Vea además: «El saqueo del mar chileno», «Los nueve dueños del mar chileno» y «La pesca descontrolada del jurel en Perú».

Son las 10:20 del domingo 7 de agosto de 2011. En la cubierta del barco Santa María II, que navega a siete millas del puerto de Corral, sus tripulantes se afanan recogiendo la red que hace media hora echaron al agua. Asomado a la ventana de su cabina sigue los movimientos, con rostro serio y desanimado, el capitán de la nave: Eduardo Marzán. Hacia el oeste, se divisan otras 14 embarcaciones industriales que se desplazan lentamente buscando bancos de sardinas. Es lo mismo que viene haciendo desde hace cuatro días la nave que comanda Marzán.

Según un informe que publicó la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) de Chile en septiembre de 2010, la sardina común es una de las cuatro pesquerías de peces que en este país aún está en niveles seguros de conservación. Como las otras 13 están altamente explotadas o sobreexplotadas, algunos expertos señalan que la sardina es prácticamente la única pesquería de importancia que estaría quedando en abundancia en aguas chilenas. Pero aún así es difícil capturarla. El Santa María II zarpó de Lota el miércoles por la noche y navegó los dos días que siguieron sin encontrar nada. Recién ayer, al tercer día de búsqueda, la mancha en el sonar indicó que había peces. Durante esa jornada la tripulación arrojó la red tres veces al mar y aunque en la bodega caben unas 850 toneladas de pescado, ni siquiera con la pesca de la cuarta tirada, la que Marzán observa desde su cabina cuando es succionada y bombeada hacia las bodegas, lograron superar las 40 toneladas.

-Me gusta embarcarme con usted, capitán, porque nunca pierde la esperanza –le dijo Mario Rodríguez, el motorista del barco, a Marzán hace un par de días durante la cena.

Pero el capitán está desalentado: sabe que le queda poco tiempo, que la veda biológica anual de dos meses para la sardina común y la anchoveta se adelantó y comienza esta medianoche. Si el Santa María II no pesca una buena cantidad de sardinas hoy, deberá esperar dos meses para volver a intentarlo.

La operadora del Santa María II es Lota Protein S.A., la empresa de capital noruego que desató el año pasado una guerra entre las pesqueras industriales chilenas al exigir al gobierno la licitación de las cuotas individuales a partir de 2013 y así conseguir más de lo que le corresponde hasta hoy. La compañía es titular del 1,5% de la cuota industrial chilena de jurel, 0,05% de anchoveta, 2,07% de merluza de cola y 2,39% de sardina común. Y aun con la garantía que le dan las cuotas individuales que se le asignaron en 2001, no ha logrado llenar sus bodegas en todo el año.

Pasan las horas y no hay manchas en el sonar. Marzán da la orden a su tripulación: el barco emprende su regreso. Cuando se le pregunta al capitán si no les convendría volver a embarcarse, pero esta vez para pescar jurel, Marzán responde contando la historia de un lugar al que le decían “La Feria”, donde hasta hace unos años los pescadores de la Región del Biobío iban a buscar jurel, el principal recurso pesquero chileno. Cuenta que “La Feria” estaba a unas 30 millas al oeste de San Vicente, entre Punta Tumbes e Isla Santa Marta, a sólo un par de horas de navegación. Marzán recuerda que por las noches las luces de los barcos que allí pescaban parecían a lo lejos una pequeña ciudad que flotaba en el mar. El piloto de la nave que lo acompaña en la cabina, Mario Ulloa, complementa la descripción de Marzán:

-Era cosa de llegar y hacer el lance. Llenábamos las bodegas de una sola tirada y partíamos de vuelta al puerto llenos de jurel. Lo hacíamos unas dos o tres veces al día. Teníamos mucha pesca, pero no la supimos cuidar –recuerda Ulloa.

Hoy el jurel encabeza la lista de pesquerías sobreexplotadas de la Subpesca. Ya no existen ni “La Feria” ni los viajes de dos horas para llenar con un solo lance las bodegas. De acuerdo a los sondeos hidroacústicos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), ya prácticamente no queda jurel en aguas chilenas.

