***Esta investigación fue auspiciada por la Universidad Diego Portales y CIPER.***

En Chile hay más de 200 faenas mineras paralizadas o abandonadas que representan una amenaza para la salud o la seguridad física de las personas que habitan o circulan en sus alrededores. Esto significa que a lo largo del país miles de familias conviven con verdaderas bombas de tiempo invisibles. Y no tienen idea de los peligros que las acechan.

Una faena minera abandonada es un lugar donde alguna vez se trabajó en la extracción de un mineral preciado. Cuando éste se agotó, la faena simplemente se cerró. Y cuando ese proceso se realiza sin tomar las medidas necesarias, representa un riesgo para la población. Por ejemplo, quedan abandonadas piscinas llenas de arsénico, una sustancia cancerígena que se filtra por el suelo y contamina las napas de aguas subterráneas. O se construyen tranques de relaves con defensas precarias y cerca de poblaciones cuyos habitantes no tienen idea que, bajo ese inofensivo cerro de tierra, puede haber sustancias tóxicas en estado líquido. Una suerte de laguna brava escondida y que, producto de un remezón fuerte como un terremoto, se levanta y desciende con la fuerza de un alud.

Si los tranques de relave están completamente secos también son peligrosos, pues el viento remueve el polvo, y ese polvo contamina.

En Chile, hasta mediados de los ‘90, no existía ninguna norma que obligara a las empresas mineras a presentar un plan de cierre de sus faenas. Hoy el tema está regulado por la Ley de Bases del Medioambiente, pero de manera indirecta, pues no se les exige a las compañías que dejen una garantía de que tendrán los recursos para financiar un cierre que no represente peligros para las personas. Tampoco se las puede fiscalizar con la fuerza que da una ley, como explicó a CIPER el abogado Julio Lavín, experto en derecho ambiental (Ver Entrevista).

Tras años de negociación entre el gobierno y su contraparte -la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y el Consejo Minero-, en enero de 2010 el Congreso aceptó a tramitación un proyecto de ley para regular el cierre de las faenas mineras. Pero con el nuevo gobierno, el proyecto sufrió modificaciones y en julio, días antes del derrumbe de la mina San José, donde quedaron atrapados 33 mineros, un hasta entonces desconocido ministro Lawrence Golborne llegó hasta la comisión senatorial para presentar una serie de indicaciones que rebajaban las exigencias a las mineras.

Según se lee en el análisis comparado del proyecto de ley, que está disponible en el sitio web del Senado, el proyecto original contempla, entre las sanciones a los infractores de la norma, “la clausura definitiva de faenas e instalaciones”. En las indicaciones del Ejecutivo, representado por el ministro Golborne, esta sanción se elimina.

En el proyecto original, el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) tiene como atribución “clausurar faenas o instalaciones mineras, pudiendo al efecto proceder a la aposición de sellos”. La indicación del ministro borró esta importante facultad. Así también eliminó del proyecto de ley la obligación para la empresa minera de ejecutar un programa de difusión a la comunidad de las etapas del plan de cierre de faenas.

Mientras esa ley sigue su trámite(1), la amenaza que representan los pasivos mineros, es decir aquellas faenas que fueron abandonadas y mal cerradas, sigue latente. No hay norma que mitigue su impacto.

El abogado Julio Lavín recuerda que en 2008 se estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo para enviar al Congreso un proyecto de ley que estableciera que el Estado y los privados se harían cargo de ello. Pero vino la crisis subprime, bajó el precio del cobre y la urgencia se fue al diablo.

Pero la amenaza persiste. Porque las faenas abandonadas pueden producir desastres. Así le ocurrió al matrimonio conformado por Angélica Chamorro y Alejandro Gálvez y sus dos pequeñas hijas, quienes murieron sepultados bajo un alud de tóxicos en febrero pasado, minutos después del terremoto. La familia Gálvez Chamorro vivía en las cercanías del tranque de la mina Las Palmas, en Pencahue, cerca de Talca. El volumen de tóxicos que inundó su casa fue tal, que las máquinas retroexcavadoras tardaron varios días en encontrar sus cuerpos.

