El hombre de la foto es Bill Gates, fundador del gigante informático Microsoft. Aparece en una cédula de identidad chilena gracias a un montaje del movimiento Liberación Digital, una de las organizaciones que el año pasado se opuso al acuerdo que permitiría al Registro Civil entregarle casillas electrónicas a todos los chilenos a través de la empresa de Gates. La gran polémica se olvidó rápido. Nunca se supo qué pasó. Esta investigación revela que el proyecto fracasó luego de que el ex director Guillermo Arenas, secundado por su asesor Andrés Contardo, hiciera una extraña propuesta que implicaba la intermediación de la Universidad de Valparaíso, con la que suscribió un contrato que hoy también está en la mira de la Fiscalía Centro Norte, que investiga las irregularidades en el organismo.
A mediados de 2007 la comunidad chilena de internet lanzó una alerta que se propagó de link en link: el Registro Civil y el gigante informático Microsoft preparaban un convenio que, de acuerdo a los reclamos vertidos en blogs y sitios especializados, terminaría entregándole a dicha empresa información personal de todos los chilenos. La polémica traspasó la red y el gobierno debió salir a defender la iniciativa que se publicitó como un gran avance en la digitalización del país. El convenio consistía en darle una casilla electrónica a cada uno de los chilenos, lo que Microsoft haría gratis. Sus detractores denunciaron que, en los hechos, el gobierno le regalaba a la empresa del magnate Bill Gates usuarios e información sensible, además de romper el principio de neutralidad tecnológica. Ante las suspicacias, el entonces director nacional del Registro Civil, Guillermo Arenas, defendió la iniciativa diciendo que «es imposible que se le vendan bases de datos a alguien y menos a los privados. Eso no ocurre ni ocurrirá jamás, así que los 16 millones de chilenos pueden estar tranquilos». Generar más de 15 millones de cuentas de correo requería un presupuesto exorbitante debido al volumen de información almacenada. Es por eso, aseguran fuentes de la industria informática y de gobierno, que el Registro Civil contactó a las tres grandes empresas que proveen este servicio gratuitamente: Yahoo, Google (gmail) y Microsoft (plataforma Live). De acuerdo a esta versión, sólo Microsoft estaba constituida en Chile y por eso se le adjudicó el proyecto. Tras el ruido inicial, no se supo más del tema. Nunca se hizo público que el proyecto fue abortado por Microsoft un par de meses después de que se desatara la polémica. Los entretelones que llevaron a cancelar la iniciativa cobran una dimensión distinta hoy, a la luz de las irregularidades detectadas en la licitación que adjudicó la plataforma tecnológica a la empresa india TATA. La investigación que sigue la Fiscalía Centro Norte puso en prisión preventiva al ex doble asesor de Tata y del Registro Civil, Andrés Contardo, acusándolo de revelar secretos sensibles de la licitación a la empresa india, datos por los cuales recibía un pago mensual de $3 millones. “Proyecto Alfa”, era el código usado entre el asesor informático y los ejecutivos de la compañía para referirse a la licitación, de acuerdo a la fiscalía “Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft”, es la primera pista que entrega un ingeniero que conoció de las tratativas y que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Sus dudas coinciden con los datos recogidos de numerosas fuentes, quienes aseguran que el rol del experto en informática no se limitó a asesorar a Arenas en la elaboración de las bases de la licitación de plataforma tecnológica que se adjudicó su otro empleador, TATA. Eso decía su contrato a honorarios, pero lo cierto es que Contardo tuvo numerosas funciones. Entre ellas, asesorar en las tratativas con Microsoft.
