Casi toda la mañana del viernes 9 de diciembre el ex diputado de Renovación Nacional (RN), Maximiano Errázuriz, se mantuvo con la mirada gacha y fija sobre la mesa donde tenía su Blackberry y un vaso de agua. Estaba allí, sentado, junto a su abogado Juan Carlos Manríquez en el banco de los acusados desde las 9:00, hora en que comenzó en el Centro de Justicia el juicio abreviado en su contra. Sólo un par de veces se volteó y se le vio el rostro con esos lentes que hacen que sus ojos se vean tan grandes. Durante el receso del mediodía, el ex parlamentario anunció a la prensa que podían tomar todas las imágenes que quisieran, pero que no hablaría ante ningún micrófono.

-La última vez que hablé fue el 15 de julio de 2009. Desde entonces que no digo nada sobre el tema y no voy a hablar ahora –dijo.

Aun así, al terminar la audiencia poco antes de las tres de la tarde, Errázuriz se fue rápido. Lo siguieron casi todos los periodistas y camarógrafos que habían llegado al lugar. Querían saber su opinión sobre la decisión de la jueza. Porque cuando Errázuriz llegó, lo hizo como un ex honorable diputado e imputado. Al salir, era culpable de fraude reiterado al Fisco y uso malicioso de instrumento privado falso. Así se transformó esa tarde en el único de los cuatro diputados que han sido acusados desde mediados de 2009 por hacer mal uso de sus asignaciones parlamentarias que ha recibido una condena. Cuando todo acabó, el abogado, periodista y ex diputado cumplió su palabra: no dijo nada.

La fiscal adjunta de Valparaíso, Paola Castiglione, y la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, llegaron con enormes maletas llenas de documentos que probaban sus acusaciones contra el ex congresista por las irregularidades que cometió entre 2000 y 2009 y que fueron denunciados por La Nación hace poco más de dos años. Allí estaban los detalles de la simulación que hizo del arriendo de sus cuatro sedes parlamentarias. Una resultó ser en realidad la oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara de Diputados para así quedarse con la diferencia. Eso se tradujo en una serie de contratos falsos y una defraudación por más de $25 millones fiscales que traspasaba a su cuenta personal y con los que compraba tortas, panes y dulces para clubes de ancianos en su distrito, premios para realizar bingos, almuerzos, regalos de navidad para 86 personas, vinos, correos y pelotas de fútbol, entre muchas otras cosas. Por todo eso, arriesgaba hasta cinco años de cárcel y el pago de una multa consistente en el 25% de lo defraudado.

En todo caso, era poco probable que se le impusiera la pena máxima. Aunque su defensa argumentó que no se trataba de fondos fiscales, sino que públicos; que el fraude no sería tal porque las asignaciones parlamentarias no son ley sino que acuerdos internos; que no existió perjuicio porque no hubo enriquecimiento personal; y que no mintió al Comité de Auditoría Parlamentaria porque éste ni siquiera existía –fue creado después y producto del escándalo (ver recuadro)–, Errázuriz reconoció los ilícitos. Además devolvió a la Cámara un monto superior al defraudado –unos $31 millones que le permitieron acceder al procedimiento abreviado– y el tribunal le reconoció distintas atenuantes. Aun así, tanto la fiscalía como el CDE le pidieron a la magistrada que la pena no sea menor a los tres años y un día. Y así fue.

En la tarde del 12 de diciembre se leyó su sentencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago: tres años y un día de pena remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque como medida precautoria, podrá cumplir su sentencia en cuatro años de libertad vigilada. No irá preso. Pero nunca más podrá optar a un cargo público.

Aunque su condena resulta ejemplarizadora, llama la atención que Errázuriz sea el único de los diputados investigados que terminó con una sanción. Porque su caso no es aislado. Casi al mismo tiempo los medios de comunicación dieron a conocer los casos de los diputados que habían incurrido en malversación fraudulenta de sus asignaciones: Claudia Nogueira (UDI), Julio Dittborn (UDI) y Jorge Sabag (DC). Pero existen diferencias. Si Errázuriz hoy se irá a la cama sabiendo que el próximo mes deberá comenzar a cumplir su condena, será sólo porque, a diferencia de los demás, a él desde el principio le quitaron el apoyo político.