La dramática historia de la familia Chamorro Gálvez forma parte del documental “Minas de oro, desechos de muerte”, una investigación periodística realizada por la periodista Carola Fuentes, conductora de CNN, la cual contó con el auspicio de CIPER y la Universidad Diego Portales. (Vea la entrevista a Carola Fuentes)

Esta investigación entrega evidencia concreta de los riesgos que representan las faenas mineras abandonadas o paralizadas a lo largo de Chile. Pero quizás lo más fuerte de ella, es el silencio que ha existido en torno a este peligro. La prueba está en los documentos y testimonios que indican que empresarios, dirigentes gremiales y ex ministros de Estado han tenido a la mano informes y evaluaciones realizadas por expertos nacionales y extranjeros, los que fueron archivados sin darlos a conocer.

Lo ocurrido en la mina San José y los 33 mineros atrapados a casi 700 metros bajo tierra dejó en evidencia de manera dramática las grandes fallas de seguridad de la industria minera. Ahora, esta investigación revela otra arista letal: una herencia desastrosa e invisible. Ello, por parte de un sector que, en los últimos cinco años, ha percibido utilidades millonarias. Sólo en el primer semestre de 2010, registraron ganancias por US$ 4.656 millones, con un alza del 70% respecto del año anterior. En el mismo período, los bancos locales registraban ganancias por casi US$ 2.300 millones.

El Estado y la cooperación extranjera también destinaron millones de dólares para intentar remediar en Chile los efectos de estos pasivos letales. Pero nada se supo ni de sus resultados ni de cómo se utilizaron esos recursos de todos los chilenos.

El mapa de la amenaza

A comienzos de esta década, la Agencia de Cooperación Ambiental de Japón financió un proyecto para que el Sernageomin elaborara un registro de las faenas mineras abandonadas o paralizadas en Chile. El proyecto incluyó una evaluación detallada de los riesgos vinculados a cada una de ellas e involucró una inversión superior a los US$2,4 millones.

Entre 2003 y 2005, funcionarios del Sernageomin recorrieron Chile: tomaron fotos de las faenas, analizaron muestras de agua, midieron piques, revisaron la ubicación y las condiciones de los tranques de relaves. En 2007, se editó el resultado de ese enorme trabajo, bajo el nombre de Catastro de faenas mineras abandonadas o paralizadas (FMA/P) y análisis preliminar de riesgo (Vea la portada, introducción y metodología).

Se identificaron 213 faenas mineras abandonadas o paralizadas. En ocho de las nueve regiones visitadas se concluyó que existían faenas que representaban «riesgos graves para la salud de las personas, para el medio ambiente y la infraestructura». En la introducción del documento se plantea que “abordar el desafío de los sitios mineros abandonados”, es parte de las tareas que le han impuesto al país los tratados de libre comercio.

Pero la información sistematizada en el Catastro nunca se hizo pública. La gran investigación se guardó en los cajones de un ministerio. Como si las bombas de tiempo que representan estas minas abandonadas se pudiesen archivar.

En junio de 2010, la periodista Carola Fuentes le solicitó al Sernageomin una copia del Catastro. No hubo respuesta. Se elevó un recurso al Consejo de Transparencia. Tampoco hubo respuesta. Recién a comienzos de octubre, cuando la periodista ya había encontrado un ejemplar que curiosamente se mandó a la Biblioteca del Congreso, ese servicio entregó una copia de la primera edición del Catastro, fechada en 2007 (*).

Aquí y por primera vez CIPER revela de manera detallada, región por región, las faenas mineras abandonadas o paralizadas más peligrosas y las amenazas asociadas a ellas (Ver Multimedia).

