CNA califica de «grave» las denuncias contra la U. del Mar. Lea el comunicado.

Sobre este caso vea también estas investigaciones y crónicas de CIPER:
-Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar. (*)
-Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades. (*)
-Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato (*)
-Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha II: El Imperio de la U. del Mar (*)
-Ministro Beyer: “Nos gustaría que Eugenio Díaz renunciara” (*)
-Eugenio Díaz renunció a la CNA (*)
-Universidad del Mar: renuncia del rector deja en evidencia cómo opera el lucro en la educación superior (*)
-Ex decano de la Universidad del Mar describe el daño que hizo el lucro en la carrera de Medicina (*)

Mientras un equipo del Ministerio de Educación se encuentra realizando, desde el lunes 4 de junio, una auditoría a las finanzas de la Universidad del Mar, el Ministerio Público ha reactivado una investigación por “negociación incompatible” en contra de Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); la que también tiene su foco en esa misma casa de estudios superiores. Esta última indagatoria tiene su origen en un contrato, dado a conocer en enero de este año por CIPER, en el que Eugenio Díaz se compromete a asesorar a esa institución para que logre acreditarse. Los allanamientos efectuados por la PDI esta semana a la dependencias de la universidad, y a la casa y oficina de Eugenio Díaz, corresponden a esta investigación que en esencia busca determinar si la acreditación que esa universidad consiguió en 2010, se vio favorecida por los pagos que recibió, tiempo después, Eugenio Díaz.

Ambas investigaciones son una reacción al remezón mediático provocado por la renuncia del rector Raúl Urrutia, quien acusó a los dueños controladores de esa universidad de auto pagarse $600 millones en arriendos, mientras debían más de $500 millones en imposiciones de sus trabajadores. (Lea la carta de renuncia de Urrutia).

En esas acusaciones, el abogado Urrutia deslizó además, que los arriendos se habían abultado para posibilitar que a través de ellos los dueños retiraran utilidades; es decir, lucraran. Las afirmaciones del ex diputado (RN) y ex presidente del Consejo Para la Transparencia, Raúl Urrutia, parecen ser la primera evidencia de que esta casa de estudio infringía la ley que le prohíbe a las universidades lucrar.

La premura con que hoy actúan el ministerio y la fiscalía no puede hacer olvidar que el sistema educativo, incluyendo al mismo ministerio, ha supervisado innumerables veces a la Universidad del Mar y ha tenido las atribuciones para pedir los antecedentes contables de esa casa de estudio. Sin embargo, en cada oportunidad en que la Universidad del Mar se sometió al ojo avizor del Estado, fue autorizada para seguir funcionando. Hoy es una enorme institución y también un enorme problema: uno que plantea la pregunta de cómo se sanciona a una universidad, sin perjudicar a los 20 mil alumnos que hoy alberga en sus doce sedes a lo largo del país.

EL ORIGEN

La semilla del coloso que es hoy la Universidad del Mar se plantó en mayo de 1988, cuando un grupo heterogéneo de socios fundó el “Instituto Profesional de Valparaíso” con apenas $ 2 millones. Los socios eran Héctor Zúñiga Salinas, contador auditor; Raúl Jorge Baeza Aspée, ingeniero comercial; Luis Enrique Molina Vallejo, capitán de fragata (R); Juan Carlos Galdámez, abogado; Sergio Vera Muñoz, ingeniero naval y actual presidente de la Junta Directiva y Mauricio Eduardo Villaseñor, de profesión administrador de empresas y actual vicepresidente de la Junta Directiva de la universidad.

Los socios se demoraron un año en decidir que lo que debían hacer era una universidad. El 31 de mayo de 1989, inscribieron la corporación “Universidad del Mar”. El verdadero corazón del negocio, sin embargo, no era el Instituto sino un enjambre de inmobiliarias que los socios formaron poco después de echar a andar la universidad y cuyos recursos no han parado de crecer.

