Gastos e ingresos electorales (II): Cómo financiaron los parlamentarios su campaña 2005

Nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis millones, novecientos doce mil doscientos cuarenta y seis pesos ($ 9.446.912.246). Esa interminable cifra fue la que confesaron haber recibido los cientos de postulantes a la Cámara de Diputados en las elecciones del 2005, de acuerdo a los registros que acaba de publicar el Servicio Electoral (Servel), en base a lo que los propios candidatos declararon como ingresos y gastos de campaña en sus rendiciones respectivas.

Tal como ocurre en el caso de los candidatos presidenciales de ese mismo año, el registro de platas de la mencionada elección parlamentaria, aunque impresionante por su extensión -sólo el de ingresos cabe en una planilla en formato Excel de 20 columnas y más de cinco mil filas [link]-, arroja más dudas que certezas. Pese a que el manual de rendición de ingresos electorales en teoría apunta a develar el viejo misterio de quién financia a los políticos, muy pocos benefactores se atreven a revelar su identidad, ya sean personas o empresas, con nombre, apellido y RUT.

Las reglas para declarar dineros de campaña incluyen trece formas distintas de catalogar los ingresos. De ellas, sólo una, llamada “aportes privados de carácter público” o “aportes públicos”, implican que el candidato identifique a los donantes en forma precisa. Eso sería lo más cercano a derribar el tabú, porque el resto de los dineros que entran sólo se clasifican como aportes del partido político del candidato; préstamos o comodatos de vehículos o inmuebles por parte de terceros; créditos o intereses de los mismos contraídos con la banca; anticipos, reembolsos, y los masivos aportes reservados y anónimos.

De los 120 diputados que hoy se sientan en la Cámara, apenas 49 declararon entre sus ingresos al menos un “aporte público” el 2005. Buena parte de ellos incluyeron bajo esa glosa préstamos de vehículos y otros enseres, otros “confesaron” que hubo parientes o amigos que les aportaron dinero, y muy pocos indicaron que hubo personas o empresas ajenas a ellos que los financiaron.

Los financistas de los 71 diputados restantes optaron por no entregar tanta información (ver listado). Los parlamentarios se limitaron a declarar que su campaña se financió con platas de sus partidos, créditos, reembolsos, muchísimos aportes reservados o anónimos y una nada despreciable dosis de “trabajo voluntario”. Precisamente, una de las particularidades de la ley es que les permite a los candidatos registrar como ingreso hasta la labor de desinteresados brigadistas que supuestamente trabajan gratis, con tal de que el postulante lo “valorice” como mejor estime. Desde esta perspectiva, una mirada a muchas de las plantillas de ingresos podría explicar por qué, al final, las cuentas –ingresos versus gastos- siempre cuadran.

Muy pocas empresas “grandes” muestran sus cartas

Así y todo, los detalles de los ingresos arrojan por primera vez empresas conocidas que habrían aceptado ser mencionadas como financistas de la campaña parlamentaria 2005. Tres destacan. Una es Córpora Tres Montes S.A., dueña de Lucchetti y vinculada al grupo Ibáñez. Uno de los beneficiados fue un miembro de esta última familia: el entonces diputado Gonzalo Ibáñez (UDI). Aunque perdió la reelección, declaró haber recibido $ 7 millones de Córpora Tres Montes. Poco en contraste con los $54 millones que dijo haber puesto él mismo.

Córpora Tres Montes también registra el mayor “aporte público” hecho por una empresa: el senador RN Andrés Allamand declaró haber recibido de la misma empresa $20 millones. Algo que podría entenderse a partir de la cercanía de algunos miembros de del clan Ibáñez con el histórico dirigente opositor, quien tras su regreso a Chile luego de su “travesía por el desierto”, se instaló en otro de los estandartes de la familia: la Universidad Adolfo Ibáñez, donde llegó a ser Decano de la Escuela de Gobierno. Lo sabroso del asunto fue que su fichaje académico provocó más de algún roce entre el diputado Gonzalo Ibáñez -a quien no le gustó la aparición de Allamand- y sus parientes.

Aunque con montos menores, hubo otras empresas conocidas que quedaron registradas como donantes. La Isapre Colmena Golden Cross S.A., por ejemplo, figura aportando $2 millones a la campaña de la hoy diputada Denise Pascal (PS), menos de un mes antes de la elección. Ese fue el único “aporte público” que declaró Pascal.

Cerrando la breve lista –y registrando un aporte aún menor- se encuentra Echeverría Izquierdo Ingeniería: $800 mil para la campaña del diputado PPD Patricio Hales, según lo indicó este último.

Fuera de esta nómina, el resto de empresas mencionadas corresponden a sociedades menos conocidas. No pocas están vinculadas de uno u otro modo a los mismos candidatos, lo que refleja otro aspecto interesante de estas rendiciones: la tendencia a declarar como ingresos –y no como gastos- dinero o bienes propios, de la respectiva familia o de su mismo equipo de campaña. Son sólo algunos de los bocadillos que arrojan los datos del Servel.

