Octubre debía ser el mes en que el Senado haría públicas en su página web las declaraciones de patrimonio y de intereses. Así lo había acordado la comisión de Régimen Interno el 16 de septiembre y según lo planeado, coincidiría con la renovación de su portal electrónico. Pero no fue así. Según explicó el secretario general de la Cámara Alta, Carlos Hoffmann, en una carta fechada el 10 de noviembre, el atraso se debió a problemas en el servidor. En todo caso, tres días después de enviar la misiva, los documentos estuvieron on-line y a disposición de quien quiera revisarlos, sumándose así a la iniciativa que ya han tenido Cámara de Diputados, la Corte Suprema y algunas reparticiones del gobierno central.

En mayo, CIPER se adelantó y publicó los formularios con los bienes, platas y deudas declarados por los senadores -que hasta antes de ayer sólo podían ser consultados en el mismo Congreso- y, a pesar de que en una investigación posterior establecimos que al menos 13 de los 38 parlamentarios omitieron información al llenar las planillas, sólo tres plasmaron cambios en su patrimonio.

En el mismo reportaje, quedó en evidencia que no existe un proceso de control de veracidad de la información registrada en estos documentos. Y lo más grave, que no hay sanciones para quienes omiten información en sus declaraciones de intereses. Precisamente para poder determinar eso fue que el 11 de julio solicitamos al presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, información acerca de las sanciones a las que los congresistas se exponen al omitir datos en dichos formularios, así como de las normativas que los regulan. La respuesta tardó, pero llegó.

El 11 de noviembre, cuatro meses después de pedir la información, recibimos una misiva firmada por Carlos Hoffmann y enviada por encargo del presidente de la Cámara. En ella, el secretario del Senado detalla las leyes y reglamentos que regulan el procedimiento, los que a su vez revelan la falta de prolijidad de los parlamentarios al llenar sus declaraciones de intereses.

Las reglas del juego

En la carta, Hoffmann dice que «la obligación de los senadores de efectuar las mencionadas declaraciones se encuentra regulada en los artículos 5ºC y 5ºD de la Ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional«. Según la mencionada normativa, en el caso de las declaraciones de patrimonio, los miembros del Senado deben cumplir con las mismas exigencias que los demás funcionarios de la administración del Estado, ejecutivos de empresas públicas, diputados y miembros de los tribunales superiores de justicia. Las multas a las que se refiere la ley se les aplican sólo en caso de atraso en la entrega (de 10 a 30 UTM, es decir hasta $1.120.000) y la no actualización cuando haya cambio en su patrimonio (de 5 a 15 UTM, hasta $560 mil).

Hoffmann agrega que «la Comisión de Ética del Senado conocerá y resolverá acerca de la aplicación de dichas sanciones».

El problema es que nadie verifica que no haya omisiones o cambios patrimoniales que justifiquen una nueva declaración. De hecho, pese a las inconsistencias detectadas por CIPER, desde que la ley entró en vigencia en marzo de 2006, no han existido sanciones en la Cámara Alta.

Pero lo más grave ocurre con las declaraciones de intereses. Si las de patrimonio no cumplen el objetivo de entregar información que le ceda a la ciudadanía la capacidad de dimensionar de forma real lo que los senadores poseen -pues no exige valorizar los bienes-, la manera en que llenan las de intereses no permite ni siquiera hacerse una idea de qué materias son las que afectan su patrimonio. Esto, pues la ley detalla explícitamente el tipo de información que el formulario debe contener y muy pocos cumplen con lo exigido. Por lo mismo, resulta imposible fiscalizar si alguno de ellos votó o no a favor de algún proyecto que le pueda beneficiar directamente. Y más difícil aún, si los frutos le pueden llegar de forma indirecta.

Las reglas están contenidas en los artículos 2º al 6º del decreto Nº99 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que exige identificar claramente las actividades profesionales y comerciales de los declarantes. Y aunque el reglamento no especifica que los senadores se deban regir por él, la carta de Hoffmann asegura que es así. Pero en la práctica eso no ocurre. Y sólo basta con mirar las declaraciones que se encuentran en el nuevo sitio web del Senado para darse cuenta.

¿Cuáles son sus intereses?

Los datos que se deben incluir en las declaraciones de intereses son claros y muy específicos. En el formulario hay tres espacios de importancia en los que, según la normativa mencionada, hay que anotar toda la información que permita individualizar las actividades profesionales, las comerciales y las menciones u observaciones que el declarante estime procedentes. Y son precisamente esos espacios los que presentan problemas.

En la declaración de la ex presidenta de la DC, Soledad Alvear, dice: «Individualización de actividades profesionales: Abogada; Individualización de actividades económicas en que participa: Depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones». Nada más. No específica dónde tomó los depósitos a plazo, en qué fondos mutuos invirtió y tampoco de cuáles empresas posee acciones. Tampoco, como lo solicita la ley, especifica el tipo de actividad profesional que realiza, la naturaleza de la contratación, la individualización de la persona natural o jurídica a quien presta los servicios, la remuneración o la circunstancia de no haberla, ni la antigüedad del vínculo. Todos esos datos quedan como una incógnita. Le preguntamos a la senadora sobre su declaración, pero no recibimos respuesta.

