Hace unos días el país celebró el bicentenario del Congreso Nacional. Sin embargo, cabe preguntarse si hay algo que celebrar. La reciente coyuntura política ha puesto en relieve la decadencia de uno de los poderes clásicos del Estado. El diagnóstico es claro: no tiene poder o atribuciones para desempeñar su rol, carece de representatividad y legitimación democrática y se le desconfía como arena de deliberación pública. Los ejemplos recientes demuestran tal afirmación.

El primero de ellos responde a la insignificancia del Congreso como legislador, que se grafica claramente en la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre el post natal. La (exigua) mayoría del TC estimó que era inconstitucional la votación de un artículo que permitía al Congreso elevar el gasto público y alterar la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de leyes sobre seguridad social. El Tribunal ha respaldado históricamente las atribuciones especiales del Presidente en materias presupuestarias. En los gobiernos de la Concertación, el TC confirmó la autoridad del Jefe de Gobierno en materia de administración financiera del Estado. Sin entrar al mérito de la decisión, el problema de fondo se encuentra en el desequilibrio de atribuciones entre el Parlamento y el Ejecutivo. Que un Congreso no tenga la potestad de elevar el gasto público y no pueda legislar –por su iniciativa– las cuestiones políticas básicas de las sociedad –como son las materias laborales, tributarias y de seguridad social, entre otras– configuran la irrelevancia de este poder del Estado. Esta insignificancia contribuye a la trivialidad de su acción, reduciéndose a legislar sobre delitos y monumentos nacionales.

El segundo problema constituye la rotación sin pudor de parlamentarios al gabinete presidencial y viceversa. La situación, como se sabe, comenzó hacia el final del último gobierno de la Concertación. Con la entrada de la entonces diputada Carolina Tohá al gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, se validaba una práctica que erosiona los principios fundamentales de separación de poderes y de representatividad popular. Lo curioso proviene del hecho de que la Alianza gobernante –que lleva menos de dos años en el poder– ha acelerado el menoscabo del Parlamento, cuando las promesas apuntaban a la renovación y el cambio. En todo caso, parece que no hay sorpresas: a la derecha chilena le importa poco la representación popular como eje de legitimidad democrática. Como se sabe, el esquema funciona de la siguiente forma: los cargos de diputados y senadores son incompatibles con otra función pública, como la jefatura de algún ministerio. En caso que un parlamentario asuma como ministro, su cargo queda vacante. Las vacancias parlamentarias, desde la reforma constitucional del 2005, se suplen mediante la decisión adoptada por el partido del ex diputado o senador.

El problema de representatividad y legitimidad se ilustra paradigmáticamente en la ex ministra Von Baer. Quien fuera candidata al Senado y perdiera una elección, fue reclutada para servir como ministra de Estado. Cuando su desempeño político se demostró insatisfactorio, se le requiere la renuncia y se le asegura, como un premio de consuelo (¿?), el cargo de senadora de la República. Es decir, la misma persona que perdió una elección, se ve recompensada para ocupar el mismo cargo que los votantes le negaron, por la mera decisión de los partidos con la aquiescencia del Presidente de la República. La expropiación de la voluntad popular –amparada en una extremadamente permisible lectura de la Constitución– constituye un fraude democrático.

Así las cosas, no debiera extrañar la desconfianza de los actores sociales por la resolución de problemas políticos a través de la intervención del Congreso. Los estudiantes, por ejemplo, rechazaban “desviar” la discusión educacional hacia los legisladores. El diagnóstico de la falta de representatividad ha impulsado la propuesta de mecanismos de democracia directa, como el uso intensivo del plebiscito o la iniciativa popular de ley. Sin perjuicio de las ventajas e inconvenientes de tales mecanismos, las soluciones planteadas parecen contribuir a la estrepitosa decadencia del otrora “poder” del Estado.