La cuña de Arenas
Los cuestionamientos públicos al proyecto de casillas electrónicas -bautizado como “domicilio digital”-, habían dejado a Microsoft en una posición incómoda. Aún así, sus ejecutivos en Chile estaban decididos a seguir adelante en las tratativas con el gobierno. Ya había dejado de ser tema de polémica pública cuando en octubre de 2007 tuvo lugar una de las reuniones entre las partes. La cita fue en la oficina de Alejandro Barros, secretario ejecutivo de la Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, que si bien no llevaba el detalle de las conversaciones, centralizaba una serie de convenios que el gigante informático estaba desarrollando con el Estado chileno. La mesa era amplia. El equipo de Microsoft estaba encabezado por su gerente general en Chile, Hernán Orellana, mientras que el Registro Civil era representado por el director, Guillermo Arenas. Lo acompañaban el ahora cuestionado asesor Andrés Contardo y el actual director interino del organismo, Luis Fuentes. Fue Arenas quien tomó la palabra y sorprendió a sus interlocutores con un anuncio: el acuerdo no se haría directamente entre Microsoft y el Registro Civil, sino que ejecutaría a través de la Universidad de Valparaíso. Todos quedaron descolocados. El tema se zanjó en esa misma reunión. En esas condiciones, y más encima con el polvo que ya había levantado la iniciativa, la empresa prefería dar un paso al costado. Luis Fuentes, actual director, estuvo presente en la reunión en calidad de asesor y confirmó a CIPER que Arenas propuso a la Universidad de Valparaíso como intermediario y que Microsoft se opuso. Pese a que CIPER contactó a diversas fuentes que conocieron de cerca los hechos, nadie supo dar una respuesta certera de las intenciones de Arenas. Al parecer, nunca les quedó muy claro qué pretendía. Unos dicen que Microsoft quería que hubiera un concurso público para evitar cualquier cuestionamiento y en vez de eso, Arenas salió con la propuesta de la universidad. Otros afirman que una vez que el director del Registro Civil planteó esta alternativa, la empresa quiso que hubiera una licitación. Y esto, porque como la idea original no implicaba recursos del Estado, y por lo tanto no exigía licitación, al entrar un tercero en el proceso que obviamente cobraría por sus servicios, el modelo de negocios cambiaba y debía licitarse. Lo cierto es que a Microsoft no le gustaron las nuevas reglas impuestas por Arenas. Sus ejecutivos no estuvieron dispuestos a exponer a la empresa a un proceso que la dejaría vulnerable a nuevos cuestionamientos. –Se suponía que en esa reunión se iba a ver la implementación del proyecto, pero la cita se desarrolló de manera rara porque en un momento el director del Registro Civil dijo que no lo iba a hacer directamente sino a través de una universidad –recuerda el anfitrión Alejandro Barros–. El proyecto no prosperó y nuestra idea tampoco es empujarlo. No están dadas las condiciones y por lo que está pasando en el Registro Civil no se darán en el corto plazo. Tras el escándalo de la licitación adjudicada a TATA, todos quienes conocieron las negociaciones entre Microsoft y el Registro Civil recordaron el episodio. De hecho ya durante el reporteo de la investigación de CIPER que reveló las irregularidades en marzo pasado, un actor de la industria tecnológica hizo notar que el famoso proyecto de “domicilio digital” había naufragado porque Arenas, en una actitud calificada de poco transparente, había intentado meter entremedio a una universidad sin ninguna justificación clara. Una vez publicado el reportaje, que develó el rol de doble asesor de Andrés Contardo, la misma fuente recordó el otro dato: Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft. El fracaso del convenio con Microsoft también cobró relevancia en la investigación que sigue la fiscal Alejandra Godoy. Todo indica que no lo considera un dato irrelevante. La semana pasada citó a declarar al gerente general de Microsoft, Hernán Orellana, y si bien el foco de sus preguntas no estuvo en este acuerdo sino en otros temas relacionados con la industria tecnológica, sí le pidió que relatara su versión de las negociaciones con el Registro Civil y el por qué del fin de las tratativas luego de que se intentara incluir a la Universidad de Valparaíso como parte del acuerdo.
