La movilización social por la educación que se generó el año pasado fue una oportunidad de hacer un scanner completo del sistema de educación superior e identificar las fallas en su funcionamiento.

El diagnóstico fue bastante grave, y todavía no es posible pronosticar cuáles serán las consecuencias de largo plazo de este mal funcionamiento. Un mercado con fallas evidentes como la falta de información de los actuales proveedores y del futuro, absolutamente desregulado, que tendió a un crecimiento exagerado de los aranceles provocando alto endeudamiento y bajas rentabilidad en varias carreras de diversas universidades en Chile. Un crecimiento de la matrícula en carreras universitarias, en algunas instituciones de dudosa calidad en varias carreras que posiblemente no sean las que el país necesita para su desarrollo, sin una contraparte fuerte en carreras técnicas. Donde además se financia casi en su totalidad con los aportes de las familias y los préstamos bancarios: según datos de la OCDE en Chile el 75% del gasto en educación superior es gasto privado.

Todo esto combinado con la idea preconcebida de que los retornos a la educación superior son altos para todos y 100% privados, y que son los más ricos o futuros ricos los que se beneficiarían de ésta. Ideas preconcebidas acerca de la regresividad de los subsidios a la educación superior. Ideas preconcebidas acerca de las bondades del sistema de educación superior chileno.

“Una propuesta alternativa, que se presentó en la Comisión de Expertos, era que todos los actuales estudiantes fueran financiados mientras realicen sus estudios y cuando sean parte del mercado laboral, estén sujetos a un impuesto adicional en su sueldo por una determinada cantidad de años. Según nuestros cálculos, un impuesto adicional del 4% sobre los actuales trabajadores con educación superior financiaría el costo actual de la educación superior.”.

La reforma propuesta por el Ejecutivo esta semana hace un giro significativo en las actuales políticas educacionales en el área. Aunque 30 años de políticas equivocadas no serán fáciles de borrar, este cambio de rumbo ilumina un poco el camino.

Uno de los cambios más significativos tiene que ver con el cierre del Crédito con Aval del Estado y la creación de una Agencia Pública para administrar los fondos disponibles para financiar el costo de las carreras de educación superior. Esto quiere decir que el Estado retoma, en parte, una posición perdida en la regulación y administración del sistema de financiamiento que tanta falta hace.

Adicionalmente, los estudiantes del 90% de menores ingresos, que son en estos momentos el 83% de la matrícula total del sistema (CASEN, 2009), podrán acceder a un crédito que se pagará solamente en función de los beneficios reales que obtengan de su paso por la educación superior. Esto es similar a lo que existe en varios países, entre ellos Australia y Canadá: quienes hoy estudian financiados por el Estado, más tarde en su vida laboral, pagan un impuesto adicional o un porcentaje de su sueldo, por un determinado número de años, para ayudar a financiar a las nuevas generaciones. Si los ingresos no alcanzan a cubrir la devolución completa, la deuda en condonada.

Esto provoca una dispersión en el pago final que los graduados hacen por la misma carrera. Quienes no tengan sueldos altos, y en 15 años no alcanzan a pagar el costo real de la carrera, pagarán en su totalidad menos que aquellos a quienes les fue mejor: arancel diferenciado.

La relevancia de la propuesta en términos distributivos depende de los años en que se repague el préstamo y el porcentaje del sueldo. En la propuesta del Ejecutivo, el plazo de pago es de 15 años y el porcentaje del sueldo es de 10%. Entonces, una persona que se endeudó en 2 millones de pesos, en una carrera técnica en un CFT de 2 a 3 años, y después de eso gane el mínimo, lo pagaría en aproximadamente 10 años. Por otra parte, una persona que estudie una carrera universitaria y se endeude en 15 millones de pesos, y luego tenga un sueldo de 800 mil pesos, lo podría pagar en 15 años. En Chile, el 50% de los trabajadores con algo de educación superior ganan menos de 600 mil pesos mensuales. Por lo tanto, dependiendo de los montos de deuda, esto podría beneficiar a un número significativo de los estudiantes.

Aún así, esta propuesta no cambia el paradigma sobre el cual se funda el actual sistema de financiamiento: que el retorno a la educación superior es privado y la educación es una inversión individual. Es más, se está dejando fuera del esquema de financiamiento, y por ende fuera del impuesto adicional del 10%, a los estudiantes del 10% más rico de la población. Una propuesta alternativa, que se presentó en la Comisión de Expertos, era que todos los actuales estudiantes fueran financiados mientras realicen sus estudios, y a la vez, cuando todos sean parte del mercado laboral, estén sujetos a un impuesto adicional en su sueldo por una determinada cantidad de años. Según nuestros cálculos, un impuesto adicional del 4% sobre los actuales trabajadores con educación superior financiaría el costo actual de la educación superior.
Sin duda, la propuesta del gobierno es importante en la transformación del sistema de educación superior, aunque podríamos avanzar mucho más.