La familia, los amigos y el bolsillo propio

Son muchos los diputados que dijeron haberse metido la mano al bolsillo y lo declararon como ingreso. Entre ellos figura la diputada Carolina Goic (DC), que en su rendición incluyó el usufructuo de su propio vehículo para ser usado en la campaña, lo que valorizó en $ 1.500.000. Algo similar hizo el también falangista Eduardo Saffirio, al estimar el uso que le dio a su propia camioneta como un insumo de $2.250.000. Lo mismo hizo Patricio Walker (DC) con una camioneta y un jeep suyos, cuyo uso tasó en $1.600.000.

Otros recurrieron a la familia. El RN Joaquín Godoy –que hoy postula a la reelección – declaró muy pocos ingresos plenamente identificados. Uno de ellos fue lo que declaró como un aporte de su madre, la entonces también diputada RN Carmen Ibáñez: como le permitió usar su sede parlamentaria para la campaña, entonces Godoy estimó que eran $ 600 mil más a favor. Lo que no se dice, es si dicha sede era pagada con la asignación parlamentaria de la diputada.

Un poco más de ayuda familiar dijo haber recibido la RN Ximena Valcarce. Declaró que su padre, el polémico ex alcalde de Arica Carlos Valcarce, le entregó $720 mil, más un vehículo valorizado en $300 mil. La diputada también declaró haber recibido $4.521.980 de la empresa Enfasis Publicidad Visual Limitada, que opera en el norte del país postulando a contratos y licitaciones.

Descontando una donación de la UDI por $ 2 millones, el diputado de ese mismo partido Marcelo Forni sólo declara un aporte público proveniente de privados: el comodato de un letrero caminero de la empresa Publivía S.A., por $600 mil. Fuera de ello, Forni documentó ingresos por un total de $51.299.510.

Una lógica distinta aplicó el UDI Darío Paya para los donantes que identificó. En vez de pedirle dinero a los suyos, registró como un ingreso de $900 mil el uso en comodato de la camioneta de su entonces jefa de campaña, Carol Bown Sepúlveda. Esta última fue después candidata a alcaldesa por Quilicura y es hija del presidente de la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), Ronald Bown. Paya no declaró ningún otro tipo de aporte “público”.

Otros diputados fueron más allá, al anotar como ingresos ya no sólo aportes de sus cercanos, sino dinero en efectivo que colocaron ellos mismos: muchos figuran entregando parte de su dieta parlamentaria o liquidaciones de sueldo. Un ejemplo es Claudia Nogueira (UDI), hoy investigada por irregularidades en el manejo de sus gastos parlamentarios y cuyo marido, Gonzalo Cornejo, no fue a la reelección como alcalde de Recoleta por su rol en el bullado caso GMA. La diputada dijo haberse aportado a sí misma poco más de $10 millones. Pero también declaró como ingreso una suma de $21.745.000 lo que calificó como “trabajo de voluntarios” en su campaña.

Nicolás Monckeberg (RN), por ejemplo, no anotó ningún aporte de terceros con nombre y apellido, pero declaró haberse “donado” a sí mismo $3 millones. Claro que eso es una cifra pequeña al lado de los “aportes reservados” que recibió y que alcanzaron a $45.517.442.

Reservados y anónimos

Es precisamente bajo el rótulo de aportes “reservados” donde se encuentra registrado el grueso de los ingresos de las campañas del 2005: nadie sabe quién puso cuánto y a quién. Corresponde a dineros canalizados a través del Servicio Electoral, y que en las planillas aparecen muchas veces agrupadas bajo una cifra global. Es decir, en el papel no hay límites. La diputada Marcela Cubillos (UDI), por ejemplo, declaró haber recibido en forma reservada $80.248.768, y no identificó a ninguno de sus financistas, descontando los fondos provenientes de su mismo partido.

Otro caso es el ex diputado RN Maximiano Errázuriz, expulsado de su partido, cuestionado e investigado por la Contraloría y el Ministerio Público a raíz de gruesas irregularidades en sus sedes distritales. En su momento sólo declaró tres aportes: uno propio por algo más de $1 millón, un reembolso solicitado por poco más de $ 30 millones, y un solitario aporte reservado de $69.055.473. A diferencia de la gran mayoría de los casos, en su planilla no se especifica la fecha ni otros detalles de ninguno de sus ingresos.

Varios diputados que prefirieron dejar en el anonimato a sus financistas no sólo anotaron aportes “reservados” sino que también “anónimos”. La diferencia es que estos últimos sólo son en dinero y en conjunto no pueden superar el 20% del límite de gastos; además, cada uno de los “aportes anónimos” tiene un límite de 20 UF.

