La creciente violencia que vive México está siendo alimentada por el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos. De acuerdo a este reportaje publicado por la revista PODER de México, por primera vez los estadounidenses están colaborando de manera importante para evitar el problema.
Reducir al enorme tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México ha sido una de las grandes prioridades de la campaña contra el crimen organizado de la administración de Felipe Calderón. Según el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, 95 por ciento de las armas que se están decomisando y rastreando en México, viene del mercado comercial estadounidense. Desde el primer día de su mandato, Calderón pidió que Washington, cuyos gobiernos tradicionalmente han hecho muy poco para detener el cruce transfronterizo de armas, asumiera su responsabilidad en esta guerra que ha cobrado la vida de 5,290 personas, incluidos más de 800 policías y militares, en menos de dos años.
Aunque es más fácil pedir que dar, Washington está tratando de ayudar. «En más de 20 años que llevo trabajando en esta lucha contra el tráfico de armas, nunca había visto, lo digo con toda franqueza, un nivel de colaboración y cooperación con México como el que tenemos ahora -declara James Newell, agente especial a cargo de la ATF en Phoenix-. El director de ATF Michael Sullivan y el procurador general de México, Eduardo Medina Mora, tienen una buena amistad. Se reúnen y hablan frecuentemente. Ambos reconocen el problema».
En entrevista con PODER, Newell, quien también dirige las operaciones en Nuevo México, dice que la prioridad de la ATF en el sureste del país es detener el trasiego de armas. «Cuando uno visita México, lo primero que oye de los funcionarios mexicanos es que el flujo de armas es el problema número uno. Aquí en Arizona conocemos muy bien que las armas están incentivando la violencia. Esta guerra es una guerra mutua. Las balas no se detienen mágicamente en la línea fronteriza. Los narcos no respetan fronteras».
Muestra de la buena voluntad estadounidense es el hecho de que el Congreso, en forma paralela a la Iniciativa Mérida -nuevo paquete de ayuda antinarcóticos por 400 millones de dólares para México- pretende asignar 100 millones de dólares para la ATF en el año fiscal 2009, indicaron fuentes legislativas. «No está en el interés de Estados Unidos crear una situación contraproducente en la que un programa de asistencia externa clave, destinado a ayudar a un vecino y fortalecer la seguridad nacional, esté siendo socavado por un flujo ilegal de armas que tiene su origen en nuestras propias fronteras», dice el estudio The Merida Initiative: «Guns, Drugs and Friends», encargado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Coordinación bilateral
Con el objetivo de darle un enfoque nacional al esfuerzo transfronterizo, la ATF lanzó el Proyecto Gunrunner. «Los jefes regionales de las oficinas en Texas, California y Arizona, nos reunimos en El Paso y analizamos toda la inteligencia que teníamos. Nos dimos cuenta que estaba próximo el inicio de una etapa nueva y más peligrosa en la guerra fronteriza. No sólo en términos del incremento numérico de armas, sino de la sofisticación de éstas, armas de asalto de tipo militar, como la AK-47 y AR-15. Se sabe bien que las drogas vienen al Norte y las armas van al Sur». Para mantener el enlace con la ATF, México creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas), integrado con la representación de seis secretarías (SRE, SDN, Semar, SHCP, SG y SSPF), y bajo la batuta de la Procuraduría General de la República (PGR).
Gracias al Proyecto Gunrunner, en 2007 la ATF rastreó 6,532 armas aseguradas en México. De estas, 3,214 son pistolas, 1,804 rifles, 987 revólveres, 482 fusiles, 22 metralletas y el resto de diversos tipos. La mayoría fue adquirida en tres estados: Texas (1,131), California (436), y Arizona (238). Pero México también confiscó armas compradas en lugares tan recónditos como el estado de Washington y Puerto Rico. Identificar el origen de este armamento permite iniciar investigaciones potencialmente delictivas, como la que llevó al arresto en Phoenix en mayo pasado del dueño de X Caliber Guns, George Iknadosian y nueve cómplices, incluidos dos mexicanos, que surtían a los carteles de la droga. En esa ocasión, reporta Newell, la ATF decomisó 2,200 armas de asalto, que hubieran terminado en México. La ATF demostró que Iknadosian vendió 1,000 armas de ese tipo a los traficantes mexicanos. Newell dice que los rifles vendidos por X Caliber siguen siendo asegurados en enfrentamientos violentos, como el que dejó ocho policías federales muertos en Culiacán. El dueño enfrenta cadena perpetua. Aunque es el caso más espectacular, Newell sostiene que hay muchas más detenciones en toda la frontera con México y el resto del país. «Cada día, cada semana, estamos arrestando traficantes».
