En general teníamos una buena opinión de este servicio del Estado que existe desde hace poco tiempo y que se esfuerza para que la administración pública deje atrás el atávico secretismo que la ha caracterizado. Recordemos que los buenos negocios en los países subdesarrollados, casi siempre al borde de la legalidad, son posibles solo si sus planeamientos se hacen de manera reservada, lo que es sabido por todos aquellos privados que se mueven en el ámbito de la inversión.

En días recientes, Alejandro Ferreiro (DC), presidente del Consejo para la Transparencia, recibió en su oficina a los representantes de algunas organizaciones sociales que promueven la transparencia y la probidad en las actuaciones de las instituciones del Estado. En esa ocasión, quien suscribe esta columna, le expresó a aquél que veíamos con malos ojos que los distintos gobiernos, en el momento de elegir a los directores de ese Consejo, nominen siempre a personas de la Concertación y de la Alianza, con la necia idea de que los que no son políticos militantes carecen de perfiles adecuados para ejercer dichos cargos.

En Chile, de acuerdo a lo decidido por aquellos que mandan desde la política y desde el mundo de los grandes empresarios, todo se hace en función del sistema binominal: tanto para tí y otro tanto para los que están situados en los escaños de enfrente. Por ello los 4 anteriores consejeros eran de RN y la UDI, por un lado, y DC y PPD, por otro lado. Con la reciente y polémica renovación de ese Consejo se mantuvo esta dichosa composición con otros nombres, como si no existieran los individuos independientes y autónomos que aportarían sus conocimientos y sabiduría en la toma de decisiones de tan importante órgano.

Pues bien, como nos disgusta quedarnos en silencio ante prácticas que denotan debilidad por parte de las instituciones de nuestro país, relataremos sucintamente un hecho que no debiera repetirse para que así la ciudadanía siga confiando en el quehacer profesional del aludido Consejo para la Transparencia.

El 2 de junio de 2009, en atención a que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes, había aprobado una cierta cantidad de permisos de edificación con normas urbanísticas muy permisivas y por lo tanto, derogadas en una fecha anterior determinada, le pedimos al funcionario que ejercía el cargo de director de obras que nos suministrara un listado con información puntual con la cual íbamos a determinar con exactitud quienes se vieron favorecidos con esa práctica indebida.

En nuestra solicitud de información pública decíamos que, según nuestros cálculos preliminares, se deberían haber cursado entre 80 y 90 permisos al margen de la ley y para asegurarnos una respuesta oportuna invocamos la Ley Nº 20.285, de Transparencia, suponiendo entonces que en el plazo de 20 días hábiles tendríamos la respuesta, con cuyos datos prepararíamos un contundente documento que daríamos a conocer a la opinión pública. Está claro que con ese comportamiento municipal varias inmobiliarias y constructoras levantaron torres bastante más elevadas que las admitidas en la regulación correspondiente. Así, esos ambiciosos privados, regalones del sistema, con el ardid inventado por el municipio, obtuvieron inmensas utilidades que guardaron en sus faltriqueras.

Como era de esperarse, no se nos contestó y acto seguido, el 7 de julio de 2009, recurrimos de amparo ante el flamante Consejo para la Transparencia, instancia ante la cual también recurrió posteriormente tal díscola municipalidad formulando descargos y observaciones a nuestro reclamo. Después de un acucioso examen de la situación, dicho Consejo emite el 22 de diciembre de 2009 un completo documento de 8 páginas mediante el cual acoge en todas sus partes nuestra reclamación, requiriéndole al alcalde Francisco de la Maza (UDI) que nos entregara el listado informativo en los términos precisos solicitados. Para ese propósito le otorgó un plazo de 10 días hábiles.

Ese alcalde no renunció a su intento de mantener en secreto tal información y por ello, el 5 de enero de 2010, presentó un recurso de reposición ante el Consejo para la Transparencia, solicitándole a éste que su decisión fuera dejada sin efecto. Fue debidamente analizada esta impugnación y el 1º de abril de 2010 el Consejo rechaza ese recurso de reposición porque ese alcalde no formuló ningún argumento válido destinado a revertir lo decidido anteriormente. Así las cosas, suponíamos que en un plazo prudente de tiempo tendríamos, de parte de esa municipalidad, en nuestro poder ese listado.