Básicamente, se trata de 3 grandes peligros: sustancias tóxicas almacenadas de manera insegura que son fuente de contaminación del agua o que pueden ser arrastradas por el viento; piques abiertos que implican enormes peligros para la seguridad de las personas; tranques de relaves en mal estado, lo cual es gravísimo en un país sísmico como Chile, según se consigna en el propio Catastro.

Un alud de cianuro y barro

La mañana del 27 de febrero de 2010, al día siguiente de ocurrido el terremoto, Henry Jurgens recibió una llamada a su celular. Las noticias provenían de Pencahue, cerca de Talca. El mensaje cambió la vida de su familia para siempre.

Henry llegó a vivir a Pencahue en 2002, junto a su mujer, recién casados. Buscaban un refugio en las montañas, un lugar donde planeaban criar caballos y cultivar aceitunas para producir aceite de oliva orgánico. Un espacio natural para formar una familia distinta.

A espaldas del refugio se ubicaban las instalaciones de la mina Las Palmas, que perteneció al ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz y que hoy es propiedad de uno de sus hijos. Pero Henry no le prestó mayor atención. La mina había dejado de funcionar en 1998 y nada ni nadie le indicaron que estuviese en lo que hoy le han presentado como «una zona de peligro». No había carteles; ningún servicio estatal lo alertó cuando compró la propiedad y construyó; tampoco le dijeron nada en la municipalidad.

-Cuando llegamos vimos que había unos escombros. Me dijeron “esa es una mina antigua y ya está cerrada (…) Van a desmantelar todo y no reviste ninguna importancia” –recuerda Jurgens.

Al tiempo, Henry se enteró que había también un tranque de relaves, donde la minera había depositado los desechos de la extracción de oro. Pero lo que Henry veía era un cerro seco, por donde sus vecinos caminaban y los niños jugaban. Por lo mismo, la información no le provocó inquietud.

“Nadie me dijo en qué consistía un tranque de relaves ni que eventualmente podía ser un peligro; que los relaves se pueden hacer mal, se pueden caer o que por dentro son líquidos”, describe Jurgens.

Henry vivía con su esposa y sus dos hijas. Y a unos metros de él, Angélica Chamorro y Alejandro Gálvez, quienes los ayudaban en las tareas de la casa y también tenían dos pequeñas hijas. Las cuatro niñas pasaban casi todo el día juntas, formaban un pequeño club en el campo.

“La Angélica se vino muy joven de Parral a trabajar donde mi suegra. Después de tener a su primera hija se fue a trabajar con nosotros, que estábamos recién casados (…) Cuando decidimos venirnos para acá, la invitamos y habló con Alejandro y dijo que sí, que fascinada (…) Les construimos la casa al lado, en el lugar que eligió Angélica con mi señora, un lugar que estaba como cerquita pero a la vez privado”, recuerda Henry.

La noche del terremoto ocurrió lo impensado. Las paredes del tranque de relave cedieron y una lava espesa, cargada de sustancias tóxicas, corrió con fuerza volcánica ladera abajo. En el camino inundó y sepultó todo lo que encontró a su paso. Esteros, árboles, plantaciones y también la casa de la familia Gálvez. Los padres y las dos pequeñas se encontraban en su interior. Alguien vio que, tras el terremoto, Angélica salió de la casa. Pero al parecer, cuando se dio cuenta de lo que se les venía encima, Angélica habría vuelto a entrar.

Los Jurgens no estaban en el lugar, pues habían viajado a Santiago. Se suponía que los Gálvez tampoco debían estar. Pero la camioneta les falló a última hora, por lo que tuvieron que postergar sus vacaciones. “Encontramos sus cuerpos adentro de la casa. No estaban tan dañados… Pero es una situación absolutamente extrema. Una situación que yo jamás pensé que tendría que enfrentar”, reconoce Henry.

El comprensivo Sernageomin

Tanto la construcción como el cierre del tranque de relaves de la mina Las Palmas, fueron aprobados por el Sernageomin.

