Las declaraciones que comprometen a Herrera en un proceso sobre DDHH

En esa declaración judicial de cuatro carillas, el detective Lizama corrobora haber recibido presiones de parte de Claudio Preller, jefe de gabinete del actual director de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera Verdugo, tendiente a alterar un informe policial que implicaba al general Miguel Trincado en la operación “Retiro de Televisores”.

“Efectivamente, habló conmigo don Claudio Preller, funcionario que servía el cargo de jefe de gabinete del Sr. Director, lo que ocurrió en noviembre de ese año (2005), que solicitó modificar el resultado de la investigación, respecto del teniente o general Miguel Trincado, a lo que respondí que yo había adquirido la convicción de que este oficial había participado en los hechos, además de que el informe estaba en el tribunal, y también, porque necesitaba el consentimiento de (el comisario) Sandro Gaete que firmó conmigo el parte 844 antes referido. Al regresar a mi Unidad, comprobé que Gaete conversaba por teléfono con Preller y en los mismos términos, negándose a cambiar las conclusiones del informe”.

No obstante que el comisario Abel Lizama postula que “no creo que hubiera existido intento de entorpecer esta investigación de parte del Sr. Director de Investigaciones”, en la misma declaración, señala que “debo admitir que Preller transmitió una orden de su Superior y así me lo transmitió”.

Una semana después de la declaración de Lizama, el ya retirado general Miguel Trincado fue careado con el suboficial (r) Manuel Aguirre Cortés, quien vinculó al primero en la coordinación de la remoción de cuerpos de ejecutados políticos en Calama. Al señalar Aguirre Cortés que Trincado habría realizado gestiones ante Arturo Herrera para “dejar nulo un informe” que lo imputaba directamente al caso de la operación “Retiro de Televisores”, Trincado precisó:

Arturo Herrera

“Lo que yo hice fue simplemente hacer una presentación formal el día 9 de noviembre de 2005, como persona natural, no como general, ante el Sr. Director de Investigaciones, para que me confirmara o descartara la existencia de un informe que se refería a mí y que me atribuye participación en los hechos señalados (…) Pedí una audiencia con el Sr. Director de Investigaciones, me informaron que estaba con una atención lumbar en su domicilio, y al insistir en que se trataba de algo urgente y pedir a la persona con quien conversé –sin recordar si era hombre o mujer- que me consiguiera la audiencia, me la otorgaron, no recuerdo si para el mismo día o el siguiente, pero concurrí al domicilio del Director referido (…) Nadie estuvo presente en la audiencia con el Sr. Herrera, quien me recibió en el living y la entrevista duró como 15 minutos”.

De acuerdo con ambas declaraciones judiciales, fue unos días después de la reunión de Herrera con Trincado que el jefe de gabinete del director de Investigaciones, Claudio Preller, se contactó con los comisarios Lizama y Gaete para que interfirieran a favor del retirado general.

Al término de la citada declaración del comisario Abel Lizama, éste señala que, “como consecuencia” de su negativa y la de Gaete de alterar el informe policial, “los recursos y medios para investigar las causas de derechos humanos que en mi unidad se tramitan se han visto disminuidos, pero sin tener otros problemas”.

Los problemas vendrían poco después. Junto con ser apartados de sus funciones habituales en la Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos, en septiembre último Lizama y Gaete presentaron una querella criminal ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por amenazas e injurias que circularon vía correo electrónico entre funcionarios policiales. En el mensaje, de acuerdo con la denuncia dada a conocer por El Mostrador, se leía que “los funcionarios de la Policía de Investigaciones están observando a los traidores Rafael Castillo, Sandro Gaete, Abel Lizama y Mario Zelada”.

Esta arista del caso operación “Retiro de Televisores”, que compromete la figura de obstrucción a la justicia, fue mencionada hace un par de semanas por el Presidente venezolano Hugo Chávez, quien acusó a Arturo Herrera, director interino de INTERPOL, de haber estado implicado en la exhumación ilegal de cuerpos ocurrida en 1979 en Calama. Días después, una vez que el gobierno y la oposición en Chile cerraron filas en defensa del director de la Policía de Investigaciones, el gobierno venezolano envío una excusa formal, retractándose de las imputaciones contra Herrera.