VACÍOS PARA DEFRAUDAR

A mediados de 2009, CIPER realizó una investigación que desmenuzaba cada uno de los gastos en que incurrían los diputados con las platas provenientes de las asignaciones parlamentarias. Mes a mes, cada uno de los 120 diputados recibía poco más de $13 millones, incluyendo su dieta, para solventar sus gastos legislativos. Para el arriendo de sus sedes distritales, el pago de sus asesores o para cubrir sus cuentas de telefonía. Pero el 65% de ese monto resultaba, en la práctica, de libre disposición. No existía ningún tipo de control sobre el destino que cada uno de los miembros de la Cámara daba mensualmente a los casi $8,5 millones que manejaban a su arbitrio.

Los diputados sólo debían rendir cuentas por la asignación destinada a remunerar a sus secretarios y asesores, la asignación para arriendos de sedes y telefonía y el monto mensual para pagar un bono en compensación por la extensión de jornada a su personal contratado. Pero los controles sobre si las asesorías habían sido realizadas o si la sede efectivamente era utilizada, no existían. Lo único que había era tres funcionarios de la Dirección de Finanzas de la Cámara que llevaban la información contable, cada uno de 40 parlamentarios.

-Los estándares de fiscalización de la Cámara hacia terceros son mayores que los que ha instalado internamente. El Congreso del siglo XXI no puede tener estos estándares. No sólo por mejorar su administración o el proceso de formación de la ley, sino porque los chilenos exigen y merecen otro Congreso –dijo el actual ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en una entrevista que dio a CIPER cuando era presidente de la Cámara.

Bajo ese sistema fue que la diputada Claudia Nogueira pagó con dineros públicos, sin que nadie se lo cuestionara, a dos asesores que luego le devolvieron esos dineros depositando en una cuenta de la misma parlamentaria. Sus asesores Jaime Jullian y Jenny Acevedo recibían cheques mensuales por alrededor de $800 mil y un millón de pesos, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo, el ex alcalde de Recoleta y militante de la UDI, Gonzalo Cornejo. Como nadie revisaba si esas asesorías se habían cumplido o si su calidad correspondía al precio que por ellas se pagaba, no se pudo acreditar el ilícito hasta que llegó a ser materia judicial.

A diferencia de Errázuriz, que fue expulsado de RN cuando se supo que había cometido el fraude, a Nogueira nunca le quitaron el apoyo en su partido. Aunque en junio de 2009 el entonces fiscal de Valparaíso, Jorge Abbott, ya había decidido formalizarla por fraude al Fisco, la UDI no dudó en que volviera a ser su carta para ocupar el escaño del distrito Nº 19 (Independencia y Recoleta) en las elecciones de ese año. Los 38.297 votos que obtuvo le aseguraron otro período en el Congreso. Un mes después de reasumir su cargo, el 7 de abril de 2010, fue formalizada. Pero la investigación se acabó en octubre del año pasado mediante un acuerdo extrajudicial: Nogueira devolvió al Estado unos $30 millones, canceló otros cinco adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por los siguientes 18 meses. Ese fue el precio para que la diputada quedara sin prontuario, como si nunca hubiera cometido un ilícito.

LOS ARRIENDOS DE DITTBORN: “SÓLO POR AFECTO”

En la investigación que Abbott llevaba en curso, fue el caso del ex diputado también UDI, Julio Dittborn, el que lo obligó a extender sus indagaciones hacia el uso de las asignaciones destinadas al arriendo de sedes. Porque cuando el programa de investigaciones periodísticas Informe Especial denunció las irregularidades cometidas por varios miembros del Parlamento, el de Dittborn fue el que causó más revuelo.

La investigación dio cuenta de que el ahora ex diputado no usaba los recursos destinados a arrendar inmuebles para financiar las tres sedes distritales que registraba a su nombre, sino que les pagaba a militantes de su partido que le facilitaban sus casas para realizar reuniones y recibir recados. Cuando le consultaron, dijo que lo había hecho “sólo por afecto”, preocupado por el bienestar de dos familias integrantes de su comando que «estaban pasando un momento difícil». Aseguró también que lo venía haciendo así por años. Y apenas se supo que Abbott lo incluiría como protagonista de su investigación, desde la cúpula de su partido le dieron de inmediato un espaldarazo.