Datos inéditos proporcionados a PODER por la PGR, revelan que en los 21 meses del gobierno de Calderón -del 1 de diciembre al 31 de agosto de 2008- se han asegurado 20,082 armas (10,820 en los primeros ocho meses de 2008), de las cuales 10,763 son largas, en su mayoría fusiles de asalto; 1’958,974 cartuchos y municiones (1’153,128, entre enero y agosto de 2008), así como 1,402 granadas. En comparación, según la PGR, el promedio anual de armas largas aseguradas entre 2002-2006, fue de 2,500. Las marcas estadounidenses confiscadas son: Colt, Smith & Wesson, Sturm Ruger, Remington, Winchester, Beretta, Browning, Marlin Firearms, Jennings Firearms y Raven Armas. Otros países de origen son España (Llama Gabilondo y Star) y China (Norinco). Beretta también se fabrica en Italia y Browning en Bélgica, Alemania, Italia y Japón. Los datos de la PGR no revelan, sin embargo, qué porcentaje del armamento asegurado ha sido rastreado en 2008. «Estamos trabajando con las agencias policíacas mexicanas, pero es aún muy bajo», admite Newell. La ATF sólo reporta cifras anuales.
De acuerdo con la PGR, los estados de la República Mexicana donde el decomiso de armas largas, municiones y granadas es más elevado, son aquellos donde la guerra al narco ha sido intensa: Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Chiapas y Veracruz. El cartel del Golfo, los Zetas, y los carteles de los Arellano Félix y del Pacífico, en ese orden, son identificados por la PGR como las organizaciones a las que se les ha asegurado mayor número de armas de fuego y de características especiales por su versatilidad, potencialidad lesiva, alcance y penetración.
No es posible medir numéricamente el impacto real que está teniendo el incremento en los aseguramientos sobre la capacidad de poseer y acopiar armas de los carteles. Ni la ATF ni la PGR se atreven a hacer estimaciones. «No se sabe, es como querer cuantificar la droga que entra a Estados Unidos de México. Es muy difícil vaticinar con cifras. Sin saber cuántas armas cruzan diariamente, es imposible saber qué porcentaje se está rastreando. Lo único que puedo decir es que no es suficiente», responde Newell. La PGR argumenta que no se tiene un dato preciso sobre el volumen de armas en México, «precisamente por su ilegalidad».
¿Guerra inútil?
Con todo, el incremento en los aseguramientos muestra la magnitud, no el fin del problema. Sin menospreciar el esfuerzo de las autoridades, acabar con el tráfico de armas es tan irreal como creer que algún día viviremos en un mundo sin drogas ilegales y drogadicción. Paradójicamente, el obstáculo número uno está intrínseco en las leyes y la cultura estadounidenses. Los esfuerzos bilaterales son un caso en el que las leyes y prácticas internas de un país operan en dirección contraria a ciertas metas de su política exterior y de su interés nacional. Estados Unidos tiene una de las legislaciones internas sobre adquisición de armas más permisivas en el mundo, incluso de armas con calibres que en otros países, como México, son del uso exclusivo del ejército. En defensa de dichas leyes, se yergue uno de los lobbies más poderosos, el representado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Con base en una interpretación extremista de la Segunda Enmienda de la Constitución (ampara el derecho a poseer y portar armas), la NRA invierte millones de dólares en confrontar a todo aquel que se atreva a promover el endurecimiento de las leyes sobre armamento.