Marzán dice que se ha comunicado por radio con otros barcos chilenos que se encuentran afuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y que le han dicho que allá también hay muy poco que pescar, que han pasado 15 días desde que zarparon y que sus bodegas siguen prácticamente vacías. Además, allá tienen que competir con las enormes naves-fábrica extranjeras en una zona que aún es terreno sin regulación. Todo ello impone a Marzán y a su tripulación la decisión: no vale la pena embarcarse por ahora para ir por jurel.

LA SELVA DE ALLÁ AFUERA

Lejos está la época en que la llegada de esos enormes barcos para pescar frente a la costa chilena, a más de 200 millas, en aguas internacionales, no representaba ningún problema. Había abundancia de sardinas, anchovetas y jurel, las tres especies pelágicas que representan el 70% de lo que capturan las pesqueras de Chile y que históricamente han estado dentro de la zona marítima nacional. Una industria local que fue en auge hasta consolidarse desde mediados de los ’80 como la segunda productora mundial de harina de pescado, y sin necesidad de salir a buscar los peces fuera de su ZEE. Pero todo aquello cambió.

Como es una especie transoceánica, el jurel se ha convertido ya no sólo en el principal recurso marino de Chile, sino que de todo el Pacífico Sur. Donde más se concentra es frente a la zona centro sur chilena, donde desova, pero se le puede encontrar desde Nueva Zelanda hasta Ecuador. Por eso, pesqueras de todo el mundo llegan precisamente a esa franja de la costa chilena para capturarlo. De acuerdo a la información que publica la Subpesca en su sitio web, desde el año 2000 se ha observado un incremento importante en la presencia de naves extranjeras en la alta mar adyacente a Chile “sin sujeción a normas de conservación y manejo”. Desde entonces que la presencia del jurel ha ido disminuyendo.

Comenzó así la amenaza internacional a los intereses pesqueros chilenos.

-Los chinos están todos allá afuera. Fueron los primeros en llegar con ocho barcos factoría. Después vinieron los rusos, los peruanos y la Unión Europea a través de distintas banderas, como de Vanuatu o Islas Faroe; banderas de conveniencia –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes, la asociación gremial que agrupa a las pesqueras más grandes de la zona centro sur.

Las cuotas de captura sirven de poco en aguas internacionales. Cada embarcación que llega puede extraer lo que quiera, sin límite. Varios pescadores consultados por CIPER aseguran que la competencia es feroz. Marzán y sus tripulantes cuentan que en junio de 2011 el enorme buque factoría Maestro, una nave con bandera rusa operada por coreanos y con señal de llamada DTBX8, pasó sobre sus redes y las destruyó cuando intentaba sacarles el jurel que tenían en el cerco. Estaban a unas 600 millas de la costa. No les quedó más opción que volver a Lota.

La primera medida que adoptó el gobierno ante la llegada de la flota internacional fue cerrar en 2004 el uso de puertos nacionales a barcos de bandera extranjera cuyos países no establezcan medidas de conservación similares a las chilenas. Más adelante se extendería esa prohibición a naves de abastecimiento. Pero la principal herramienta para intentar regular lo que pasa allá afuera sería jurídica y la impulsarían Chile, Australia y Nueva Zelanda.

LA ORGANIZACIÓN DEL MAR DEL SUR

A esos tres países los separa un océano completo, pero ese mismo territorio marítimo los une. La llegada de naves rusas, chinas y europeas a pescar en el Pacífico Sur, una zona que hasta 2006 no tenía ningún tipo de reglas, puso en jaque sus intereses pesqueros. Por eso fue que a principios de ese año organizaron un encuentro internacional para crear una convención para la conservación y manejo de los recursos pesqueros transzonales. La primera reunión de los interesados fue en Wellington, la capital neozelandesa. Así fue que comenzó a configurarse la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur (ORP).

-Cuando se creó la ORP fue un consenso de países con interés e historia pesquera en el Pacífico Sur. Pero lo cierto es que aún no existe como tal. Todas las reuniones han sido para negociar su creación. La primera de las decisiones fue tomar medidas interinas hasta crear una convención, la que es vinculante según la Ley del Mar y las leyes internacionales. Mientras eso no ocurra, el cumplimiento de esas medidas es voluntario –explica Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la ORP.