En 1993, la Universidad del Mar inició su primer proceso para lograr ser declarada “autónoma” por la autoridad pública. Es necesario puntualizar que hoy, para muchos especialistas, el proceso de autonomía es uno de los grandes errores que se cometieron respecto de la educación superior en Chile. La idea de la autonomía era acompañar y guiar a las nacientes universidades para que se convirtieran en entidades sólidas. Muchas surgían como una mera casa adaptada para recibir alumnos y poco más. Se pensó entonces en que el rol del Fisco no era ser estricto sino orientador, de modo de no destruir los proyectos en barbecho. Si pasaban esa etapa, es decir, si lograban ser declaradas autónomas, las universidades se volvían libres para hacer lo que quisieran, sin tener ningún tipo de control público. Un ex alto funcionario del Ministerio de Educación recuerda el desastre que empezó a producirse cuando se entregaron las primeras autonomías a fines de los años 90:

-Una vez que las universidades consiguieron la autonomía, pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis”, que hacen clases por hora.

La Universidad del Mar era tan precaria en tantos ámbitos que sólo logró la autonomía en 2002, después de casi nueve años de intentos e informes críticos y correcciones en aspectos centrales. Si en 2002 no hubiera logrado la autonomía, el único camino que le quedaba a la autoridad era cerrar dicha universidad. Pero precisamente en ese año, esa decisión era aún más difícil que ahora, pues independientemente de la evidencia, existía la convicción de que había que promover estas instituciones. Así, la autonomía se la otorgó el Consejo de Educación Superior cuando su secretario ejecutivo era Fernando De La Jara Goyeneche, actual vicerrector de Aseguramiento de la Calidad de la Corporación Santo Tomás.

Como era esperable, la autonomía provocó en la Universidad el mismo efecto que la levadura. En 2004 abrió una sede en Quillota; en junio de 2006 puso la primera de sus sedes en San Fernando; en 2007 abrió la sede en Reñaca, su actual casa central, ahora tomada por los alumnos. En ese edificio se invirtieron US$ 20 millones. Luego vinieron sus sedes en Temuco, La Serena, Arica y Punta Arenas. Muchas de ellas estás hoy en poder de sus alumnos a la espera de las decisiones que determinaran su futuro.

La apuesta más ambiciosa fue ofrecer Medicina en las sedes de Viña del Mar e Iquique.

La expansión inmobiliaria y de matriculas que vivía la Universidad del Mar, ocurría también en otras casas de estudio, como la Santo Tomás, la Andrés Bello, Las Américas. Para hacer frente al creciente caos de carreras y sedes abiertas sin ningún control, los gobiernos de la Concertación diseñaron una estrategia: ofrecieron una enorme cantidad de recursos a la instituciones de educación superior a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), a cambio de que se sometieran a un proceso de acreditación, el que se haría efectivo con un organismo autónomo: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

En vez del garrote se optó por el incentivo. Y fue como ofrecerle un bistec a un león a cambio de una pirueta. Las universidades terminaron tomando el control de la CNA en muchos aspectos. La Universidad del Mar es una muestra de aquello.

En 2005, la Universidad del Mar hizo su primer intento por acreditarse. La CNA la rechazó entre otras cosas porque la “dispersión de oferta de carreras” que ofrece, no cuentan “con los estándares necesarios para asegurar calidad”. La CNA también cuestionó la multiplicación de las sedes: “La creación de sedes se ha fundamentado en diversas consideraciones que priorizan los aspectos externos por encima de las condiciones académicas e institucionales para su mantención. Los mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad no se aplican de manera eficiente y eficaz en las diversas sedes y no existen mecanismos claros y permanentes para evaluar la gestión de las sedes. El desarrollo de éstas es disímil y verifican carencias evidentes en infraestructura, biblioteca, laboratorios y equipamiento”, dictaminó la comisión.

En 2007, la Universidad del Mar lo volvió a intentar. El rechazo se explicó entonces porque nuevamente se detectaron niveles dispares de calidad entres sus distintas sedes. En esa ocasión, la institución apeló dos veces y en ambas recibió una respuesta negativa.

Finalmente logro acreditarse por dos años en 2010, cuando el presidente de la CNA era Eugenio Díaz. Como denunció CIPER a comienzos de este año, tras de firmar la acreditación de la Universidad del Mar, Díaz suscribió un contrato por $60 millones con esa casa de estudios para asegurar su nueva acreditación. Aunque muchos creen que ese pago fue por la acreditación ya obtenida, un punto que ahora se ha convertido en una clave a descifrar por la PDI y el fiscal Carlos Gajardo, pues ello amerita el delito de cohecho.