En septiembre de 2004, el lobbismo de la NRA se anotó uno de sus mayores éxitos cuando el presidente George W. Bush declinó renovar la prohibición impuesta por el demócrata Bill Clinton en la venta de 19 tipos de rifles de asalto militar a civiles, los favoritos de los carteles. Durante los 10 años que estuvo vigente, la violencia en las calles y escuelas de Estados Unidos se redujo. El fin de la veda, por sí solo, fue el gran detonador que inundó México de AK-47 y AR-15. El Centro Brady para Prevenir la Violencia Armada, organización bipartidista que lucha por la promulgación de políticas públicas y leyes más estrictas que regulen la venta de armas, describe a la NRA como la «mejor amiga de los criminales».
James Jay Baker, actual asesor político del candidato presidencial republicano John McCain y lobbista registrado de la NRA, jugó un papel clave en la suspensión de la veda, llegando a reclutar a una espía para que infiltrara a grupos que favorecían extenderla. El contubernio de la NRA -de la que es miembro vitalicio Sarah Palin, compañera de fórmula de McCain- con el Partido Republicano ha vuelto tabú vincular el fin de la veda en la venta de rifles de asalto con la violencia en México. «Es un tema que no puedo tocar», responde Newell, al preguntársele sobre la coincidencia entre el fin de la prohibición y el súbito incremento del poder de fuego de los carteles mexicanos.
Gracias a organizaciones como la NRA, la población estadounidense, una de las más violentas del mundo, está saturada de armas de fuego. Son pocos los hogares que no poseen una pistola o rifle. Todd Reichert, Agente Especial supervisor de la ATF en las oficinas en Washington, informa que actualmente hay 60,000 armerías particulares con licencia expedida por la ATF. La mayor concentración de permisionarios está en los estados fronterizos: Texas tiene 4,990; California, 2,259; Arizona,1,449 y Nuevo México, 662. Total: 9,360 armerías. (Medina Mora dice que son 100,000 a escala nacional y que 12,000 están en la zona fronteriza).
Otro gran mercado son los famosos gun shows, ferias montadas los fines de semana en las que se venden armas de todos los colores y sabores. Ciertos estados, como Arizona, no requieren que los vendedores de los gun shows pidan identificación oficial al comprador, lo que atrae delincuentes de otros lugares. «Muchos pandilleros vienen a Arizona, porque aquí no se requiere revisión de antecedentes. En California uno no puede ir a un gun show -dice Newell- y comprar una pistola sin tener que someterse primero a una revisión de antecedentes penales». Algunas de las armas que se usaron en la masacre de la escuela Columbine en 1999 fueron adquiridas en un gun show. Una de las jóvenes que compró armas por encargo dijo al Centro Brady que jamás lo hubiera hecho si le hubieran pedido su licencia de conducir.
Entre los clientes más asiduos de los gun shows destacan los llamados straw buyers, prestanombre e intermediarios que hacen adquisiciones de armas para los carteles o intermediarios de éstos. Las armas son introducidas a México no en grandes cantidades sino en operaciones hormiga, es decir, entre tres y cinco unidades, ocultas en vehículos, llantas de refacción, respaldos de asientos, oquedades fabricadas en las carrocerías, etc. Newell dice que los narcotraficantes prefieren el tráfico hormiga pues es menos arriesgado. Y armamento no es lo único que trafican. «También tenemos traficantes de municiones. Gente que viene a Estados Unidos con la única intención de abastecerse de municiones y regresar a México con un baúl lleno». En esos baúles cruzan las llamadas balas matapolicías, para las pistolas FN-5.7, capaces de penetrar los chalecos blindados que usan la policía y el Ejército mexicanos.
La ATF en México
En 1992, ante la insistencia del gobierno mexicano, rebasado por el poder de fuego de los carteles, la administración de George Bush padre envió a la Embajada de Estados Unidos en México a un representante del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Creada en 1971 con la misión de prevenir e investigar delitos relacionados a la venta, fabricación, posesión y uso ilegales de armas de fuego y explosivos, el primer agregado de la ATF llegó con la instrucción de ayudar a rastrear el origen de las armas confiscadas en México, introducidas clandestinamente por la frontera.