Pero no fue así, contumazmente la Municipalidad de Las Condes, con distintos y habilidosos trucos, evitaba dar cabal cumplimiento a la decisión del Consejo, todo lo cual oportunamente se lo representábamos por escrito a ese Consejo. Ante esta dilación impresentable e insoportable que presentaba características que lindaban con la desobediencia total, el 16 de marzo de 2011, dicho Consejo se dirige nuevamente al alcalde diciéndole que si todavía no ha dado cumplimiento íntegro de su decisión, se verá en la obligación de decretar la instrucción de un sumario administrativo en su contra.

Entendemos que ese apremio asustó al alcalde porque el 20 de mayo de 2011 el director de obras, Carlos Alarcón (RN), nos entregó personalmente un listado manuscrito con los datos de 77 permisos de edificación. Revisando los datos, concluimos que no estaban todos los requeridos y por ese motivo, insistimos para que se nos entregara la información completa en un listado formal, es decir, de la manera como se deben comportar los funcionarios públicos.

El 28 de junio de 2011, el mismo director de obras nos hace llegar un listado elaborado en una planilla Excel, vale decir, como corresponde, pero insistiendo en las omisiones de ciertos datos. Nuevamente reclamamos ante él mismo y ante el Consejo para la Transparencia, ya que este jueguito municipal era verdaderamente impúdico.

Este asunto, que representa negocios por un total aproximado de mil quinientos millones de dólares, se lo dimos a conocer en la Fundación Futuro a Sebastián Piñera (RN), en la época en que competía para ser presidente de la República. El ex candidato le pidió al arquitecto Pablo Allard, su hombre de confianza en estas materias, que investigara pero éste reconoció recientemente no haber hecho nada.

El 12 de octubre de 2011 le entregamos sendas cartas a Cristián Larroulet (UDI) y a Miguel Flores (UDI), ministro Secretario General de la Presidencia y subsecretario de Desarrollo Regional, respectivamente, en sus calidades de ex regentes del Instituto Libertad y Desarrollo y de la Fundación Jaime Guzmán, ya que a estos centros de estudios también le habíamos dado a conocer la situación ocurrida al interior de una municipalidad dirigida por uno de los suyos. Entre otras cosas, les expresábamos a ambos, que este asunto pendiente desde hace bastante tiempo estaba radicado en el Consejo para la Transparencia.

Suponíamos que estas 2 altas autoridades iban a tomar las iniciativas conducentes para que finalmente la Municipalidad de Las Condes nos entregara el famoso y completo listado, con lo cual se iba a cumplir la antigua decisión del Consejo para la Transparencia.

Copia de estas 2 cartas se las entregamos al mencionado Consejo para que, estando al tanto de la delicada situación, exigiera a Las Condes el cumplimiento de su resolución, pero extrañamente, el 6 de diciembre de 2011, su director general nos dice por escrito que la decisión sobre nuestro añejo amparo había sido cumplida (sic), lo cual a todas luces es una falacia.

Para tratar de salvar las apariencias ese funcionario nos expresó que cabía la posibilidad de que nuevamente solicitáramos el listado a la municipalidad. Por lo tanto, se entiende que el Consejo para la Transparencia había renunciado a ejercer sus atribuciones porque no quería sancionar al alcalde de una municipalidad top.

Asimismo debiéramos entender que esta inusitada voltereta es consecuencia directa de una molestia corporativa por haberles recordado a los consejeros, uno de los cuales, Jorge Jaraquemada (UDI), es director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, que esta engorrosa situación mantenida en reserva, es conocida por importantes agentes públicos tolerantes de la práctica del secreto.

En todo caso, no nos extrañó mayormente lo anterior, porque sabemos que en Chile es recurrente la práctica institucional de tramitar indebidamente y así aburrir a los ciudadanos que piden información sensible, para que se desistan de las mismas.

Pero como tenemos paciencia musulmana, ya hemos solicitado nuevamente a Las Condes esa valiosísima información que dará luces acerca de quienes son los que obtienen prebendas por parte del sistema político: la ciudadanía tiene la obligación de estar al tanto de esa indagación, la que será difundida por nuestra fundación tan pronto dispongamos de ella.

Como se aprecia, y tal como se lo acabamos de expresar a Alejandro Ferreiro, no renunciaremos a nuestro derecho de conocer ese listado completo y desde esta tribuna le advertimos al Consejo para la Transparencia que, si la Municipalidad de Las Condes mantiene su mutismo, va a tener que cumplir con su rol sancionando al alcalde infractor, aunque le incomode a algunos de sus miembros.