Según información aparecida en los medios de comunicación, el gobierno ha empleado recursos provenientes de la denominada Ley Reservada del Cobre para costear parte de los esfuerzos de reacción y reconstrucción post terremoto. La reciente controversia que se ventila en el Consejo para la Transparencia y en la Contraloría –referida al financiamiento de un puente mecano– nos permite reflexionar someramente sobre el alcance de la Ley del Cobre bajo nuestra Constitución.
A primera vista no habría nada que objetar. Si existen cuantiosos recursos disponibles para afrontar las agudas necesidades que el país sufre, ¿por qué no echar mano a tales dineros que descansan tranquilamente? ¿Acaso el terremoto no es un caso fortuito que justifica gastos extraordinarios de recursos que están afectados para la compra de pertrechos militares? ¿No se requiere medidas excepcionales para enfrentar una situación especial como fue el sismo de febrero pasado?
La respuesta, sin embargo, no descansa en los motivos o benévolos deseos de las autoridades. La reconstrucción de una parte significativa del país requiere cumplir, para ser legítima, con estándares democráticos que aseguren la rendición de cuentas y accountability de la acción gubernamental. En otras palabras, como se trata de decisiones que nos incumben a todos los chilenos y que comprenden millonarios montos, lo mínimo que puede exigirse a la autoridad es que los ciudadanos podamos acceder a los fundamentos de tales medidas. Y esto es, precisamente, en lo que la Ley del Cobre falla, marginando a la sociedad civil y excluyendo de la deliberación y control democrático a toda la ciudadanía.
Dicha legislación, como es sabido, es secreta. No es que ciertos montos o algunos aspectos de los contratos sean reservados, sino que las normas –en su totalidad– no están disponibles para el público. Y aquí radica el problema, puesto que se trata de una ley que contraviene el principio de transparencia que recoge el artículo 8 de la Constitución. Tal grado de secreto es inconstitucional porque violenta las bases democráticas de deliberación de los asuntos públicos en materia de defensa nacional. Tal cuestionamiento no puede sino acentuarse cuando se emplean sus recursos para fines distintos a la defensa. No se cuestiona la necesidad de gastar recursos para determinados fines -como es la reconstrucción-; lo que está en jaque es la falta de transparencia sobre las decisiones que nos afectan a todos y que no podemos evaluar sin la necesaria información pública de la que esta ley nos margina completamente.
(*)Pablo Contreras es abogado y candidato al LL.M. en IHR, por Northwestern University.
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Con respecto al articulo es verdad lo publicado, esto sucede por que ambas coaliciones politicas estan coluidas en no legislar para que una vez por todas las politicas de estado sean transparentes, en asuntos de dineros aportados por el estado para ciertos "programas", estan llendo a parar a una especie de carteles que actuan amparados por autoridades locales como nacionales, donde se ocultan gravisimas faltas a la providad, que se producen, por llamarlo como les gusta a la clase politica "loby", donde se usan organismos policiales, para amendrentar a sus subalternos, con supuestos delitos cometidos en las dependencias donde ellos ejersen sus funciones de testaferros.Esta bueno que este secretismo del huso de dineros que son parte del herario nacional sean de conocimiento publico, lo mismo con la transparencia para entregar conseciones, compras, trabajos, permisos, comvenios de pagos, que los organismos publicos se permiten y hacen, sin que el ciudadano, pueda informarse, por que se niega la imformación aduciendo que no esta disponible al publico siendo que los dineros usados no probienen de ningun particular.
Teresa | 21.10.2010
Transparencia es lo que más le falta a este gobierno. En cualquier sector la queja es la misma. Todo se decide entre cuatro paredes, nos se sabe con qué criterios, no se rinde cuentas ante nadie.
Una mezcla de dueños de fundo, de empresarios dueños del país, a quienes los militares obviamente se quieren acercar.
¿Democracia? ¿Para qúé más que las elecciones? Esas se compran con plata, ya deben tener reservados los espacios para la propaganda de las municipales del 2012. Así lo hizo el señor Piñera el 2007 y 2008. La receta funcionó.
No hace falta la transparencia.
Eusebius Iacobus Eisenreich | 20.10.2010
"Oh, libertad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre" dijo Madame Roland antes de que su cabeza fuese cercenada por la guillotina de la Revolución Francesa... ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Es simple. La exagerada búsqueda de la transparencia, que nos llega a usar términos como "inconstitucionalidad" o "ilegal", llega hoy a niveles peligrosos ("dangeroso" como diría el inefable Lalo Mir). La Ley Reservada del Cobre, que fue precedida por la Ley de Cruceros, surgió de una NECESIDAD de mantener a las Fuerzas Armadas de Chile en un nivel de calidad y cantidad de equipos que asegurara su eficiencia y eficacia ante una eventual crisis o conflicto. Todos los países desarrollados tienen en sus legislaturas niveles de reserva adecuados para que se asegure que, por motivos obvios de Seguridad Nacional, las compras de sistemas de armas no sean de dominio público. ¿Y rasgamos vestiduras por un puente? Joder, como diría mi abuelo materno muy andaluz él, ¿De qué estamos hablando? ¿De que el puente se lo están llevando para la casa? El asunto, si se compra con leyes reservadas, con gastos reservados del Presidente, con una "vaca" hecha con los emolumentos de los legisladores (soñar no cuesta nada) o con platas del Ministerio correspondiente, mientras se haga DENTRO DEL MARCO DE LA LEY QUE SUSTENTA LA COMPRA, creo que es inconducente levantar un tema que no tiene levante. Gritar a los cuatro vientos los derechos del ciudadano, en saber en qué se gasta la plata "de todos los chilenos" es un ejercicio populista, efectista, pero sin una mínima traza de utilidad y certeza. Si alguien quiere robar, lo hará de forma tan desenfadada como el descaro del fradue de EFE o de la Intendencia de la Quinta Región.