En los noventa, el tráfico ilegal de armas era uno de los temas más contenciosos en la relación bilateral. Más de una década y media después, el aumento y descentralización de los agentes de la ATF en México, habla de un renovado interés en las autoridades estadounidense de colaborar con el gobierno de Felipe Calderón. «Estamos en México para ayudar a detener el flujo de armas ilegales. Por las razones que sean, nos han dado la bienvenida con los brazos abiertos. Es una gran relación», declara Harry Penate, agregado de la ATF, agencia que en 2002 pasó del departamento del Tesoro al de Justicia.
Para atender el pedido de ayuda de Calderón, Penate dijo a PODER que este año la ATF intensificó el entrenamiento de policías federales, estatales y municipales en el uso del sistema de rastreo de armas conocido como eTrace. El número de capacitados aumentó de unos 200 en 2007 a 750 en lo que va de 2008. «Gran parte de mi tiempo lo uso en la preparación de agentes federales y contrapartes mexicanos». El mes pasado, Penate pasó una semana en la Academia Superior de Mandos de Policías en San Luis Potosí, capacitando en la identificación de explosivos, recuperación y aseguramiento de pruebas y tácticas de protección. «Entrenamos a todo mundo, desde el investigador que elabora el caso hasta el fiscal». México también envía técnicos a las escuelas de la ATF en Estados Unidos para enseñarles cómo recuperar los datos de armas que han sido demolidas.
A partir de mayo de este año, los nueve consulados de Estados Unidos en México -Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana-, tienen a su disposición el sistema eTrace. La ATF prevé que entre 12 a 18 meses esta página web con acceso bajo fuertes controles de seguridad, que contiene banco de datos de los registros de las armas confiscadas de procedencia estadounidense, podrá ser consultada en español.
El rastreo, dice Penate, permite identificar y referir a las oficinas regionales en Estados Unidos a individuos y células de prestanombres, responsables de la compra ilegal de las armas enviadas a los carteles. «Gracias a la relación que hemos cultivado con el gobierno del presidente Calderón -dice Penate- nuestro esfuerzo en México ha sido muy exitoso y quizá sea todavía más en el futuro. Estamos comprometidos a detener el flujo de armas ilegales. Esperamos continuar esta sociedad con nuestras contrapartes mexicanas».
Visiones encontradas
Por Maurizio Guerrero, ciudad de México
Las armas de fuego, como pocos temas, dividen a Estados Unidos de México. Lo que allá es legal, acá es ilegal. Lo que los estadounidenses consagran como uno de sus derechos básicos, la autodefensa, los mexicanos lo ceden sin discusiones al Estado y lo alejan del ciudadano común. Así, frenar el tráfico de armas entre México y la Unión Americana o, al menos, reducirlo, parece una tarea titánica. En especial, si se toman en cuenta los 300,000 cruces fronterizos en promedio al día y que en sólo cinco por ciento, elegidos al azar, hay revisiones.
La disparidad de visiones no sería un problema en realidad, de no ser por los niveles de violencia en México y porque la capacidad de fuego del crimen organizado es cada vez más evidente y desafiante.
No hay estimaciones sobre el número de armamento ilícito en este país, pero de los decomisos -20,082 en lo que va corrido del actual gobierno, según la Procuraduría General de la República-, más de 90 por ciento es fabricado y vendido en Estados Unidos. Y, en su mayor parte, introducido ilegalmente al territorio nacional. El resto del parque es ruso, serbio, brasileño e israelí.
Texas y California, en ese orden, representan los surtidores principales de los sicarios en México que, sólo en la franja fronteriza, cuentan con alrededor de 4,500 armerías para escoger. Las compras las hacen ciudadanos de Estados Unidos sin antecedentes penales y quedan registradas. No obstante, expertos aseguran que cada vez más armas confiscadas corresponden a adquisiciones en mercados informales.
Las rutas más socorridas, de acuerdo con la PGR, pasan por Baja California Norte y por Tamaulipas, los extremos. Y, una vez en el país, se desbordan por la geografía, hasta cruzar incluso hacia el sur y abastecer a la delincuencia centro y sudamericana.