Lo mismo ocurre con la declaración del senador Carlos Cantero, quien anota: «Individualización de actividades profesionales: Geógrafo profesional, consultor; Individualización de actividades económicas en que participa: Inversiones Geoandes Limitada». Sobre a qué área de negocios se dedica Inversiones Geoandes, ni una palabra. Con esa información resulta imposible saber cuáles son sus intereses.

Pero las de Alvear y Cantero no son las únicas declaraciones deficientes. CIPER comprobó que mucha de la información contenida en las declaraciones de patrimonio no es incluida en la de intereses, y viceversa. Sociedades, acciones o depósitos que son nombrados y no se explican o que, incluso, ni siquiera son mencionados.

El senador Fernando Flores nos explicó que no incluyó en su declaración de intereses la Fundación Mercator -que sí está consignada en la de patrimonio- porque, «por ser una fundación sin fines de lucro, no constituye intereses comerciales». Pero el reglamento, que según Hoffmann rige tanto para funcionarios públicos como para parlamentarios, no le da esa opción: «Se entenderá por actividad económica el ejercicio o desarrollo por parte de la autoridad o funcionario, de toda industria, comercio u otra actividad que produzca o pueda producir renta o beneficios económicos, incluyendo toda participación en personas jurídicas con o sin fines de lucro», dice en su artículo 5º.

Y así, son muchas las declaraciones que simplemente omiten información relevante. La sanción que se aplica en estos casos a los funcionarios públicos está establecida en el artículo 25º del reglamento: «La inclusión de datos relevantes inexactos y la omisión inexcusable de información relevante en la declaración de intereses de los funcionarios y autoridades señaladas en los artículos 7º y 8º, serán sancionadas administrativamente con la medida disciplinaria de destitución». Pero para los parlamentarios esa regla no corre. Tampoco la multa correspondiente si la entregan fuera de plazo.

-En caso de no efectuar la declaración de intereses, dentro de los plazos establecidos, el Secretario General del Senado dará a la publicidad la individualización de los parlamentarios que se encuentren en esa situación -escribe en su carta Carlos Hoffmann, sin agregar nada sobre el castigo por la no presentación del formulario.

Cambios en el patrimonio

A pesar de las consultas realizadas por CIPER a cada uno de los senadores por las diferencias y omisiones encontradas, todas las declaraciones de intereses que publicó la Cámara Alta en su nuevo sitio web son las mismas que entregaron sus miembros en 2006. Ninguno la hizo de nuevo. No sucedió lo mismo con los datos patrimoniales. De los 38 senadores, tres registran cambios en sus bienes y deudas: el radical José Antonio Gómez, el ahora ex PS Alejandro Navarro y el RN Sergio Romero.

En el caso de Gómez hay sumas y restas. El precandidato presidencial por el PRSD adiciona a su patrimonio un inmueble en Antofagasta por $48.000.000 y la sociedad Inmobiliaria GKD S.A., la misma cuya omisión ya había sido detectada por CIPER en el reportaje anterior. En su nueva declaración Gómez resta también todos los vehículos y los bienes de su cónyuge. Además, agrega tres pasivos: un crédito hipotecario y otros dos que cataloga como «comercial».

Las modificaciones de Romero son menores: cambia de domicilio, pero no agrega inmuebles, y elimina un departamento con su respectiva bodega en Viña del Mar y la sociedad Chicureo Desarrollos Inmobiliarios.

El cambio que más resalta es el de Navarro: dejó de ser el más austero de los parlamentarios. En su antigua declaración de patrimonio -presentada en 31 de julio de 2006-, el senador incluía sólo un inmueble -un sitio en Tomé- por un valor aproximado de $1,5 millón, dos autos Subaru del año ’95, una micro Mercedes Benz de 1976 y tres deudas con el Banco del Desarrollo que sumaban $49 millones.

A propósito de la publicación de CIPER, Las Últimas Noticias lo entrevistó el 2 de junio pasado, resaltando el hecho de que era el más austero de los senadores. «No es malo ser rico, aunque hay que dar hasta que duela, claro que a unos les duele apenas se meten la mano al bolsillo. Esto es para mayor transparencia», dijo entonces Navarro sobre la publicación de las declaraciones de patrimonio.

Lo que no dijo en esa entrevista, lo incluyó en un anexo complementario presentado el 3 de octubre pasado. En éste asegura haberse deshecho de los vehículos viejos. Además, consigna una casa en Penco (con un valor comercial de $37 millones) y otros siete vehículos adquiridos en los últimos dos años: dos Caravan Chrysler de 2007, dos FIAT (uno de 2005 y otro de 2002), una camioneta Chevrolet y un furgón KIA de 2003 (que en realidad está a nombre de su hermano Julio) y otra micro Mercedez Benz, aunque ésta es de 1990.

La tasación fiscal de los vehículos es de $40.800.000, aunque si tomamos en cuenta los valores del mercado, sólo por los automóviles el senador debió haber desembolsado, a lo menos, $56.000.000 en los últimos dos años. Todos ellos fueron adquiridos a través de Forum, una empresa de servicios financieros.

Pero Navarro no es famoso por sus múltiples autos, sino que por la moto en que llegó a renunciar al PS. De acuerdo a los registros oficiales, la moto fue adquirida mucho antes de la actualización de su declaración, en febrero de 2008. Su valor comercial bordea el millón de pesos.