Desde entonces (2006), se han realizado diez reuniones donde han participado 32 países en las discusiones de las distintas medidas interinas que se implementarán para regular la pesca. Sobre las pesquerías pelágicas, en 2007 se limitó el esfuerzo de captura, se estableció que cada estado debe reportar las capturas que realiza y se abrieron espacios para que los países con historia pesquera, pero sin presencia efectiva, ingresaran a la pesquería a contar del año siguiente. En 2009, en Auckland, se obtuvo el texto de la Convención para la Conservación y Manejo de los Recursos Pesqueros de la Alta Mar del Pacífico Sur, el que estableció las bases para una institucionalidad pesquera internacional. Al año siguiente, en la preconferencia de Lima, se acordó el texto, pero para que la ORP entre en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de al menos ocho estados.

La posición de Chile durante todo el proceso ha sido defender su historia pesquera, o sea, que se le respete el derecho a pescar el 86% del jurel capturado en toda la región. Los industriales chilenos consideran que en las negociaciones, en las que han participado los subsecretarios de pesca liderados por la Cancillería, no se ha tenido la fuerza necesaria para imponerse. Según Moncada, como Chile no logró el congelamiento de las capturas -como si lo hicieron Australia y Nueva Zelanda con las pesquerías de profundidad-, sus negociaciones lograron el efecto inverso: agitó la campanilla para que todos los que quisieran pescar llegaran al Pacífico Sur.

Recién en enero de 2011 las medidas interinas establecieron un límite de captura: todos los estados participantes podrán pescar sólo el 60% de lo capturado el año pasado y, a menos que se acuerde lo contrario, para el próximo año el límite será del 40% de lo que se pesque durante 2011. Pero como aún no ha sido ratificado, esas reglas siguen sin ser vinculantes.

De lo que pase el 30 de enero de 2012, cuando la ORP se reúna en Santiago, dependerá el futuro de la organización regulatoria para la pesca industrial en el Pacífico Sur. Hasta el momento sólo lo han ratificado Nueva Zelanda, Islas Cook y Cuba. Aunque Chile, uno de los principales interesados en que la ORP avance, lo firmó en febrero de 2010, aún no lo ha ratificado.

Mientras se espera la aprobación de la nueva normativa por el Congreso, las grandes pesqueras chilenas insisten en su tesis de que si el jurel se está acabando en el Pacífico Sur, es por culpa de la flota extranjera que pesca en aguas internacionales. Pero los datos del noveno grupo de trabajo científico para la ORP indican que entre 2000 y 2010 el 74% de las capturas registradas han sido hechas por naves chilenas. No han sido los peruanos ni los rusos ni los chinos; y si algún país tiene mayor responsabilidad en la sobreexplotación del jurel, ese es Chile.

LA CULPA DE LOS CHILENOS

El mercado pesquero chileno está altamente concentrado: el 93,71% del jurel que captura la industria se reparte entre nueve grupos económicos que han explotado durante décadas los recursos hasta llevarlos a niveles críticos. A eso se suma una serie de políticas implementadas por el Estado que no han ayudado casi nada a regular la sustentabilidad de la actividad extractiva. No sólo porque en el norte las empresas capturan jurel bajo la talla legal sin que se las sancione, sino también porque son las mismas empresas dueñas del mar chileno las que tienen la última palabra cada año en la discusión sobre cuánto se puede pescar.

Los sondeos hidroacústicos que realiza el IFOP dan cuenta de una alarmante disminución del jurel en aguas chilenas. Si en 2001 había un stock de casi 6.000.000 de toneladas en la zona centro sur, en 2009 no se registró ninguna. Los resultados, que incluyen una propuesta de cuota global para cada una de las especies estudiadas, se los envían cada año a la Subpesca, la que los usa para presentar un informe técnico con una propuesta de cuota definitiva al Consejo Nacional de Pesca (CNP), que decide finalmente cuánto se pesca en Chile.

-Pero el CNP hoy es una expresión del corporativismo: allí es donde están representados todos los intereses del sector –asegura un alto funcionario de la Subpesca que pide reserva de su identidad.

De las 30 personas que componen el CNP, 17 representan los intereses del sector. Los otros cupos se reparten entre los seis que representan a las instituciones estatales ligadas al rubro y los siete consejeros nominados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso. Los únicos que no tienen un suplente en caso de no poder asistir a alguna sesión, son los de nominación presidencial. En definitiva, casi el 60% de sus miembros está vinculado al sector pesquero comercial. Y son ellos los que han mantenido o aumentado las cuotas, a pesar de que el IFOP viene desde hace años indicando en sus informes que el jurel está sobreexplotado.