¿Hay posibilidades de abatir el transporte de armamento entre países?, ¿o, al menos, de dificultarlo? Dos académicos, uno estadounidense y otro mexicano, concuerdan en que, por lo menos, hay interés en ambas naciones por el tema. «Por supuesto que Estados Unidos está interesado en detener el flujo de armas. Por eso existen esfuerzos entre la ATF (Oficina de Control de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de Estados Unidos) y el gobierno mexicano. Los costos humanos y económicos de la violencia sobrepasan por mucho cualquier clase de ‘beneficio’ para los fabricantes de armamento», explica George Tita, del Departamento de criminología, leyes y sociedad de la Universidad de California, en Irvine.
No obstante, los expertos no están seguros de si las estrategias adelantadas bilateralmente darán resultados -las operaciones Gunrunner y Armas Cruzadas- a largo plazo. «El problema es la enorme diferencia que hay entre las leyes de México y Estados Unidos. Deberían estar más alineadas, pero allá la posesión de un arma forma parte de sus valores fundamentales y difícilmente podrá cambiar la enorme flexibilidad para comprarla», opina José María Ramos, del Departamento de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.
La importancia que ocupa el tema, empero, ha aumentado en los últimos meses. En febrero de este año, tres gobernadores fronterizos -de BCS, Sonora y Tamaulipas-, en reunión oficial con el presidente George Bush, le pidieron tomar acciones más enérgicas para reducir el traslado de pertrechos. Y un mes más tarde, los alcaldes de las ciudades más pobladas del norte mexicano hicieron la misma petición.
Con cariño de Estados Unidos: control de armas en la frontera en Vivir México (Gobierno) | 14.07.2011
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Efrén Trejo Lorenzana | 29.11.2010
mi comentario seria el sig:
Mucho se dice y se repite que estados unidos es el culpable por las armas que ingresan a méxico. YO DIRIA QUE NO ES ASI, ACASO LAS FRONTERAS ESTAN LIBRES PARA TODO TIPO DE MERCANCIA; VERDAD QUE NO ENTONCES DONDE ESTA LA FALLLA?
antonia | 10.11.2008
Violencia, narcotráfico, armas de fuego, son una poderosa y mortífera mezcla, muy dificil de combatir cuando ya está instaurada, por eso el trabajo no sólo debe darse en el ámbito represivo, sino poner un alto énfasis en la prevención, para que este mal no se arraigue. Creo que en Mexico han tardado mucho en darse cuenta de ello, por eso el tema está alcanzando niveles tan nefastos allí.
Como dice don Alberto Contreras Silva, en Chile, Carabineros y la Policía de Investigaciones realizan un trabajo preponderante en esta y otras materias. La preparación de nuestras policías es excelente y acorde al tiempo presente con el que deben lidiar.
Sin embargo hay que agregar que tambien nuestras políticas estatales con respecto al tráfico de armas y drogas, son mucho más rígidas, lo que le permite a las policías hacer efectivos y eficientes todos los esfuerzos desplegados.
Recordemos que en Chile sólo pueden tener armas y portarlas las fuerzas armadas y de orden y uno que otro ciudadano que debe cumplir con una serie de requisitos. Tambien hay que recordar las últimas campañas nacionales de entrega voluntaria de armas ilegales, en comisarías, cuarteles e incluso en la Iglesia, por parte de quienes las tienen, etc., y aún así hay una no despreciable cantidad de armas en poder de los delicuentes y narcotraficantes.