“Cumple con las precauciones mínimas necesarias para otorgar estabilidad, seguridad y restauración a las áreas afectadas, velando por la protección de las personas y la preservación del Medio Ambiente”, se afirma en la resolución N° 965 (1998), que autorizó el cierre.

¿Cuáles eran las precauciones mínimas necesarias que había tomado la empresa? Dilucidar este punto no es banal. Sobretodo si se toma en cuenta que el relave llegó a tener casi 500 milígramos de cianuro por litro y bastan 200 para matar a un ser humano.

Apelando a la Ley de Acceso a la Información, la periodista Carola Fuentes le solicitó al Sernageomin un detalle de las medidas adoptadas. Amparándose en la misma normativa, los abogados de la minera se negaron a entregarlas.

Pero Fuentes y su equipo siguieron investigando. Hasta encontrar una resolución del propio Sernageomin, fechada en agosto de 2000, donde éste acusa a Las Palmas de haber entregado información falsa sobre el plan de cierre.

“En visita inspectiva (…) se pudo constatar que la empresa Minera Las Palmas S.A. no ha cumplido con las acciones comprometidas en el plan de cierre y abandono de sus faenas, el cual fue aprobado por el Servicio”, se lee en dicho documento. Luego se plantea que falsear la información constituye “una infracción grave al Reglamento de Seguridad Minera”.

Por la infracción, el Sernageomin le aplicó una multa a la empresa. Pero de una cantidad irrisoria: 25 UTM, poco más de 900 mil pesos al valor de hoy.

Sobre el fallido plan de cierre, el servicio instruyó a la minera a cumplirlo. Sin embargo, no estableció cómo ni cuándo, o si se haría una nueva visita para fiscalizar que la instrucción había sido acatada.

La notable debilidad en la fiscalización del cierre de la mina se concretó pese a que los técnicos de este servicio sabían, como se plantea en el Catastro, que “históricamente los colapsos de tranques de relave han causado los daños humanos de mayor envergadura”. Y que los más peligrosos son justamente aquellos que están ubicados en zonas lluviosas, como el de la mina Las Palmas, pues mantienen humedad dentro del depósito “independiente del tiempo transcurrido del término de su operación”.

“No puede ser que se hagan las cosas tan mal. Tiene que haber alguna instancia que te oriente si es que estás viviendo al lado de una trampa. Chile está lleno de estas cochinadas y están todas botadas y la gente que vive al lado no tiene idea”, reclama impotente Henry Jurgens.

El ex ministro minero

Pedro García tampoco fue informado que el agua de su noria estaba contaminada con arsénico, una sustancia cancerígena. Y que en 2004, tres años antes de que llegara a vivir cerca de Rungue con sus 4 hijos, unos investigadores alemanes habían advertido al gobierno que esa agua no podía ser usada para consumo humano.

Los expertos alemanes llegaron a trabajar a Chile justo después de que se había terminado de elaborar el Catastro con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Ambiental de Japón. Ya que el Sernageomin contaba con una suerte de mapa de las faenas abandonadas a lo largo de Chile, la propuesta del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania fue dar un paso más allá: elaborar un manual para evaluar de manera sistemática cada una de las FMA/P catastradas.

Para hacer un piloto de su manual, los científicos alemanes eligieron una de las faenas catastradas en Rungue, en las cercanías de la Región Metropolitana: la Fundición Refimet. La elección de los extranjeros puso luz sobre otro desastre escondido, silenciado, cuyos propietarios habían sido dos ilustres ingenieros del sector minero: Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería del gobierno de Ricardo Lagos y el empresario Alejandro Noemi, presidente de Codelco en el gobierno de Patricio Aylwin

La empresa Refimet nació en 1981. Y en la planta ubicada en Rungue se llegaron a procesar 2 mil toneladas de concentrado de oro al mes. Para ello, se utilizaba arsénico, una sustancia venenosa. El arsénico que sobraba se lo llevaban en camiones algibe para depositarlo en unas piscinas autorizadas por el Sernageomin, como consta en estos documentos emitidos por ese servicio, en 1984 y 1991.