La lupa sobre la Universidad de Valparaíso
El nombre de la Universidad de Valparaíso está en la mira de la fiscalía no sólo por el frustrado acuerdo con Microsoft, sino también por un millonario contrato. Dos hechos que parecen distintos pero que en realidad están vinculados. Entre los documentos que el nuevo director del Registro Civil, Luis Fuentes, entregó a la fiscal Godoy, está la resolución que aprueba los convenios con la universidad porteña. El primero de ellos está fechado el 30 de octubre de 2006 y cuenta con la rúbrica de Guillermo Arenas y el entonces rector de la universidad, Juan Riquelme Zucchet. Lleva como título “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica” y tiene una vigencia de dos años, estableciendo una amplia gama de modalidades de posible colaboración. Un día más tarde, el 31 de octubre de 2006, Arenas y Riquelme suscribieron un “Convenio específico de prestación de Servicios de Asesoría Técnica”, bajo el paraguas del convenio marco firmado el día anterior. El objetivo del nuevo acuerdo era estratégicamente importante para el Registro Civil: le encargaba una auditoría al núcleo estratégico de datos (softwares y hardware del organismo) y una auditoría de seguridad de aplicaciones web. Básicamente se trataba de evaluar qué tan segura es la forma en que se almacenan los datos del Registro Civil, es decir la información personal de todos los chilenos. El trabajo debía realizarse durante el verano de 2007 y así se hizo, aunque la última parte –una prueba de ataque hacker a la web- se retrasó hasta mayo por problemas de agenda. Por todo el paquete el Registro Civil pagó $100 millones. Según dijo el director del Registro Civil, Luis Fuentes, a El Mercurio, el pago se hizo en noviembre de 2006, pese a que los trabajos empezaron recién en diciembre. El mismo diario afirma que el contrato es objeto de una auditoría y que Fuentes no sabe si los trabajos realmente se hicieron. Todos los antecedentes fueron entregados a la fiscalía. A comienzos de abril, CIPER los pidió al Registro Civil. Entre los documentos que se nos entregaron figuran los contratos y un memo de María Isabel Moya, jefa de informática del servicio y pieza clave en la investigación de la fiscalía. En el texto, Moya hace duras críticas a la calidad del estudio realizado por la Universidad de Valparaíso, lo que demuestra que contrariamente a la duda planteada en El Mercurio, el trabajo se hizo. El estudio mismo no fue entregado por el Registro Civil por tratarse de información amparada bajo una cláusula de confidencialidad. Sí entregó la propuesta, el informe de avance y una minuta de una reunión realizada el 8 de enero de 2007. En ella se detalla a los asistentes, dando pistas también de los responsables del proyecto. Por el Registro Civil participaron Arenas, su jefe de gabinete Jorge Lobos (ambos imputados por la fiscalía en el caso TATA), la jefa de informática, María Isabel Moya, el oficial de seguridad Walter Montenegro y el jefe del área de seguridad informática (estos tres últimos serían testigos protegidos de la fiscalía). La contraparte era encabezada por el director de Asistencia Técnica de la Universidad de Valtaraíso, secundado por el coordinador del equipo consultora, Jimmy Black, además del gerente técnico Guillermo Cuadra, el consultor Michel Chamás y el auditor y asegurador del proyecto, Juan Ignacio Cristi. En total, habrían trabajado unas 20 personas contratadas por la universidad. CIPER conversó con tres profesionales que participaron de dicho estudio. Lo primero que sorprende es que pese a que el contrato se justificaba “aprovechando los recursos humanos calificados con que cuenta la universidad”, sólo se contrató personal externo. De acuerdo con una fuente que participó del proceso, no se usó a funcionarios universitarios porque no estaban disponibles. Y asegura que el estudio fue aceptado sin reparos por el Registro Civil y que las críticas de Moya son atribuidas a los anticuerpos que puede generar que alguien externo se meta en el terreno propio. Las mismas fuentes comentan que fue la universidad la que contactó al Registro Civil para ofrecer servicios de capacitación a sus funcionarios por el cambio tecnológico que se venía con la licitación de la nueva plataforma y que eso motivó el convenio marco. Otros protagonistas de las negociaciones de ese momento, indican que la auditoría a la seguridad del sistema fue una petición expresa de Arenas ante una alerta de que el registro de datos del organismo había sido vulnerado. Finalmente la capacitación nunca se realizó, pero se quiso usar el mismo convenio marco para el acuerdo que se negociaba con Microsoft. “Se nos consultó si podíamos participar, no estaba definido el rol, pero no prosperó”, recuerda uno de los profesionales.
El polémico acuerdo con Microsoft
El documento que suscitó polémica el año pasado fue suscrito el 9 de mayo de 2007 por el entonces ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, y el director de Investigación y Estrategia de Microsoft Corp., Craig Mundie. Durante su visita a Santiago, el ejecutivo estadounidense incluso se reunió con la presidenta Michelle Bachelet en La Moneda. El convenio reunía 12 iniciativas que se encontraban dispersas en diversos organismos del Estado. Como se aprecia en el texto del acuerdo, había desde compromisos para aumentar la conectividad de las escuelas hasta la implementación de centros de desarrollo y emprendimiento. Nada de esto llamó tanto la atención como el proyecto “domicilio digital”, que desde algún tiempo antes el Registro Civil negociaba con Microsoft. “Microsoft se compromete a proveer la plataforma Live (Mail, Messenger, Spaces y Mobile) para proveer los servicios de correo, comunicación instantánea, blogs y acceso a los mismos desde los celulares respectivamente, para 15 millones de usuarios en forma gratuita. Microsoft se compromete a asumir los costos de operación y administración de la infraestructura asociada”, decía el documento. Diversas organizaciones ciudadanas ligadas a internet se opusieron al convenio alegando, entre otras cosas, que la empresa tendría acceso a información personal de todos los chilenos de manera gratuita y que el Estado estaba abandonando el principio de neutralidad tecnológica a favor de Microsoft y por sobre otros servicios de acceso libre. El ruido incluso provocó que la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados citara a comienzos de agosto al ministro de Economía, al gerente general de la empresa, Hernán Orellana, y a tres representantes de los opositores del acuerdo. “No había ninguna entrega de datos a Microsoft. Lo que había era una plataforma, un gran servidor de correos que Microsoft ponía a disposición de los ciudadanos. Quien activaba la casilla era una persona del Registro Civil”, explica hoy Alejandro Barros, secretario ejecutivo de la Estrategia Digital del gobierno.
