicio político, el encargado de USAID de velar por la democracia paraguaya ya planeaba sus pasos con el nuevo gobierno: “Comencé a tener reuniones internas para evaluar y trazar una estrategia sobre la mejor manera de mantener la marcha de los programas con el nuevo gobierno”, explicó Eschleman en un email a las 17.20 del fatídico 22 de junio dirigido a la conducción de Millenium Challenge Corporation (MCC), agencia de financiamiento ligada al Congreso norteamericano.
Tras observar que “a las seis horas, Franco ya debe ser Presidente”, Eschleman escribió: “Probablemente va a llevar algunos días saber quiénes serán los nuevos ministros y cómo podemos abordar a los nuevos líderes para garantizar no sólo la estabilidad de los programas, sino la capacidad para avanzar”. Con todo, resaltó que el cambio de gobierno significaba “buenas noticias” para USAID: “Franco y su equipo conocen muy bien el programa Umbral porque trabajaron cerca de nosotros en los últimos años”.
Dos horas después, el director de USAID envió otro email en el que contaba que, tras el discurso de asunción, el nuevo Presidente nombró a los nuevos ministros. Más “buenas noticias”: “Tanto el ministro del Interior (Carmelo Caballero) como el nuevo jefe de Policía (Aldo Pastore) trabajaron con nosotros en el programa Umbral, y son personas que llamaríamos aliados”. Respecto del ministro de Finanzas Manuel Ferreira Brusquetti, y el jefe de Gabinete de Franco, Martín Burt, celebró: “Conocen y respetan a USAID, y trabajaron con nosotros en el pasado”.
En otro email enviado el 9 de julio, Eschleman explicó el silencio de la misión norteamericana durante las primeras semanas posteriores a la destitución: por causa del “proceso de juicio político, del cambio de administración y de la atención internacional prestada a los eventos locales, USAID ha mantenido un low profile (bajo perfil)”, escribió. Y agregó: “La embajada está esperando la relatoría de la delegación de la OEA al Consejo Permanente. Hasta entonces, los funcionarios de USAID no participan en reuniones o eventos públicos con miembros del gobierno”.
Pero, por parte de MCC, el recelo de que hubiese algún giro político ya se había disipado. Fue así que la directora de MCC escribió a Eschleman el 5 de julio: “¿Ya se asentó un poco la polvareda? Hablamos sobre Paraguay aquí y concluimos que hay acciones a ser tomadas en relación con preocupaciones de elegibilidad”.
LA MASACRE DE CURUGUATY
El 22 de marzo de 2012, en una ceremonia en el Palacio Nacional, otro director del programa Umbral, el estadounidense Matthew Langhenry, recibió una medalla al mérito de la Policía Nacional paraguaya de manos de su comandante, Paulino Rojas, que durante un año y medio trabajó cerca de USAID en el programa Umbral.
Rojas, entrenado por el FBI en un curso en Virginia en 1998, colocó con cuidado la medalla en el pecho de su colega norteamericano. “Donamos más de US$ 2 millones en equipamiento a la Policía, pero lo más importante es que juntos reformamos la currícula de la academia policial, juntos reformamos la escuela de suboficiales”, proclamó Langhenry, sudando de calor. “Juntos escribimos el primer manual de uso de fuerza por la Policía Nacional en Paraguay”, concluyó con cargado acento (ver video)
Tres meses después, Paulino Rojas daría la orden de desalojo que llevó a la matanza de Curuguaty y a la deposición de Lugo. Fue una desocupación polémica, por decir lo menos, pues el terreno ocupado por los sin tierra no tenía título válido de propiedad, lo que motivó que el Instituto de Tierras de Paraguay pidiera incluso la suspensión del desalojo.
Hasta dentro de la Policía nacional, muchos querían aplazar la acción por temor a un conflicto –incluyendo al jefe policial de la región, Arnaldo Sanabria, subalterno directo de Rojas, quien insistió en que se postergara. “El jefe de Operaciones Especiales, comisario Erven Lovera, abatido, pedía a gritos a sus superiores que esa operación no se realizara”, contó a la prensa otro oficial, el comisario principal Carlos Núñez Agüero. Lovera fue el primer policía muerto en el conflicto. Era hermano del jefe de seguridad personal del entonces Presidente Fernando Lugo. Ninguno de esos temores fue informado al ministro del Interior de Lugo, Carlos Filizolla, por el comandante Paulino Rojas, según el propio ex-ministro.