Las piscinas están ubicadas 5 kilómetros al sur del pueblo de Rungue, a menos de 400 metros de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Til Til. Se estima que como mínimo se acumularon allí 4.800 toneladas de residuos arsenicales, específicamente de trisulfuro y trióxido de arsénico. Hay dos problemas con estas sustancias: se disuelven fácilmente en el agua; y consumidas durante largos períodos de tiempo, pueden producir cáncer.

En 1993, Refimet dejó de operar. Diez años después, cuando Dulanto era ministro de Minería de Lagos, los alemanes visitaron el fundo donde había operado su fundición. Se encontraron con las piscinas oficiales, en las que se había arrojado más de 13 mil toneladas de residuos mineros. Pero al caminar un poco más allá descubrieron una suerte de depósito clandestino, que a simple vista no contaba con ningún tipo de seguridad o impermeabilización, como se muestra en la imagen obtenida por el equipo de Carola Fuentes.

Fue entonces que los expertos alemanes decidieron volver al lugar. Si el arsénico se había depositado directamente en la tierra, el sector podría estar seriamente contaminado. Debían, por tanto, tomar muestras. Pero cuando regresaron, descubrieron que el arsénico había sido retirado del pozo clandestino y trasladado a las piscinas legales. Además, la zona se había cubierto con carpetas de plástico. Esta medida, sin embargo, lejos de terminar con la amenaza, podía significar que el tóxico podría haber sido diseminado hacia una zona mayor.

El equipo de científicos recogió muestras del suelo, de los esteros y también sacaron agua de las norias de los vecinos. Los primeros resultados fueron inquietantes. Arrojaron niveles de arsénico sobre lo permitido por la norma chilena en las pozas de agua y en algunos de los sondajes.

La situación de algunos vecinos era crítica. La noria de la familia Ramírez, donde hoy vive Pedro García con sus 4 hijos, arrojó un contenido de arsénico inadmisible para el agua de consumo humano y de regadío. No se podía decir con certeza cuál era la fuente del metal pesado, pero era urgente realizar más mediciones para determinarla.

Nada de lo imprescindible se hizo.

Los alemanes recomendaron al Sernageomin hacer nuevos estudios «para determinar el origen exacto de la contaminación y su grado de avance». Según sus cálculos, era posible que en los siguientes 30 años se extendiera al estero de Rungue, y afectara, como una gran mancha silenciosa, Tiltil, Polpaico, Lampa, la Laguna Caren, el Río Mapocho y el Río Maipo.

Pero el Sernageomin guardó silencio respecto a las advertencias de los alemanes. Y tampoco siguieron la recomendación de advertirle de la contaminación encontrada a la Dirección General de Aguas, al SAG y al Servicio de Salud, como se desprende de las consultas realizadas por el equipo de Carola Fuentes a estos servicios a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Peor que eso. El Servicio se olvidó de los vecinos de Rungue, como la familia García.

En los tres años que Pedro García y su familia han vivido en el fundo El Llano, a un kilómetro de los depósitos de Refimet, nunca nadie ha venido a medir el nivel de arsénico del agua de su noria. “Nosotros consumimos esta agua. Tenemos un bebé de seis meses y nunca le ha hecho mal para el estómago, para nada”, reveló sorprendido Pedro, consultado por la calidad del líquido.

Para esta investigación se volvió a tomar una muestra del agua de su noria. Y los resultados fueron malos. La OMS recomienda como límite máximo de arsénico en el agua de consumo humano 0,01 milígramos por litro. La noria de los García quintuplica ese límite: tiene una composición de 0,05 milígramos de arsénico por litro.