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Es el colmo de los avaros del sistema público. No pueden obligar a un chileno a tener una determinada casilla electrónica. Astutos, con eso la empresa vende toda la información de los chilenos a los empresarios del mundo. Esto lo hacen en cada país y así, a la mala, obtienen su premio de consuelo en la tierra: el dinero. Poreque su salvación del alma... es muy difícil que la obtengan. Qué disfruten su momento de vida, siempre a costa de los demás y con armas de intransparencia. Quíén parió a semejantes bestias insaciables de dinero y cínicos del alma.
jak exxon | 28.05.2008
seguimod igual
antonia | 30.04.2008
Esto es escaldaloso.
Continuan los cuoteos y los pagos de favores políticos
Lo bueno es que hay medios de comunicación independientes como CIPER, que nos ayudan a ver estas catastróficas realidades. Por favor sigan sacando a la luz pública toda la mugre de nuestros gobernantes, a ver si así podemos parar la corrupción, y que este abuso de poder no continue.
xtrkopt | 30.04.2008
pais de mierda corrupto!!!!!!!!!!!!
Anti Chantas PPDs | 29.04.2008
Y este otro PPD (Ponganme Para Disfrutar) no es el que armó el fiasco del Transantiago?
A un año de ese adefesio del Transantiago ya los PPDïstas están de vuelta para seguir "aportando su expertise" al bienestar de nuestro pueblo?
EDUCACION
Etcheberry rediseñará sistema de pago y control de subvenciones escolares
El ex titular de OO.PP. precisó que su tarea apunta a la modernización y control del sistema.
Javier Etcheberry.
Jefe de bancada de RN califica como "un desastre" asesoría encargada a Etcheberry
La empresa Etcheberry Consultores, encabezada por el ex ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry, será la encargada de rediseñar el sistema de pago y control de las subvenciones escolares.
"Esto no es una auditoría; es tratar de modernizar el sistema para poder entregar los recursos de la mejor forma a los establecimientos de educación", señaló el ex director del Servicio de Impuestos Internos minutos antes de reunirse con el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, con quien encabezará el equipo que rediseñará el sistema de subvenciones.
"La ministra me ha pedido ayuda y a través de la consultora. Voy a colaborar con una labor tan importante como lo es el de las subvenciones y la fiscalización de estas para facilitar la educación en Chile", sostuvo Etcheberry, quien precisó que el equipo diseñará un sistema moderno de pago y supervisión de la entrega de dineros.
CHANTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
C H A N T AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Chuen Lai | 28.04.2008
El Sr. Luis Fuentes, quien es? Aparte de Ingenierito de EJECUCION, quie es? bajate LUCHO no estas acorde ni tienes idea, el tiempo y alomejor -no me consta- tus problemas psiquiatricos- te comieron.......No entiendo como te puede ir bien con poca capacidad intelectual.....
alejandro2233 | 28.04.2008
Porque no averiguan si ENTEL tiene contradado a los siguientes personajes para la licitación de pasaportes.
1. CIS CONSULTORES ( Marcos Lima y su banda ).
2. Aldo SIGNORELLI Hijo ( Si.... el GG de ACTI )
Que relación tienen ambos con Luis Fuentes ?? Alguien una vez comento "dejaron al gato cuidando la carniceria"
Luchito Fuentes Entel | 27.04.2008
Lean El Mostrador
Vínculos
En el Currículum Luis Fuentes aparecen todas las asesorías que ha hecho antes de asumir en el Registro Civil. Hasta el 24 de marzo, Fuentes laboró en el Servicio Nacional de Aduanas. Según la entidad renunció aquel día porque asumió la unidad de identidades.