El hecho es que en las primeras horas del 15 de junio, 324 oficiales rodearon a 70 campesinos –el tamaño desproporcionado de la fuerza tampoco fue informado al ministro del Interior. La operación policial estuvo marcada por la violencia y los abusos, según la investigación de la organización Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC). Seis policías y once campesinos murieron. Decenas de trabajadores rurales fueron detenidos por solo estar en el lugar y existen relatos de torturas, falsas ejecuciones y señales de alteración de la escena del crimen (el relato completo, aquí).
Entre los policías del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) que encabezaron la desocupación del terreno, por lo menos dos fueron entrenados por los Estados Unidos, en marzo de 2009: César Horacio Medina y Nelson Darío Zaracho Ocampos participaron en un entrenamiento del programa de Asistencia al Antiterrorismo del Departamento de Estado norteamericano en Asunción, según documentos filtrados por Wikileaks.
EL PROGRAMA UMBRAL
Umbral es el corazón de la estrategia norteamericana para Paraguay. Un estudio realizado por el instituto paraguayo Base-IS demostró que el volumen de recursos destinados a Umbral sólo es comparable con la primera década de la dictadura de Alfredo Stroessner –que duró 35 años y recibió el apoyo decisivo del gobierno de los Estados Unidos, así como las otras dictaduras de la región-.
Financiado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, en inglés) y lanzado en 2006, el programa es una suerte de “ayuda preliminar” a países pobres para mejorar sus índices de “transparencia”, “justicia” y “libertad económica” antes de acceder a la gran torta de la MCC: los programas Compactos, con sumas que van de los 100 millones a los 700 millones de dólares. Proyectos desarrollados con el Ministerio Público, la Contraloría General, la Corte Suprema, el Congreso, la Reserva Federal y el Ministerio de Finanzas, Industria y Comercio recibieron 34,6 millones de dólares hasta 2009.
Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el gobierno de Nicanor Duarte no estaba muy interesado en perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de licitación.
Aún así, el gobierno de los Estados Unidos firmó un nuevo contrato de asistencia con Paraguay por US$34 millones en 2009, ya bajo el gobierno de Fernando Lugo. En la ceremonia de lanzamiento de Umbral 2, la entonces embajadora Liliana Ayalde no dudó en declarar a la prensa que todas las metas y objetivos de la primera fase se habían cumplido y que la segunda fase buscaba “afianzar la democracia y consolidar las instituciones del Estado paraguayo”.
En la división de recursos de Umbral 2, la Policía Nacional recibió la mayor cantidad: US$ 9,4 millones, seguida por el Ministerio Público con US$5,5 millones, amén de los US$6,2 millones que había recibido en la primera fase del programa. La Corte Suprema recibió US$5 millones en ambas fases.
Fue ese mismo Ministerio Público que, en la persona del fiscal Jalil Rachid, sin escuchar a ningún campesino, concluyó que estos eran responsables de la masacre, encarceló a catorce personas sin tierra y emitió orden de arresto contra otras 54, algunas de las cuales ni siquiera estaban presentes durante la evacuación. La conclusión de Rachid fue respaldada por el Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón. En septiembre (de 2012), Verón también se pronunció con una recomendación a la Corte Suprema para que negase el segundo pedido de inconstitucionalidad, planteado por los abogados de Lugo a raíz del exiguo tiempo concedido a su defensa durante el juicio político. La Corte Suprema rechazó el recurso.
HACIENDO LA CORTE EN NUEVA YORK
Al comunicar su rechazo el 20 de septiembre, el presidente de la Corte Suprema y relator del proceso, Víctor Núñez, hizo una evaluación casi surrealista: “Como se trata de un procedimiento que técnicamente no es jurisdiccional, las garantías propias del proceso judicial, aun cuando puedan ser aplicables, no lo son de manera absoluta, sino parcial, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del acusado”. Los abogados de Lugo tuvieron 17 horas, incluida la madrugada, para preparar su defensa y apenas dos horas para defenderlo en el Congreso.