La difusión de ese contrato en CIPER hizo estallar el escándalo en el ámbito de las universidades al poner en duda la credibilidad y seriedad de las decisiones de la CNA. De hecho, en enero de este año se abrió una investigación al respecto en Contraloría, entidad que derivó los hechos a la Fiscalía Oriente de Santiago donde se abrió otra investigación por “negociación incompatible”. El último fleco judicial de este capítulo fue el allanamiento a la sede de la Universidad del Mar que practicó un grupo de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI la mañana del miércoles 6 de junio.

Eugenio Díaz resistió en su cargo de consejero un par de meses pero el ministro Harald Beyer le pidió públicamente que renunciara. Díaz no pudo mantenerse y debió abandonar la CNA. El ministro dijo entonces que se había iniciado una investigación sobre la Universidad del Mar, de la cual no se supo nada hasta que el nuevo rector Raúl Urrutia, renunció y acusó que en esa universidad los dueños retiraban sus ganancias como arriendos y no pagaban sueldos ni imposiciones.

La cuestionada acreditación que logró en 2010 la Universidad del Mar tuvo un efecto inmediato. A partir de 2011, el 10% de su matrícula (2.091 estudiantes, de distintos cursos), pudo empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó a los dueños de esta universidad ingresos por $ 3.560 millones, según los datos de la Comisión Ingresa, que administra el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación, cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando.

Un ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) habló con CIPER a condición de preservar su identidad, para explicar cuál era la lógica que operaba en la CNA respecto del “lucro”. Sus palabras sirven para entender por qué este organismo nunca detectó lo que Urrutia ha denunciado.

-En los años que usted trabajó en la CNA, ¿que entendían los consejeros por “lucro”?
No había consenso sobre eso. Para algunos era generar excedentes y distribuirlos entre los socios fundadores, las sociedades inmobiliarias y asociadas. Muchos pensaban que eso era legítimo ya que los socios habían asumido un riesgo. La otra mirada sostenía que las universidades, al tener como giro único la docencia, debían invertir todo en mejorar la docencia y no transferirle recursos a empresas inmobiliarias y sociedades espejo.

-¿Quiénes de la CNA pensaban que retirar excedentes es legítimo?
Eugenio Díaz, Rodrigo Alarcón, Adolfo Arata, Pedro Corona. Hubo muchísimas discusiones. Cuando algunos consejeros cuestionaban que había instituciones que eran puro lucro, los representantes de las universidades privadas y del sector productivo decían: “oye, pero si esto es un negocio, ellos están asumiendo un riesgo”. También decían: “ustedes están matando la innovación, esas universidades hacen otro tipo de gestión, no es el modelo docente investigador clásico, es un modelo docente de innovación y emprendimiento, ustedes están matando el emprendimiento en este país. ¡Qué grupo económico va a querer instalar una universidad en este país si resulta que el ente acreditador castiga la innovación!”.

-La CNA nunca ha rechazado a una universidad argumentando que sus dueños privilegian el retiro de utilidades en desmedro de la función educativa, ¿por qué?
La CNA nunca ha fiscalizado el lucro en las universidades. Lo que pasa es que, como en los balances solo está auditada la sociedad principal, no la inmobiliaria, es bien difícil desentrañar el destino final de los recursos de la universidad. Los balances que entregan no llevan la información de hacia dónde se fue el dinero.

-¿No era evidente?
No, porque además, a la CNA llegan los tres últimos años de los estados financieros. No presentan toda su historia comercial. A veces un comisionado aportaba antecedentes y decía: “Yo sé que esta persona es dueña de este edificio y que saca plata de su universidad a través del arriendo”. Pero si eso no estaba consignado en los documentos entregados, no lo podíamos considerar. A pesar de eso, me acuerdo que se cuestionó la situación de la universidad SEK en su primer intento de acreditación en 2009; y también se habló de ese problema en la acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia y Las Américas.

-¿No podía la CNA pedir información adicional para aclarar el tema de la triangulación con inmobiliarias, actividad financiera que ahora se sabe la mayoría practicaba?
Debimos hacerlo. Pero también hay que decir que en 2010, el tema del lucro no estaba puesto sobre la mesa como hoy. Entonces, lo que se veía en el área financiera era sólo la correcta y eficiente ejecución del gasto. El lucro en la CNA no era tema. Nunca fue tema.