He leído con bastante atención la entrevista concedida a CIPER por el subdirector técnico de Gendarmería, señor Miguel Ángel Jiménez, y contenida en el reportaje “Crimen de Zamudio devela errores de Gendarmería que en tres meses terminaron con dos homicidios y una violación”. Debo felicitar al periodista que la hizo, ya que sus preguntas fueron muy acertadas. Desgraciadamente, las respuestas son de una persona que no tiene experiencia ni conocimiento del cargo que ejerce.

En primer lugar, en la letra C del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios se indica que una de las obligaciones de este señor, como subdirector técnico, es ejercer el control y gestionar los programas de atención y asistencia de los condenados que tengan medidas alternativas a la reclusión. Si bien es cierto que la responsabilidad del otorgamiento de los beneficios penitenciarios recae en el jefe de unidad, el que controla que se cumpla bien con los procedimientos para entregar esos beneficios a la persona adecuada es el responsable de la subdirección técnica. Sin lugar a dudas, esto no se cumplió en los tres casos que menciona el ya citado reportaje de CIPER. Los informes psicosociales elaborados para estos tres delincuentes (Carlos Almendras, Carlos Deformes y Patricio Ahumada) que fueron beneficiados con salida al medio libre desde el penal de Colina y que casi de inmediato cometieron delitos violentos, no fueron acuciosos.

Un subdirector técnico con experiencia y conocimiento habría intervenido apenas se conoció el primer caso en diciembre de 2011 (el asalto y violación cometido por Deformes el mismo día en que se le dio la libertad dominical), instruyendo y efectuando reuniones con el Consejo Técnico que había otorgado el beneficio. Tampoco funcionaron los programas de intervención educacional, laboral, psicosocial, deportivo y cultural, que están bajo la supervisión del Departamento de Tratamiento al Medio Libre y que, curiosamente, tiene dependencia directa del subdirector técnico.

En la entrevista, el señor Jiménez narra toda una historia como si los hechos no dependieran de su control, actuando en forma desleal con sus subalternos. Y aquí la pregunta que se debe hacer la opinión pública es con qué currículo y experiencia puede este señor ocupar un cargo de tanta responsabilidad. Entiendo que Jiménez era asesor del director y nunca había trabajado en la administración pública. Es decir, cero aporte.

Tal como él lo señala, siempre existirá el riesgo de que personas que han recibido beneficios de salida al medio libre cometan delitos, ya que, según su expresión, trabajamos con herramientas de Ciencias Sociales. Pero en mis 35 años como jefe superior de la institución no ocurrieron casos tan grave como éstos. Y cuando ocurría una falla, aunque de menor envergadura, de inmediato se intervenía el Consejo Técnico que había concedido el beneficio. Este consejo es autónomo en sus decisiones, pero se debe controlar. Y aquí, obviamente, existe una clara responsabilidad del señor Jiménez.

Una última pregunta para reflexionar: si Patricio Ahumada -el agresor de Daniel Zamudio- se encontraba con el beneficio de salida fin de semana en San Miguel, por qué de inmediato continuó con ese beneficio tras ser trasladado a Colina, si el reglamento establece seis meses de estudio en el nuevo penal.

Si hubiese habido un control y un seguimiento de la operatividad del Consejo Técnico de Colina, hoy no estaríamos lamentando la muerte del joven Zamudio.

Respecto de la responsabilidad del subdirector Jiménez, creo que estamos frente a un delito ideológico y una grave falta de control por omisión.

En el caso de Patricio Ahumada, señala Jiménez que se le otorgó el beneficio de salida al medio libre el 28 de octubre. ¿Quién controló dicha salida? Es cierto que el jefe de unidad es el gran responsable en estas salidas, pero, insisto, ese Consejo Técnico debió haber sido intervenido tras el primer caso que se conoció -en diciembre de 2011- de un delito violento cometido por una persona a la que ese mismo consejo le concedió el beneficio de salida al medio libre.

Estamos hablando de delitos emblemáticos, de alta connotación social, cometidos primero por Deformes a fines del año pasado, luego por Almendras en febrero (accedió a la salida dominical el 12 de febrero pasado, no volvió al penal y tres días después apuñaló 15 veces a su esposa e hirió a su hija) y finalmente por Ahumada en marzo. La subdirección técnica no intervino en nada, no cumplió con otras de sus obligaciones que indica que estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la reinserción social de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario.

Otra norma señala que durante la semana los profesionales del área técnica van trabajando con el (interno que tiene salida al medio libre) respecto de qué problemas tuvo. ¿Aparte del alcaide, quién tiene la responsabilidad de controlar estos profesionales? Técnicamente dependen de la subdirección técnica. Aún más, Ahumada estaba en un programa de estudios que, conforme a las obligaciones antes descritas, el subdirector técnico debió haber supervisado.

Lo más grave en la entrevista concedida por Jiménez a CIPER es que en ella señala: «Desconozco la conducta de Ahumada Garay mientras estaba gozando de su beneficio”. Y asegura que Gendarmería no tiene las herramientas para controlarlo una vez que salía al medio libre. Falso. Los reos con beneficio de salida al medio libre siguen dependiendo de Gendarmería.

En consecuencia, basta con leer las obligaciones y deberes del subdirector técnico para darse cuenta que faltó a la reglamentación.