Seis meses antes, Núñez y los demás miembros de la Corte Suprema se habían reunido con el director de USAID para América Latina y el Caribe, Mark Feierstein, para hablar sobre el programa Umbral. Feierstein afirmó al final del encuentro: “Estamos trabajando con la Corte Suprema contra la corrupción y para que el sistema judicial sea más efectivo y más eficiente para el pueblo paraguayo”, dijo. Y concluyó: “Reconocemos el éxito alcanzado, es un ejemplo para otros países”.
No era eso, para nada, lo que decía la embajadora Liliana Ayalde en los despachos enviados en 2009 al Departamento de Estado. En la misma época en que destinaba US$2,5 millones a la Corte en el programa Umbral, en un correo diplomático Ayalde afirmaba que la Corte, “amplia y acertadamente”, era considerada corrupta, más enfocada “en intereses políticos y personales que en cuestiones legales”. Y escribió: “La interferencia política es la norma; la administración de justicia se volvió tan distorsionada que los ciudadanos perdieron la confianza en la institución”.
“El control político de la Corte Suprema es crucial para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por políticos hábiles. Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro”, escribió en su despacho del 25 de agosto de 2009. “La presidencia y vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político, y los Colorados (oposición a Lugo) controlan esos cargos desde 2004. En los últimos cinco años también pasaron a controlar la Cámara Constitucional de la Corte”.
Tres años antes del juicio político a Lugo, escribió: “Esta cámara es famosa por tomar decisiones controversiales y arbitrarias. (….) Para los aliados de Lugo, obtener control de la cámara es fundamental para prevenir un posible impeachment”.
Pero no era Lugo quien detentaba el control de la Corte, como demostraron los hechos. Un mes después de emitir su voto respaldando la destitución, el presidente de la Corte, Víctor Núñez, participó en la primera comitiva internacional del nuevo presidente Federico Franco, quien se dirigió a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Fue la estrella de Franco en la escena internacional, donde participó, junto con todos los jefes de Estado, de una comida oficial organizada por el anfitrión, Barack Obama, en el pomposo hotel Waldorf Astoria. Franco tuvo la oportunidad de sacarse una foto con el mandatario estadounidense, junto con su esposa y la primera dama Michelle Obama, elegantemente vestidos para la gala nocturna. Desde entonces esa foto ilustra orgullosamente la apertura del sitio oficial de la Presidencia de Paraguay.
BOX: LA USAID EN PARAGUAY
Presente hace cincuenta años en Paraguay, USAID fue siempre un brazo fuerte de la política norteamericana en el país. Un estudio detallado sobre su actuación, realizado por el Instituto Base Investigaciones Sociales (Base-IS), revela que la presencia de USAID creció progresivamente en el país a partir de 2008, cuando Lugo fue elegido. “En términos de fondos, hubo un aumento importante en la asistencia norteamericana a Paraguay: de US$ 17,25 millones en 2007 a US$ 36,2 millones en 2010”, indica el estudio (cliquee aquí para leerlo).
El foco de la asistencia de los Estados Unidos son los programas de “democracia”, que inciden directamente sobre la administración pública; USAID es responsable por el financiamiento del 32,3 por ciento de este tipo de proyectos, pero queda bien atrás de otros países en términos de asistencia a la salud, por ejemplo.
Además, los fondos de asistencia distribuidos a una infinidad de ONGs y de organismos gubernamentales son difíciles de monitorear, como descubrirían los investigadores de Base-IS. “És difícil cerrar los números porque los fondos vienen de diferentes fuentes y para actores diversos, algunos de ellos directamente al gobierno o canalizados por ONGs internacionales”, explicó Marielle Palau, que coordinó el estudio.
El cuadro se complica con la tendencia a la privatización de la asistencia internacional. Desde 2000, los recursos de USAID traspasados directamente a empresas privadas estadounidenses a título de consultorías viene creciendo y son ellas las que, en la práctica, comandan la distribución del dinero en cada país. Solamente en 2010, cuarenta empresas facturaron más de US$6.700 millones en contratos con USAID –una enorme tajada de los recursos de la agencia para ese año.
