En estos días se discute en el Congreso la “sociedad a la parte”, el antiguo sistema de retribución laboral usado por los pescadores artesanales desde hace cientos de años. Parece un detalle dentro de los conflictos que ha desatado la propuesta gubernamental de extender durante otros 25 años la vigencia de la Ley de Pesca, que fija límites máximos de captura por armador. Recuerdo lo que ocurrió en 2001, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos inició la privatización del mar. Vuelven a mis ojos las imágenes de las marchas, reuniones, asambleas y discusiones para defender lo que desde la Red Nacional de Mujeres de la Pesca llamábamos “patrimonio pesquero artesanal”. Entonces la actividad pesquera, sus recursos y funciones en la soberanía alimentaria no fueron considerados por el Gobierno y los empresarios. Al Estado le interesaba sobre todo instalar un régimen de propiedad que asegurara la rentabilidad del negocio a los ricos industriales pesqueros y permitir la entrada del nuevo socio, la Unión Europea con el que Chile suscribió un Tratado de Libre Comercio.

Daniel Pauly, el máximo experto mundial en pesca, habló de los grandes cardúmenes de jurel viajando por los océanos y dando alimento a millones de seres humanos. “¡El jurel está desapareciendo!”, nos advirtió. Chile, uno de los mayores exportadores mundiales de este recurso, lo ha convertido en harina de pescado para las granjas de animales de los grandes consorcios alimentarios: salmones, vacas, pollos y cerdos. En tanto, el pescado ahumado, esa modesta y barata comida, a menudo envuelta en papel de diario y lista para ingerirla con un trozo de pan, ese manjar de los pobres, ya no está. Ningún otro estudiante trasnochado lo pedirá al vendedor ambulante en las calles del puerto. Tampoco lo comerán las mujeres en los cerros porteños, ni los niños que juegan descalzos tras una pelota hasta la madrugada. El problema es el vacío que deja la extinción de un pez y la peor crisis de sustentabilidad marina que afecta a la humanidad. Años de depredación de las enormes flotas pesqueras de Japón, Rusia, España y otras potencias han generado grandes desiertos marinos plagados de medusas. ¿Queremos que esto suceda también en nuestros fondos marinos?

En Chile, la pesca es uno de los sectores económicos más politizados, que invierte más en lobby y campañas de toda índole y color. Esto se explica, en parte, por las enormes ganancias que han dejado la venta de los recursos pesqueros y la concentración del negocio en manos de 8 holdings y familias del país. Los dueños del mar son los propietarios de casi todo lo que creemos tener. Pagan patentes por cada barco que envían a alta mar, pero estas no superan el 3% de sus utilidades, sobre 1.200 millones de dólares anuales solo en exportaciones. Pagan por pescar, pero no por tener derecho a la propiedad y explotación de recursos que son de todos los chilenos.

La depredación avanza con las flotas que se despliegan como ejércitos por el Pacífico Sur: en las últimas dos décadas las capturas anuales de jurel han caído de 30 millones de toneladas a menos de 3 millones. Organismos técnicos como la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, señalan que la única forma de recuperar este recurso es una veda completa durante 5 años. Un barco grande puede capturar hasta 2.000 toneladas de cualquier tipo de pescado en un solo viaje. No hay selección de tamaño o de especie, pues todos son atrapados en las redes de arrastre que emplean: junto a los jureles, anchovetas y sardinas caen también sierras, reinetas, tortugas, aves marinas y delfines. Mientras los españoles consumen en promedio 37 kilos de pescado al año, los chilenos, con más de 4.000 kilómetros de costa nos alimentamos cada vez peor, solo 7 kilos de proteína de la mejor calidad al año. Mientras los países desarrollados subvencionan a sus flotas artesanales, en Chile las aniquilan.

Me pregunto qué pasará con Sandra, la encarnadora de caleta Membrillo que bajaba a su hija en un canasto cuando iba a trabajar. Me pregunto por Griselda, dedicada a mejorar las condiciones de trabajo de sus compañeras en la caleta Puertecito. Y sobre todo me pregunto por los cientos de mujeres que encarnaban en sus casas, las miles de señoras reunidas en coro alrededor de los espineles, a los que se dedicaban tras dejar la comida hecha y los niños listos para partir a las escuelas. Tantas mujeres en tantos cerros como existen en Valparaíso, San Antonio, Coquimbo y Talcahuano. ¿Alguien se ha preguntado cómo ha afectado a las encarnadoras la Ley de Pesca que el Gobierno quiere prorrogar? ¿Ha dicho algo el Servicio Nacional de la Mujer sobre la crisis laboral, familiar e identitaria que afecta a un sinfín de mujeres? ¿Es por su condición de género que sus problemáticas no aparecen ni en la opinión pública ni en las medidas gubernamentales? Ellas, las socias desconocidas de “la sociedad a la parte” han sido las primeras y más perjudicadas en estos 10 años de “modernidad” empresarial.

La merluza ya no vive en los platos de los chilenos del mundo popular. Hasta hace poco viajaba a España o se convertía en harina “por accidente”, mientras el Estado chileno aún no encuentra el rumbo que beneficie a los habitantes de este país. ¿Terminarán las mujeres pescadoras secando y salando los esqueletos desechados por la industria? ¡No, no es una película de terror! Esto ya está pasando, ahora “la pesadilla de Darwin” se cierne sobre todos los océanos. No permitamos que siga sucediendo.