Debiéramos agregar tambien, que nos favorece nuestra posición geográfica, y que ninguno de los paises que son nuestros vecinos son productores de armas. Tendíamos que pensar, ¿que pasaría si en Bolivia, Perú o Argentina produjeran armas como en EEUU?..., con la cantidad de pasos no habilitados que hay en el norte, el problema sería muchísimo más grave.
alberto contreras silva | 31.10.2008
Violencia y narcotráfico van de la mano , por lo mismo conocer la cantidad de armas que están en poder de los narcotraficantes, es imposible de precisar y ello ocurre en Chile , México , Colombia , etc , claro que en nuestro país ello no alcanza la gravedad de otros paises y ello en gran medida se debe a la gran labor que desarrollan Detectives y Carabineros, lo que les ha permitido decomisar droga en grandes cantidades, lo que generalmente va acompañada de incautaciòn de armas , de distintos tipos y calibre, destacándose ultimamente poderosas armas de guerra, las que permiten a los narcotraficantes tener más poder entre sus pares y con ello dar una señal para no ser objeto de las conocidas mexicanas . Por otra parte , en chile la comunidad confía en sus policías , por eso se logra una positiva inter acción , lo que conlleva una mayor información hacia Detectives y Carabineros y posterior a ello una mayor tranquilidad en la población . Muy interesante artículo y una llamada de atención a los gobiernos , para que prevengan , antes de enfrentarse a situaciones como las comentadas . Felicitaciones
En entrevista con PODER, Newell, quien también dirige las operaciones en Nuevo México, dice que la prioridad de la ATF en el sureste del país es detener el trasiego de armas. «Cuando uno visita México, lo primero que oye de los funcionarios mexicanos es que el flujo de armas es el problema número uno. Aquí en Arizona conocemos muy bien que las armas están incentivando la violencia. Esta guerra es una guerra mutua. Las balas no se detienen mágicamente en la línea fronteriza. Los narcos no respetan fronteras».
Con el objetivo de darle un enfoque nacional al esfuerzo transfronterizo, la ATF lanzó el Proyecto Gunrunner. «Los jefes regionales de las oficinas en Texas, California y Arizona, nos reunimos en El Paso y analizamos toda la inteligencia que teníamos. Nos dimos cuenta que estaba próximo el inicio de una etapa nueva y más peligrosa en la guerra fronteriza. No sólo en términos del incremento numérico de armas, sino de la sofisticación de éstas, armas de asalto de tipo militar, como la AK-47 y AR-15. Se sabe bien que las drogas vienen al Norte y las armas van al Sur». Para mantener el enlace con la ATF, México creó el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Control del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (GC-Armas), integrado con la representación de seis secretarías (SRE, SDN, Semar, SHCP, SG y SSPF), y bajo la batuta de la Procuraduría General de la República (PGR).
Con todo, el incremento en los aseguramientos muestra la magnitud, no el fin del problema. Sin menospreciar el esfuerzo de las autoridades, acabar con el tráfico de armas es tan irreal como creer que algún día viviremos en un mundo sin drogas ilegales y drogadicción. Paradójicamente, el obstáculo número uno está intrínseco en las leyes y la cultura estadounidenses. Los esfuerzos bilaterales son un caso en el que las leyes y prácticas internas de un país operan en dirección contraria a ciertas metas de su política exterior y de su interés nacional. Estados Unidos tiene una de las legislaciones internas sobre adquisición de armas más permisivas en el mundo, incluso de armas con calibres que en otros países, como México, son del uso exclusivo del ejército. En defensa de dichas leyes, se yergue uno de los lobbies más poderosos, el representado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Con base en una interpretación extremista de la Segunda Enmienda de la Constitución (ampara el derecho a poseer y portar armas), la NRA invierte millones de dólares en confrontar a todo aquel que se atreva a promover el endurecimiento de las leyes sobre armamento.
Otro gran mercado son los famosos gun shows, ferias montadas los fines de semana en las que se venden armas de todos los colores y sabores. Ciertos estados, como Arizona, no requieren que los vendedores de los gun shows pidan identificación oficial al comprador, lo que atrae delincuentes de otros lugares. «Muchos pandilleros vienen a Arizona, porque aquí no se requiere revisión de antecedentes. En California uno no puede ir a un gun show -dice Newell- y comprar una pistola sin tener que someterse primero a una revisión de antecedentes penales». Algunas de las armas que se usaron en la masacre de la escuela Columbine en 1999 fueron adquiridas en un gun show. Una de las jóvenes que compró armas por encargo dijo al Centro Brady que jamás lo hubiera hecho si le hubieran pedido su licencia de conducir.