-Es un gran diputado, una persona honorable, un excelente profesional que ha hecho del trabajo en el Parlamento y del trabajo con la gente una misión de vida –dijo el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, sobre Dittborn unos días después de que fuera denunciado en televisión.

Nunca más se supo qué pasó con esa investigación. Dittborn no se presentó a las elecciones de ese año y con el nuevo gobierno asumió la secretaría ejecutiva de la Comisión Bicentenario, donde duró sólo un mes, hasta el 16 de abril de 2010. Poco más de un año después, asumió el cargo que dejó vacante Rodrigo Álvarez al hacerse cargo del Ministerio de Energía. Desde entonces Dittborn es subsecretario de Hacienda.

LOS INMUEBLES FAMILIARES DE SABAG

La forma en que el diputado Jorge Sabag arrendaba sus sedes distritales era incluso más enredada. La ley prohíbe a ambas cámaras del Congreso suscribir contratos entre sus parlamentarios, así como con sus familiares y socios. Pero como lo descubrió una investigación de CIPER, el contrato de arrendamiento de la sede distrital de Sabag pasaba por encima de todas esas restricciones: ubicada en la calle Río Claro 1050, la oficina del parlamentario en Cabrero era propiedad de Hosain Sabag Castillo, senador, padre del diputado, su socio en Transporte Cabrero Ltda. y su correligionario en la Democracia Cristiana.

La misma dirección que el diputado registraba como su sede, era el domicilio de dos sociedades de su padre, una empresa de su propiedad y, según el Diario Oficial, de sus hermanos Patricio y Marisol Sabag. Cada mes, $558.145 como arriendo de sede, eran depositados como parte de su asignación a nombre de Inmobiliaria Nabatieh S.A., una empresa de sus padres donde su hermano Patricio es gerente. Él era encargado de distribuir el dinero para el arriendo de sus tres verdaderas sedes parlamentarias: $120 mil en San Carlos, $230 mil en Quirihue y $200 mil en Yumbel. Para recibir a los vecinos en Cabrero utilizaba otra casa de su padre, quien, según él mismo aseguró, no le cobraba.

-Puede parecer que nosotros estamos lucrando con esto, pero no lucramos con el servicio público, sino que destinamos nuestros bienes para el servicio público –dijo Jorge Sabag a CIPER.

Para la DC tampoco fueron problemas los cuestionamientos. Al igual que Nogueira, Sabag se presentó a las elecciones con el apoyo irrestricto de su partido y fue reelecto a fines de 2009 con 32.174 votos. La diferencia está en que su caso aún está abierto.

Desde enero de 2010 que Sabag intentó que su causa por negociación incompatible fuera litigada en los tribunales de Cabrero, la localidad donde él y su familia tienen una gran influencia, y no en Valparaíso. Su petición se fundamentaba en que era allí donde tenía su sede, mientras que en Valparaíso sólo se había firmado el contrato de arrendamiento. En marzo de ese año, Sabag logró su cometido y cinco meses después, el tribunal de Cabrero ordenó la prohibición de informar sobre el caso.

En junio de 2011 el diputado fue reformalizado, pero no sirvió de mucho: dos meses después, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó su desafuero por 7 votos contra 6. La fiscal Castiglione, también a cargo de esa investigación, dijo entonces que apelaría. Los abogados del diputado de inmediato aseguraron que eso sería inconstitucional. Pero la fiscal confía en que podrá hacerlo.

-En Concepción perdimos el desafuero, pero seis miembros de la Corte estaban por desaforarlo porque consideraron que los antecedentes indicarían la existencia de fraude. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie para que podamos apelar ante la Suprema –dice Castiglione.

Si el TC aprueba la apelación, aún quedará la decisión de la Suprema, que puede conceder o rechazar el desafuero. Si su decisión resulta favorable al Ministerio Público, Jorge Sabag podría enfrentar un proceso similar al de Errázuriz y llegar a convertirse en el segundo parlamentario sancionado judicialmente por defraudar al fisco. Si los ministros rechazan el desafuero, Castiglione no podrá hacer nada más.