A mediados de octubre, Elliot Cohen, ex gerente de Calidad y Medio Ambiente de Refimet S.A., envió un informe al equipo de Carola Fuentes. En el documento se hace una reseña de una serie de actividades que habría llevado adelante la empresa. En el último punto, se afirma: “Refimet cumplió durante su existencia con los requerimientos de la autoridad (…) y por sobre todo veló por el buen cuidado de los depósitos de residuos”.

Sobre la existencia de una piscina clandestina, no hay referencias en la minuta.

Sobre el estudio de los alemanes, se señala que el trabajo fue “preliminar” y motivó, por parte de Refimet, la realización de un “completo estudio hidrogeológico con la firma especializada chilena Ingeniería y Geología (Ingedos)”. Este nuevo estudio, según Cohen, “desvirtuó las conclusiones preliminares” de la investigación realizada por los alemanes.

Los tuyos, los míos y los nuestros

Una de las características del poderoso sector minero que dejó en evidencia el desastre de la mina San José es el fluido tránsito que hay entre los profesionales que laboran en este rubro. Expertos que durante una época están ocupando un puesto en una empresa, luego cruzan a la administración pública o se hacen cargo de una vocería gremial del sector. Pasan de un lugar a otro con demasiada facilidad, como quien atraviesa a la casa del frente.

Un ejemplo es la historia del abogado (DC) Patricio Cartagena, uno de los protagonistas de esta investigación, quien no quiso dar una entrevista en cámara para el documental de Carola Fuentes.

Cuando los alemanes culminaron la investigación del caso Refimet, entregaron su informe a Cartagena, quien por entonces era director del Sernageomin (ocupó el cargo entre abril de 2006 y diciembre de 2007). Cartagena fue también vicepresidente ejecutivo de COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre); representante del Estado en la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos y asesor del Grupo del Banco Mundial para las Industrias Extractivas. Actualmente se desempeña como Gerente de Sustentabilidad de Codelco Norte.

En cuanto al socio fundador de Refimet, el ingeniero Juan Alejandro Noemi Callejas, entre 1990 y 1994 se desempeñó como presidente ejecutivo de Codelco-Chile (renunció al cargo tras el «Caso Dávila», a fines del gobierno de Aylwin). En 1997, se investigó a Noemi por «negociaciones incompatibles durante su dirección de Codelco», entre la empresa estatal y la Minera El Bronce, que estaba a cargo de su hermano, Paulino. Otro de los emprendimientos de Noemi fue Áridos de Maipú, en sociedad con Felipe Velasco, hijo de Belisario Velasco, ex ministro del Interior.

En 2004 Noemi fue nombrado representante del Ministerio de Minería en el consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP). Da la casualidad que en ese momento el ministro a quien representó era su amigo, compañero de universidad y ex socio en REFIMET, Alfonso Dulanto.

En cuanto al ex ministro Alfonso Dulanto, se desempeñó como ejecutivo de Codelco entre 1970 y 1980 y figura como socio de casi una decena de sociedades, varias de las cuales tienen entre su objeto “la inversión en otras sociedades industriales, mineras, comerciales o agrícolas (…)”, según se detalla en la constitución de éstas en el Diario Oficial.

Al momento de ser nombrado ministro, Dulanto aseguró que no tenía ninguna vinculación ni accionaria ni de ninguna naturaleza con Refimet, desde 1998, cuando se deshizo de gran parte de los activos. Su testimonio es respaldado en la minuta que envía Elliot Cohen, ex gerente de Calidad y Medio Ambiente de Refimet S.A., al equipo de Carola Fuentes. “En el año 1998 los socios Refimet y Lac venden al tercer socio Noranda el 100% de sus participaciones y esta última empresa hace nuevas ampliaciones siendo hoy día esa instalación la séptima más grande a nivel mundial y de propiedad de la internacional Xstrata”, detalla.