La semejanza con la privatización de la seguridad militar norteamericana no es mera coincidencia. Así como las empresas privadas de seguridad presentes en Irak y Afganistán, las contratadas por USAID “tercerizan” la asistencia internacional, gerenciando de manera discreta la transferencia de los recursos norteamericanos. Poco conocidas, sin vínculos fuertes en los países en que actúan, contribuyen a tornar aún menos transparentes los programas de USAID.
La mitad del dinero del Programa Umbral en Paraguay –US$30 millones- fue traspasada a la empresa Casals & Associates. Pero los ministros de Lugo cuyas carteras trabajaban con Umbral –Interior, Salud, Relaciones Internacionales—dijeron a Pública que no tenían mucho conocimiento sobre la actuación de Casals. Tampoco el propio Lugo.
Fundada en 1986 por Beatriz Casals, una cubana con lazos en la comunidad disidente de Miami, Florida, la empresa Casals tiene más de 300 empleados y sus contratos con el gobierno norteamericanos alcanzaron los US$3.000 millones. Beatriz fue presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana de la Universidad de Texas y es actualmente directora del Centro para una Cuba Libre, una organización de lobby anti-Fidel en Washington. Entre los clientes de Casals figuran el Departamento de Defensa, principalmente el Ejército y la Marina, el Departamento Homeland Security (Seguridad Interna), la agencia antidrogas (DEA), el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado, y la TV y Radio Martí, que transmiten propaganda anticomunista para la población cubana desde Miami.
En 2010, la compañía fue adquirida por la gigantesca contratista militar Dyncorp -presente en todas las guerras entabladas por los Estados Unidos, incluyendo el combate contra las FARC en Colombia– y pasó definitivamente a la esfera de influencia de los militares. Más del 65 por ciento de los funcionarios de Dyncorp son militares retirados. El CEO de la empresa, William L. Ballhaus, declaró respecto de la compra de Casals: “La adquisición nos ayudará a lograr la meta de crear valor a través del crecimiento continuo y la diversificación en los negocios, y se alinea con el énfasis de la administración Obama en la aplicación del ‘poder inteligente’ (smartpower) ante los desafíos globales”.
Según el sitio web de la empresa, Casals mantiene oficinas en lugares tan distintos como Armenia, El Salvador, México y Uganda, siempre unidas a contratos de USAID. Desde 2008 tiene un contrato por valor de US$1.500 millones con la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la agencia, para “apoyar los objetivos de la política externa norteamericana ayudando a socios locales a avanzar en la paz y la democracia en países prioritarios, en crisis”. El sitio web destaca: “Los dispositivos del contrato permiten que OTI establezca rápidamente oficinas, contrate funcionarios y desembolse pequeñas donaciones a grupos locales para resolver necesidades de transición y estabilización”.
OTI está involucrada en diversas iniciativas polémicas en América del Sur. En Bolivia, a través de Casals, distribuyó US$13.300 millones a ONGs que trabajaban en proyectos de “descentralización” y “autonomías regionales”, fortaleciendo a los gobiernos regionales que se oponían al gobierno de Evo Morales. En Venezuela, a través de Development Alternatives Inc., otra contratista, OTI transfirió US$95,7 millones entre 2002 y 2010, distribuidos a la oposición a Chávez a través de pequeñas donaciones. La misma empresa envió a Cuba a su funcionario Alan Gross, quien fue detenido por distribuir celulares y equipamientos con comunicaciones por satélite a la disidencia cubana. Por estos episodios, los países que forman la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) – Bolivia, Cuba, Ecuador, Dominicana, Nicaragua y Venezuela – emitieron un comunicado el 22 de junio de 2012, día de la deposición de Lugo, invitando a USAID a retirarse de sus países por la “injerencia abierta” al financiar grupos y proyectos “dirigidos a desestabilizar a los legítimos gobiernos que no son afines a los intereses de los Estados Unidos”.
Generalmente discreta, la actuación de la Casals llegó a titulares de la prensa paraguaya en abril de 2009, cuando el diario ABC Color obtuvo copias de documentos que mostraban divergencias respecto de la licitación para implantar un sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes. Responsable por la licitación de la empresa que desarrollaría el sistema –y que pasaría a tener todos los datos de la población paraguaya–, la Casal descartó a todas las competidoras paraguayas y escogió a la estadounidense: L-1 Identity Solutions, la única con los diez años de experiencia constantes exigidos en la licitación.