El resultado fue que varios parlamentarios ingresaron estos dineros sin remitente al límite de la norma, armando extensas listas de aportes, todos por el mismo monto. El diputado Roberto Sepúlveda (RN), por ejemplo –quien no identificó a ninguno de sus financistas-, fue casi simétrico: declaró 100 “anónimos” por $100 mil y otros 72 por $200 mil, hasta completar $24.400.000 por esa vía.

Otro diputado cuyos ingresos se mantuvieron en la discreción máxima fue Rodrigo González (PPD), quien salvó de ser procesado en el juicio por los “empleos brujos” de la Quinta Región. Los aportes anónimos y reservados que declaró alcanzan a $57.274.081.

Y aunque las normas estaban claras, hubo quienes las pasaron por alto. No resultó electo, pero el ex diputado y actual subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros (DC), declaró un “aporte anónimo” por $3.774.780, sobre el cual no entrega ninguna fecha. Como ya se dijo, el monto excede lo permitido para ese tipo de ingresos: 20 UF. Al 1 de diciembre del 2005, 20 UF eran $359.520

De compromisos y apuestas fallidas

Entre los ingresos de los candidatos también pesaron, en algunos casos, lo que puso cada partido: eso refleja qué tan fuerte se apostó por tal o cual abanderado. Los que recibieron “poco” registraron aportes de su colectividad por 1 ó 2 millones, cifra notoriamente superior en otros casos. Claro que no siempre los gestos se devuelven.

Así pasó, por ejemplo, con el diputado Eduardo Díaz (PRI). Ex UDI, ex DC, ex independiente y hoy militante del partido de Adolfo Zaldívar, el 2005 fue electo por la DC. Los entonces dirigentes de la Falange probablemente habrían reconsiderado la decisión de donarle $12 millones a su campaña si hubiesen sabido lo que venía después. Díaz declaró además, haberse aportado poco más de $10 millones, a lo que sumó el uso de una camioneta suya, avaluado en $1.350.000.

¿Dirá lo mismo el senador Guido Girardi del actor y diputado Álvaro Escobar? Este último fue electo por el PPD, pero luego renunció criticando duramente a sus dirigentes, entre ellos al polémico Girardi. Resulta que este último le aportó a la campaña de Escobar $525 mil para financiar un evento en Cerro Navia, según señalan las planillas de ingresos. El diputado, que hoy apoya entusiastamente a Marco Enríquez-Ominami, también declaró como aporte el uso del vehículo de su pareja, Paulina Aguilar.

Pese a que el hoy subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete (PRSD) perdió la elección en el 2005, su partido no parecía tenerle poca fe, pues le aportó $33 millones.

Algo parecido ocurrió con Sergio Espejo (DC). Antes de llegar al Ministerio de Transportes para inaugurar el Transantiago –cuyo fracaso le costó la salida del cargo- postuló a la Cámara el 2005. Aunque perdió, la Democracia Cristiana de todas formas le aportó $15 millones.

También perdió, pero el hoy presidente del Metro y yerno del ministro Edmundo Pérez Yoma, Clemente Pérez (DC), estuvo a punto de romper el doblaje RN-UDI en Las Condes el 2005. Entre sus donantes identificó a Alwyin Abogados Ltda con $500 mil y a Inversiones y Desarrollo Alfil Limitada con $300 mil. Esta última cuenta entre sus socios al ingeniero civil Luis Elías Arze Cyr, quien fue director de la sanitaria Esval durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Pero si de donaciones políticas y compromisos se trata, uno de los casos más curiosos es el del diputado Gabriel Silber (DC). De partida, es casi el único que identifica a la mayoría de sus financistas: 8 de 12 de los ingresos que certificó. Segundo, la mayoría eran funcionarios públicos o lo serían poco después de la elección, partiendo por su madre y entonces alcaldesa de Quilicura, Carmen Romo, que le donó $8 millones.

En tanto, Alejandro Smythe Etcheber, que fue director de la Conama Metropolitana entre enero de 2006 y marzo de este año, le entregó a Silber $ 2 millones. La misma cifra le aportó Isidoro Guitilitz Assael, gobernador provincial de Chacabuco entre junio de 2008 y enero de este año. Con el mismo monto se puso Marcel Méndez, entonces administrador municipal de Quilicura. El mismo Silber se aportó $ 3 millones.

Pero Silber además declaró haber recibido $18 millones de la empresa Aridos Quintay S.A. Lo curioso es que dicha empresa tuvo posteriormente numerosos problemas con el mismo municipio de Quilicura y con la Conama –en la época que Smythe estaba en el cargo- a raíz de diversas irregularidades e infracciones ambientales que culminaron cuando la Corema Metropolitana sancionó a la empresa en enero de 2008, ordenando la paralización de obras de su proyecto “Regularización de áridos cantera Cerro Portezuelo y Planta de Procesamiento”.