Torres gemelas a la chilena

Hace pocos días, en la ceremonia de premiación del concurso «Plan Maestro Eje Bulnes», que forma parte del programa Legado Bicentenario, el Presidente Sebastián Piñera afirmó que «queda muy poco de nuestro patrimonio, porque no hemos tenido la sabiduría de  cuidar, rescatar y proyectar lo que nos legaron las generaciones anteriores». Para dar solemnidad y carácter de Estado a la ceremonia, el gobierno cuidó los detalles. El lugar escogido para anunciar el proyecto ganador fue la Estación Mapocho, que  alberga la XVIII Bienal de Arquitectura, denominada esta vez «Ciudades para ciudadanos». Escoltando al Presidente estaban los ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda. Lo acompañaban, además, las máximas autoridades de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y del Consejo de Monumentos Nacionales.

De esta manera, el Presidente daba a conocer el resultado de un ambicioso concurso internacional, cuyo objetivo era elegir un proyecto urbanístico de excelencia que revitalizara el Paseo Bulnes y su entorno. Así, el gobierno se comprometía a invertir en un sector del Centro Cívico de Santiago que no ha sido puesto en valor, como ocurrió en su momento con las Plazas de la Ciudadanía, de la Constitución y con el mismo Palacio de la Moneda. Lamentablemente, el proyecto ganador, que busca rescatar un espacio público que debería articular el encuentro entre el Estado y la ciudadanía, es un gigante con pies de barro. Y por lo mismo, a pesar de la potencia de la iniciativa y del prestigio de sus creadores, este proyecto podría no marchar con paso firme. Una extremidad de barro, es la falta de participación ciudadana en el proyecto, y la otra, el desconocimiento de la institucionalidad vigente: la ley de Monumentos Nacionales.

Respecto de la primera falta, es extremadamente contradictorio, que un proyecto de esta naturaleza, se haya diseñado sin la participación de los ciudadanos. Y también resulta extraño y contradictorio que el proyecto ganador de este concurso internacional, seleccionado entre cuatro paredes y por tres expertos, se haya anunciado en una bienal de arquitectura llamada «Ciudades para ciudadanos». En este sentido, es muy ilustrativo observar que en la transformación proyectada para el Paseo Bulnes, han podido participar decenas de arquitectos extranjeros, pero ningún ciudadano chileno, de esos que viven y transitan, todos los días, por el barrio en cuestión.

Pero nadie estaría polemizando sobre este asunto si los responsables del proyecto -connotados arquitectos y urbanistas- hubiesen sabido interpretar, al menos, lo que la ciudadanía siente o espera de iniciativas que llevan el sello Bicentenario. De hecho, el proceso que transformó el Edificio Diego Portales en el Centro Cultural Gabriela Mistral no contempló la participación ciudadana y, sin embargo, nadie cuestionó el proyecto, porque, de alguna manera, este representó el sentir de la ciudadanía y su deseo de exorcizar, con arte y cultura, la casa de gobierno de Augusto Pinochet. En este sentido, el principal problema del proyecto recientemente premiado, es que contempla dos «torres gemelas» de 100 metros de altura, que se emplazarían en el Parque Almagro y, más encima, en un barrio declarado Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales. El solo hecho de proponer la construcción de torres de altura en el centro de Santiago demuestra, sin duda, falta de sintonía con los ciudadanos, más todavía cuando las torres mencionadas solo podrían ser construidas sobre el parque, restando así, una cantidad no menor de metros de áreas verdes.

En este punto nos encontramos con el otro pie de barro de este proyecto, porque la construcción de estas torres vulneraría la Ley de Monumentos Nacionales y atentaría contra una de las principales herramientas de conservación patrimonial que tenemos: la declaratoria de Zona Típica, contemplada en la ley. De hecho, en los últimos años, muchas organizaciones vecinales han buscado proteger la escala humana y los valores patrimoniales de sus barrios, mediante declaratorias de Zona Típica solicitadas al Consejo de Monumentos Nacionales. Y aunque son mucho los movimientos sociales que se han levantado para lograr este objetivo, cabe destacar algunos casos exitosos, como los que han nacido en los barrios Viel, Yungay, Empart y Dalmacia.

En teoría, estos movimientos han encontrado una buena solución, porque la ley garantiza que en un barrio declarado Zona Típica no se pueden hacer nuevas construcciones sin la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, la que solo se concede, dice la ley, si la obra guarda «relación con el estilo arquitectónico general de la zona». Al respecto hay que señalar que, solo por su la altura, las llamadas «torres gemelas» -de 30 pisos cada una-, romperían el estilo arquitectónico del Paseo Bulnes y de su entorno. Y a esto hay que agregar la densificación que implican, la que generaría graves problemas de calidad de vida para los vecinos, los mismos que se sentían protegidos hasta ahora por la condición de Zona Típica del barrio. Si esto sucede, la sensación de desamparo y hasta de fraude se extenderá, naturalmente, a todos los barrios patrimoniales declarados Zona Típica o que están en proceso de serlo.

Ante todo lo anterior, cuesta encontrar sentido a la escena descrita en el primer párrafo de esta columna. No es coherente que el Presidente busque proteger el patrimonio con sabiduría, mientras hace público un proyecto que atenta contra la ley que protege ese mismo patrimonio y en presencia de la principal autoridad que debe velar por su cumplimiento: el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Significa esto, que la principal autoridad del Consejo desconocía el proyecto? ¿O tal vez lo conocía y sucedió que nadie tomó en cuenta su opinión? ¿Será que se quiere cambiar la ley de Monumentos Nacionales para hacer posible este mega-proyecto? Sea cual sea la respuesta, no es una buena señal que un proyecto diseñado para realzar el centro cívico y político del país implique desconocer la institucionalidad vigente, menos todavía cuando lo que se pretende celebrar es nuestra república y sus 200 años de institucionalidad.

En los actuales tiempos de descontento social y cuando vivimos el despertar de una sociedad civil cada vez más activa, las ciudades deben ser pensadas, más que nunca,  “para” y “por” quienes las habitamos. Por lo mismo, una propuesta urbana que pretende simbolizar la relación entre el Estado y la ciudadanía debiese ser un verdadero ejemplo de participación, una muestra rotunda de que existe la voluntad política de incorporar a los habitantes en la producción del espacio urbano y de entender que, como señala el lema de la bienal de arquitectura, es hora de construir «Ciudades para ciudadanos».