A pedido del gobierno paraguayo, USAID efectuó entonces una auditoría para verificar si hubo favorecimiento respecto de la empresa estadounidense. La auditoría llegó a una inusitada conclusión: no sólo USAID no había violado ninguna ley –pues la licitación era regida por leyes norteamericanas y no paraguayas–, sino que seis funcionarios del gobierno paraguayo fueron acusados de “comportamiento inapropiado” y retirados del programa posteriormente.
Después de años actuando lejos del escrutinio público, la Casals simplemente desapareció de Paraguay en julio de 2012, después del fin del proyecto Umbral –y un mes después de la destitución de Lugo-. Contratada directamente por el gobierno de Estados Unidos, dejó pocos registros de su paso: apenas una mención aquí o allá en alguna relatoría de la USAID o en genéricos comunicados de prensa.
Agencia Pública estuvo en agosto en el bello caserón alquilado por la Casals en la calle Bernardino Caballero, número 168, en Asunción. No encontró a nadie. En la parada de taxis, al otro lado de la calle, un chofer confirmó que allí funcionaba una ONG “que trabajaba para la embajada”, pero que se había “acabado”. Por indicaciones del taxista, Pública consiguió conversar con una ex funcionaria delante del portón de su casa, la profesora Raquel González, quien fuera contratada temporalmente como consultora. “Cambió el gobierno, entonces no teníamos mucho con quién trabajar”, explicó. ¿Y los directores de la Casals?: “Se fueron. Ahora cada uno se fue para su país”.
RECUADRO RELACIONES MILITARES
El entrenamiento de miembros de fuerzas de seguridad paraguayas es uno de los principales elementales de la política de los Estados Unidos hacia el país. Durante los años del gobierno de Lugo, destituido en un juicio político relámpago en junio de 2012, la agencia de asistencia del Departamento de Estado, la USAID, destinó nueve millones de dólares a entrenamiento policial en Paraguay entre 2009 y 2011.
Pero, más allá de USAID, millones de dólares de otras fuentes fueron enviados a Paraguay.
Por ejemplo, la Global Peace Operations Initiative, un programa del Departamento de Estado, destinó en 2009 US$ 4 millones para los paraguayos que forman parte de las fuerzas de paz en Haití; el entrenamiento del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales del Ejército recibió US$ 5,7 millones en asistencia militar; y el programa antinarcóticos del Departamento de Estado (INL) colocó US$ 753 mil en el país en 2009 e 2010, según una relatoría de la embajada en Asunción (cliquee aquí).
Entre 2005 y 2010, casi mil militares y policías paraguayos fueron entrenados por los Estados Unidos. Los cursos iban de derechos de propiedad intelectual a contrainsurgencia y combate al terrorismo, entre otros temas, y se realizaron en diversos lugares, dentro y fuera de Paraguay. Fiscales, jueces, inspectores aduaneros y diplomáticos también recibieron entrenamiento de los norteamericanos.
No se trataba sólo de entrenar a las fuerzas militares, sino de invertir en la formación de oficiales que ocuparían cargos de mando. Como los dos altos oficiales de la Armada que serían retirados por Lugo en 2009 en medio de rumores de planes de un golpe militar en el país.
Otros oficiales entrenados se tornarían piezas clave en el gobierno de Federico Franco. El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el general Pedro Aristides Baez Cantero, por ejemplo, participó en un curso en octubre de 2005 en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington. El nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada, Silvio Salvador Guanes Solis –número dos de la Marina– también fue invitado a viajar a los EEUU para participar de un curso de Gerenciamiento de Crisis en Washington en mayo de 2009.
En septiembre del mismo año, los EEUU financiaron el viaje de otros futuros miembros del sistema de defensa de Franco a la base militar de Fort McNair, en Washington, para un entrenamiento sobre “Carreras civiles para la Defensa”. Uno de ellos era el vicealmirante Pablo Ricardo Luis Osorio Fleitas, nombrado comandante en jefe de la Armada cinco días después de la asunción de Franco, en sustitución del almirante Benítez Frommer. Frommer fue pasado compulsivamente a retiro por haber desmentido la versión de que el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, había intentado promover un golpe militar en defensa de Lugo (para leer la historia, aquí).
