La resolución acogió el argumento de Patricio Sabag, en cuanto a que la figura de fraude al fisco por la que había sido formalizado sólo puede aplicarse a los empleados públicos y él no lo es.

Se trata de un golpe para la estrategia del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que ya apelaron ante la Corte de Apelaciones de Concepción en busca de revertir la decisión. Los querellantes estiman que no correspondía que el juez se pronunciara sobre el sobreseimiento en momentos en que la acusación ya había sido presentada y estaba agendada una audiencia en el Tribunal Oral para el 18 de este mes, donde podría haberse revisado la figura penal.

La Corte de Apelaciones de Concepción ya resolvió sobre una arista de este caso el 4 de octubre pasado, cuando rechazó el sobreseimiento del diputado Jorge Sabag. En esa ocasión el fallo se basó en que “si bien los hechos que se le atribuyen al imputado (…) no serían, hasta ahora, típicos, no resulta razonable, dada su complejidad y controversia, decretar en el estado en que se encuentra la presente investigación el sobreseimiento definitivo impetrado por el recurrente, más aun si se considera que los intervinientes se limitaron en la audiencia a mencionar someramente sólo parte de algunos de los antecedentes allegados a la investigación”. La resolución fue dividida, con el voto en contra de la ministra Flora Sepúlveda, que expuso un largo argumento a favor del sobreseimiento.

El diputado Sabag sigue imputado por negociación incompatible y aunque la fiscalía intentó re-formalizarlo por fraude al Fisco, no pudo hacerlo porque éste no se presentó a las audiencias. Si decide insistir en cambiar la figura penal, la fiscalía tendría que recurrir nuevamente a la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar el desafuero del parlamentario.

La investigación de la Fiscalía de Valparaíso se inició luego de que CIPER publicara un reportaje que denunciaba que la sede distrital que la Cámara le pagaba a Sabag era propiedad de una empresa de propiedad de su padre senador. En su representación firmaba Patricio Sabag, ahora sobreseído. En marzo, el imputado consiguió trasladar la causa a Cabrero, ciudad de la Octava Región donde su familia tiene gran poder político y económico.

La información respecto a esta causa es limitada debido a que en un hecho inédito en un proceso de este tipo, el Juzgado de Cabrero acogió una solicitud de Sabag y determinó que el Ministerio Público no podía entregar ningún tipo de información a la prensa.

En el Congreso, el senador Sabag ha intentado dejar sentado que las asignaciones son de libre disposición y que por lo tanto los parlamentarios no pueden ser juzgados por lo que hagan con ellos. Hace un año logró incluir una inédita glosa en el presupuesto que explicitaba la libre disposición de los fondos y, según publicó La Segunda, en septiembre pasado le pidió al secretario del Senado Carlos Hoffman –hoy cuestionado por como ha manejado la acusación de acoso sexual a un funcionario– que emitiera un certificado certificando que puede contratar parientes.

“No existe disposición legal, reglamentaria ni acuerdo de la Honorable Comisión de Régimen Interior que prohíba la contratación por parte de los Honorables señores Senadores con cargo a sus asignaciones, de personas ligadas a ellos por vínculos societarios o de parentesco para que se desempeñen mediante contratos de trabajos o a honorarios”, dice el certificado.

A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados exige que se justifique la contratación de parientes por circunstancias excepcionales, aunque mantiene en reserva dichas razones.