Un estudio realizado por la ONG Oceana en 2010 estableció que el CNP ha desconocido sistemáticamente las recomendaciones científicas hechas por el IFOP que solicitan disminuir las cuotas globales durante la última década. Su informe dice: “La diferencia entre la Cuota Global Anual y la recomendada por el IFOP varía entre un 10% (2004) y un 87% (2009)”.

Si el IFOP consideró en 2008 que para una pesca sustentable era necesaria una cuota de 1.250.000 toneladas, el CNP aprobó una cuota de 1,6 millones. Como el jurel ya era escaso, sólo se pudo pescar el 81,4% de ese límite máximo. Entonces, al año siguiente, el IFOP propuso una cuota de 750.000 toneladas. El CNP aprobó 1,4 millones y por más que las empresas intentaron llegar a ese límite, las capturas reales no llegaron a las 900 mil toneladas. Los científicos indicaron que con 800.000 toneladas de jurel para 2010, aún se podría recuperar la especie. Pero el CNP cerró la cuota en 1,3 millones. De poco sirvió el aumento, porque se encontraron menos de 465 mil toneladas en el mar durante todo ese año.

NEGOCIACIONES POR DEBAJO

El biólogo marino de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, asegura que el CNP no tiene las atribuciones para modificar las cuotas propuestas por la Subpesca y que para comprobarlo están las actas de sus sesiones, que son de acceso público. Tarifeño forma parte del CNP desde 2005, cuando fue nominado por el Presidente Ricardo Lagos. Cuatro años después, fue ratificado en el cargo por el Senado por cuatro años más. Según explica, lo que hacen los consejeros es aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. En caso de rechazarla, automáticamente queda vigente el 80% de la cuota global del año anterior. “Pero lo cierto es que cuando nos llega el informe técnico de la Subpesca, las cosas ya vienen decididas”, afirma.

-Antes de llegar la propuesta al CNP, los industriales hablan con el subsecretario, le preguntan cuánto es lo que se está pensando y le dicen que para mantener a la industria funcionando se requieren más toneladas. Entre los mismos industriales se ponen de acuerdo y conversan con los representantes sectoriales de los tripulantes o con los artesanales. Cuando la cosa llega a la sesión, está prácticamente todo conversado y cocinado. Hay un acuerdo previo porque en el fondo, todos quieren más pescado –cuenta Tarifeño.

La muestra de que los empresarios quieren mantener la pesca a como de lugar, se manifestó a fines de diciembre pasado. Si bien la cuota global de jurel que propuso el gobierno y aprobó el CNP para el año pasado fue un 76% menor que la de 2010 y se cerró en 315.000 toneladas (aunque la pesca efectiva sólo pudo ser de 284.000, porque se descontaron las 31.000 toneladas usadas en 2010 después del terremoto en calidad de “cuotas de catástrofe”), este año no ocurrió lo mismo.

Varios científicos, entre ellos Tarifeño, aseguran que la única forma de recuperar el jurel es estableciendo una veda total por al menos cinco años. Como ni el gobierno ni las pesqueras están dispuestos a asumir el costo de una medida tan radical, se esperaba que al menos se redujera considerablemente la cuota para 2012. Por eso la Subpesca propuso un límite máximo de captura global de 186.000 toneladas de jurel. Pero el CNP la rechazó. La cuota para este año quedó en 252.000, un 35% más de lo que propuso el gobierno.

Que los empresarios quieran cada vez más pescado es algo lógico: a mayores capturas, mayores ganancias. En 2010, las exportaciones del sector extractivo alcanzaron los US$ 1.263 millones, más del doble de lo que Perú exportó sólo en los primeros 10 meses de ese mismo año. Y eso a pesar de que los peces en el mar chileno se están acabando. Por eso mismo fue que el gobierno anunció que, de aprobarse el proyecto de ley que envió al Congreso, desde 2013 las pesqueras deberán pagar un royalty, un impuesto específico para recurso agotables. Y también que desaparecería el CNP para crear un Comité de Expertos, dejando como criterio principal para la definición de cuotas las recomendaciones científicas del IFOP. La irrupción de un royalty para el sector pesquero fue el primer comunicado oficial de lo que todos saben: si todo sigue igual, al jurel y a los recursos pesqueros chilenos les queda poco tiempo.