Angel Damian Sabino Chamorro Ortiz, que se volvería secretario general del Ministerio de Defensa de Franco, participó no sólo del entrenamiento en Fort McNair, sino también de un curso en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington en 2008 sobre “Coordinación Inter agencias para el Combate al Terrorismo”.
En este último tuvo como colega a Luis Alberto Galeano Perrone, actual viceministro de Defensa de Franco, nombrado el 2 de julio de 2012 (cliquee aquí).
El diputado colorado Mario Morel Pintos, entonces presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja, también participó del curso “Carreras civiles para la Defensa” en Washington. Morel es una voz civil prominente en el aparato de Defensa: entre 2007 y 2010, presidió la comisión de Defensa nacional, Seguridad y Orden Interno de la Cámara de Diputados. Hoy candidato a gobernador en el Departamento Central, con apoyo personal del presidenciable colorado Horacio Cartes (uno de los principales articuladores del juicio político a Lugo), es un aguerrido defensor de la instalación de bases norteamericanas en Paraguay.
El ex ministro Bareiro Spaini, que salió del gobierno de Lugo por desavenencias con la embajada norteamericana, recuerda haber sido abordado por Morel apenas asumió el cargo, en 2008. “Pensamos que sería interesante invitarlos (a los norteamericanos) a que vengan a instalar sus bases aquí”, sugirió el diputado colorado en un restaurante en Asunción.
Poco después de la destitución de Lugo, el tema de las bases norteamericanas en Paraguay volvió a sonar, nuevamente a través de un miembro del Congreso. El 2 de julio de 2012, el actual presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, José López Chávez, del partido derechista UNACE, dijo haber mantenido conversaciones con generales norteamericanos para negociar la instalación de una base militar en el Chaco, región fronteriza con Bolivia.
El Congreso paraguayo, en especial a través de dos miembros de sus consejos de Defensa, es un gran defensor de los intereses de los Estados Unidos en el área militar. El ex ministro de Defensa Luis Bareiro Spaini fue blanco de un pedido de destitución en el Congreso después de que envió una carta a la embajadora Liliana Ayalde protestando por la “injerencia” de los Estados Unidos en la política paraguaya. La protesta fue provocada por el almuerzo en la embajada en que el vicepresidente Federico Franco habló de hacer juicio político al Presidente Lugo, dos años antes de su deposición. Spaini acabó cayendo algunos meses después (Para leer la historia, aquí).
“Me interrogaron en el Congreso muchas veces, no importaba si tenía o no la responsabilidad”, recuerda el ex ministro Spaini.
Los cursos de entrenamiento
Según la legislación norteamericana (ley Leahy), el gobierno tiene prohibido financiar entrenamiento o asistencia a las unidades militares extranjeras que han cometido violaciones a los derechos humanos. Por ello, todos los nombres de oficiales a entrenar deben pasar por un control de antecedentes que realiza la embajada.
Agencia Pública analizó más de 200 documentos diplomáticos filtrados por Wikileaks y a partir de ellos elaboró una detallada base de datos con el nombre de casi mil oficiales entrenados por los Estados Unidos entre 2005 y 2010, entre militares –incluyendo el Destacamento Conjunto de Empleo Inmediato (DCEI), montado y financiado por los EUA–, policías –como los cuerpos de élite Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Fuerza de Operaciones de la Policía Especializada (FOPE)– e inspectores de aduanas. También incluye la lista de fiscales y jueces.
Hay 12 cursos diferentes sobre combate al terrorismo (uno de ellos incluyó el entrenamiento en “contrainsurgencia”) –la gran mayoría tuvo lugar en Asunción, Paraguay—y otros sobre derechos de propiedad intelectual en Lima, Perú, además de cursos para enfrentar la selva (el “Jungle Commando Course”), en este caso, la colombiana.
En los cursos ofrecidos fuera de los Estados Unidos figuran dos importantes centros de entrenamiento. En El Salvador, el Departamento de Estado mantiene una academia de entrenamiento policial en la capital, San Salvador. Allí fueron entrenados al menos 19 policías paraguayos en cursos a fines de 2008 y 2009.
