Pobladores de El Pinar denuncian presiones para demoler sus edificios

Vivo en la Población El Pinar, compuesta de varios edificios de cinco pisos construidos hace cerca de 50 años, en la comuna de San Joaquín. Nuestra población suma alrededor de 350 departamentos, la mayoría de ellos habitados por personas de la tercera edad que han vivido aquí desde la fundación de la población. Como vivimos cercanos a la estación Camino Agrícola del Metro, en los últimos años nuestro barrio se ha rodeado de nuevos vecinos: sedes universitarias e institutos han transformado el sector en un nuevo barrio universitario, el cual se está viendo complementado -por lo demás- con un boom inmobiliario acorde a las circunstancias antes descritas.

Después del terremoto de febrero de 2010, varios de los departamentos de la población sufrieron daños en tabiques y muros. Desde el quinto día posterior al sismo, recibimos visitas esporádicas de ingenieros de la Municipalidad de San Joaquín, que evaluaron los daños en los edificios y que siempre advirtieron a los vecinos que los departamentos no tenían daños estructurales. A pesar de las visitas de los profesionales, nuestros vecinos sólo recibieron ayudas exiguas de la municipalidad y del Ministerio de Vivienda para arreglar sus hogares. Por eso mismo, en julio de este año mis vecinos protestaron para que les dieran soluciones a sus demandas. La manifestación fue encabezada por los vecinos de El Pinar y otras poblaciones, el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, y dos concejales. Hasta ese momento, sentíamos que el alcalde apoyaba nuestras demandas. Pero en agosto pasado todo cambió.

El 11 del mes pasado Sergio Echeverría convocó a una reunión con los vecinos de El Pinar, para conversar sobre las posibles soluciones a los daños post terremoto de los edificios. Grande fue nuestra sorpresa al enterarnos que el alcalde venía a mostrarnos el proyecto de demolición de nuestros edificios y la futura reconstrucción que se quería realizar.

Echeverría venía acompañado de técnicos de la empresa Sirve, integrada por ingenieros especializados en estudiar las estructuras antisísmicas y un integrante de Serviu. En una presentación power point, el alcalde y el funcionario de Serviu nos informaron que los daños en tabiques y grietas en los muros correspondían a daños estructurales y que era necesario demoler y volver a construir nuestros hogares. Los vecinos, consternados, nos negamos a aceptar la versión del alcalde, Sirve y Serviu.

En una segunda reunión, a fines de agosto, el edil volvió a advertirnos que los edificios tenían que demolerse, que el financiamiento de este procedimiento debía hacerse con subsidios que otorga el Estado, que la municipalidad no podría financiar arriendos mientras demorase la reconstrucción, y que aquellas personas que poseyeran otra propiedad, el departamento les sería expropiado… cancelándoseles sólo el avalúo. Para los ancianos que viven en mi población, esta política es condenarlos a vivir en la calle, ya que apenas tienen ingresos para subsistir.

Al revisar el informe que Sirve subió a la página del Municipio, advertimos que se habla de daños importantes -mas no estructurales- en el único edificio que fue inspeccionado (de un total de veinte), a saber: el block situado en calle Río Palena 3670. La conclusión del estudio plantea que dicho edificio, por su antigüedad, no cumple con las normas de construcción sismorresistentes estipuladas con posterioridad a la catástrofe ocurrida en febrero de 2010, pero que los deterioros detectados son susceptibles de reparación. En ningún momento se hace referencia a demolerlos. Por lo demás, nadie ha recibido “Certificados de inhabitabilidad” por departamento ni por edificio, pues no se han efectuado más muestreos al exterior del resto de los inmuebles, y menos aún el interior de cada apartamento.

Dado todo lo anterior, no entendemos por qué el alcalde insiste en esa medida. Los vecinos sospechan que alguien puede estar interfiriendo a favor de alguna inmobiliaria o constructora, para que los vecinos entreguen sus casas, vendan más baratos los terrenos y luego se construya allí ya sea alguna universidad o instituto o, en su defecto, inmuebles con fines habitacionales, dada la alta demanda existente por adquirir terrenos cercanos a la comuna de Santiago, donde ya no es posible efectuar más edificaciones.

Queremos denunciar a través de CIPER las presiones que estamos sufriendo para ceder nuestros hogares -y el terreno, que es nuestro también- con el pretexto de reconstruirlos, aun cuando gran parte de nuestras viviendas no presenta deterioros. Para muchos de nosotros, nuestro departamento es lo único que tenemos y estamos dispuestos a buscar soluciones para arreglar nuestros edificios, pero sin perder nuestro único bien ni arriesgarnos a que alguna constructora aproveche la demolición para comprar el terreno y lucrar con él.