Dulanto también fue Intendente de una de las regiones mineras por excelencia, Antofagasta, entre el 11 de marzo de 2000 y enero de 2002. Luego, el ex Presidente Lagos lo nombraría ministro, cargo que asumió entre marzo de 2002 y marzo de 2006. Bajo la gestión de Dulanto se instauró el primer royalty minero, en 2005.

El ex ministro también fue consultado para esta investigación, pero se negó a hablar en cámara. Alejandro Noemi se recupera de un derrame cerebral que tuvo hace un año.

Desde que ocurrió la catástrofe de la mina San José, el Sernageomin no cuenta con un director definitivo (el director nacional es Waldo Vivallo, quien ocupa el cargo en calidad de subrogante). Consultados por las denuncias presentadas en el documental, se limitaron a responder que “dadas las circunstancias actuales y en consideración que hay actuaciones administrativas pendientes (…)”, no podían emitir una opinión anticipada.

Necesidades de tercera generación

Una semana después del derrumbe del tranque de relaves de la Mina Las Palmas, llegaron hasta el campo de Henry Jurgens los funcionarios del Sernageomin, de la Dirección General de Aguas y del Ministerio de Obras Públicas. Estaban preocupados por la exposición al cianuro que estaban sufriendo los cauces de agua.

En un principio, le exigieron a la empresa que limpiara el lugar y le dieron 30 días de plazo. Pero la minera no cumplió. Ello motivó una multa por parte del Sernageomin de casi dos millones de pesos. Pero la empresa se excusó señalando que la sociedad que recibió la multa no era la misma que firmaba los contratos de explotación, por lo que la compañía logró que les revocaran la sanción. La mina Las Palmas hoy está en manos de otra compañía, la Minera Tambillos. El representante de Tambillos es el hijo de Francisco Javier Errázuriz.

Finalmente la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas tuvieron que mandar camiones y máquinas. Le echaron cal al derrumbe para que no se formara ácido cianhídrico, altamente tóxico. Después, lo cubrieron con un plástico. Cuando deberían haber comenzado a tapar toda la superficie contaminada con tierra, para que no escurriera material a los esteros, Henry vio con desesperanza que los trabajos se detenían.

“Evidentemente se está contaminando toda el agua. Esta agua fluye por todo el valle y después llega al río Maule y contamina los mares…Yo no sé si estas cosas deben quedar así para siempre (…) y no va a responder nadie porque es demasiado caro, tanto para los empresarios mineros como para las autoridades”, reflexiona Jurgens.

Tampoco nadie se hace cargo de las cuatro personas fallecidas a consecuencia del derrumbe del relave de la mina Las Palmas. Sus dueños aseguraron en un documento enviado al Sernageomin, que la casa de los Gálvez Chamorro estaba ubicada a 7 kilómetros y medio del tranque, y que se había caído con el terremoto y no por el derrumbe, por lo que no tenían responsabilidad en su muerte.

“La mencionada casa en la que se produjo el lamentable deceso de 2 niños y sus padres, fue construida con posterioridad al cierre del Tranque aprobado por el Sernageomin, por lo cual no cabe a dicha institución ni a la Compañía Minera Las Palmas S.A. responsabilidad alguna en este lamentable hecho derivado del terremoto”, argumentan.

Según los dueños de la Compañía Minera Las Palmas ni ellos ni el Estado, a través de Sernageomin, son responsables de la muerte de Angélica Chamorro, Alejandro Gálvez y sus dos pequeñas hijas. Será la Fiscalía de Talca la que deberá dilucidar quién es responsable de la tragedia del 27 de febrero. Pero esa investigación será seguida de cerca por Henry Jurgens y muchos otros. En cierta forma también allí se está jugando el futuro de la ley en trámite que regulará al fin el cierre de las faenas mineras.

(*) Este reportaje fue realizado con la participación de Juan Pablo Echenique, estudiante en práctica en CIPER.

(*) Para esta investigación la periodista Carola Fuentes y su equipo hicieron 29 solicitudes de acceso a la información y dos recursos de amparo al Consejo para la Transparencia.