En Lima, en Perú, el mismo programa mantiene una academia dedicada al entrenamiento de las fuerzas policiales extranjeras. En 2007, 2008 y 2009, por lo menos 70 policías paraguayos fueron entrenados allí, en cursos de manejo de escenas del crimen, tráfico de armas ligeras, detección de documentos fraudulentos y crímenes contra la propiedad intelectual.
Aunque todos los nombres deberían ser controlados por la embajada norteamericana para verificar eventuales registros de abusos contra los derechos humanos, esto no implica que todos los entrenados tengan una reputación sin manchas.
Es el caso de los militares de alto rango retirados por Fernando Lugo en 2009, en medio de rumores de planes de golpe militar: el contralmirante Benigno Antonio Téllez Sánchez, jubilado en marzo de 2009, y el contralmirante Claudelino Recalde Alfonso, sustituído en noviembre del mismo año.
El coronel del Ejército Carlos Javier Casco Prujel, que recibió entrenamiento para empleo rápido en el terreno en Asunción en julio de 2008, fue detenido por corrupción en julio de 2010. También hubo casos de inspectores de Aduanas entrenados por los Estados Unidos descubiertos pidiendo sobornos a contrabandistas y de un ex jefe de la Policía, Hermes Enrique Argana, detenido con 5 kilos de pasta-base de cocaína cinco años después de haber participado en un entrenamiento anti-terrorismo en Asunción.
La base de datos compilada de los documentos de WikiLeaks es extensa e inédita. Agencia Pública invita a todos los interesados a investigar los datos de la table de Excel, que puede ser descargada en este link. O cliquee aquí para tener acceso a todos los cables referentes al entrenamiento de oficiales de Paraguay.
Lugo ya no era Presidente de Paraguay el 4 de julio y no asistió a la ceremonia en la que se ejecutaron los dos himnos nacionales y donde hubo refrescos y canapés. La fecha marcaba el fin de una semana de duro trabajo después de la deposición del ex obispo y la ascensión al poder de su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Un trabajo que involucró no sólo a los diplomáticos norteamericanos y que fue realizado en silencio –los Estados Unidos se pronunciaron sobre Paraguay veinte días después del juicio político-.
Uno de los más influyentes defensores de los intereses norteamericanos en Paraguay es Michael Eschleman, un cincuentón norteamericano con una larga historia en el país y que dirige el Programa de Democracia de USAID. En 1985, todavía bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner, Eschleman era voluntario del Cuerpo de Paz (Peace Corps), una agencia gubernamental que lleva jóvenes voluntarios del primer mundo a los países pobres y que ya fue acusada de infiltrar espías. Eschleman llegó a gerente de entrenamiento y director de Peace Corps antes de asumir la dirección de las iniciativas en pro de la democracia en Paraguay. El programa más importante de su gestión es Threshold –Umbral, en español–, que recibió más de 60 millones de dólares en los últimos cinco años.
Los resultados, sin embargo, fueron un fiasco, de acuerdo con una auditoría de la propia USAID, que elaboró un documento en el que mostraba que muchos objetivos no fueron alcanzados y que el gobierno de Nicanor Duarte no estaba muy interesado en perseguirlos. Un laboratorio forense financiado por los Estados Unidos permaneció sin uso durante dos años; un programa para aumentar la transparencia y el monitoreo de las actividades del Congreso fue abandonado “por falta de voluntad política”; la inversión en actividades aduaneras se restringió a la capital, Asunción, mientras el contrabando continuaba a todo vapor en la frontera; diez de los doce barcos donados para patrullaje fronterizo quedaron fuera de operaciones; un nuevo sistema de documentos de identidad y pasaportes, implementado y financiado por USAID, terminó generando polémica con la acusación de haber favorecido a una empresa norteamericana en el proceso de licitación.
El foco de la asistencia de los Estados Unidos son los programas de “democracia”, que inciden directamente sobre la administración pública; USAID es responsable por el financiamiento del 32,3 por ciento de este tipo de proyectos, pero queda bien atrás de otros países en términos de asistencia a la salud, por ejemplo.