Contraloría, entidad para la que prestó servicios el año pasado. También laboró para Ministerio de Justicia y CIS ingenieros, ambos en 2007.
En el caso de esta última empresa se produce una azarosa coincidencia.
Uno de los socios de CIS ingenieros es Marcos Lima, precisamente el que hizo una de las primeras denuncias a la ex subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, de que en el proceso de licitación del servicio de identidades se pagaban coimas.
Y desde agosto del año pasado hasta diciembre, Luis Fuentes trabajó en Bluesoft, la empresa de su hermano Juan Guillermo.
Esta firma, dedicada a los temas informáticos, ha tenido como cliente a Entel, que para la licitación en el Registro Civil iba asociada a Tata. Otro de los servicios lo prestó a Telefónica, relacionada con Quintec, también en competencia por la licitación.
Este medio obtuvo una versión oficial de Bluesoft, donde se indicó que Luis Fuentes trabajó hasta el 29 de febrero y que nunca fue socio, sino un empleado más, aunque en su currículum señala que fue gerente de proyectos. Al respecto, en la misma carta enviada a este medio, asegura que desde agosto de 2007 hasta febrero de este año no realizó ninguna actividad remunerada.
En 2005 Fuentes laboró en Entel, asesorando precisamente la preparación de la propuesta técnica para participar en la licitación del Registro Civil, donde entre 2003 a 2004 fue director nacional (S), reportándose al subsecretario de Justicia de la época, el DC Jaime Arellano (DC), ligado al lote de Gutenberg Martínez.
Carlos Orellana | 26.04.2008
Nuevamente María Isabel Moya está enterada de todo y no habre la boca, lamentablemente de esa manera se hace complice de todos los ilicitos. Es su firma la que aparece el Chile compras y por lo tanto es responsable al igual que todos los que han hecho tanto y tantos fraudes dentro de ésta organización.
César González | 25.04.2008
Al igual que muchos fraudes, malversaciones, robos y mal uso de los dineros públicos que han ocurrido durante los sucesivos Gobiernos de la Concertación esta telaraña de corrupción quedará en el olvido y si alguno de los involucrados llega a ser condenado, este será el de menor rango y sin importancia política.
Ha llegado la hora en que la detección de la corrupción y los fraudes sea una prioridad para nosotros los ciudadanos. Al igual que en USA donde una grabación ya sea autorizada u obtenida subrepticiamente (cámaras ocultas) y que sea debidamente autenticada sirve de prueba ante un juez. Lo mismo urge ser implementado en Chile. La verdad sobre delitos cometidos no puede ser acallada por tecnicismos legales en que si no es autorizada por el delincuente no tiene valor legal, lo anterior aduciendo derechos de privacidad. Concuerdo que estos que deben ser defendidos a ultranza si la persona no ha cometido algo ilegal, por el contrario si con ello se demuestra el delito cometido, debe tener toda la fuerza legal de una prueba. Si la grabación no expone un delito entonces el autor de dicha grabación no autorizada debe ser acreedor de una demanda de derecho público, excepción hecha del periodismo.
Sería pedir peras al olmo solicitar a los políticos y legisladores que lleven adelante semejante iniciativa, por lo tanto debe ser el clamor popular el que provoque el cambio y sepamos al fin de cuentas quienes no tienen nada que ocultar o temer.
De esa forma los ciudadanos estaremos más protegidos y podremos ejercer un control más estricto y participativo contra la corrupción en todos los ámbitos.
Daniel | 25.04.2008
Faltó un detalle: en el caso de la UV, una empresa (que desconozco cuál es) quiso ejecutar este proyecto. En ese tiempo se lo propueso a la institución, pagándole alrededor de un 5% del contrato. Esa es toda la participación universitaria. Seguramente, esa "empresa" se presentó de esa forma porque tendría incompatibilidades con hacerlo directamente, o bien para blanquear los dineros.
En ese tiempo, todo era posible en la UV.
Sugerencia, pedir información sobre los convenios a honorarios y/o transferencias que se hicieron con las platas pagadas por el Registro Civil, pueden haber varias sorpresas.
Algo similar, bajo el mismo modelo, se utilizó con una empresa para la licitación del TAG. También ahí hay un dato interesante de pesquizar.
José Luis | 25.04.2008
No, esto ya es el colmo, ya saber además que hay otras instituciones involucradas en "otros" fraudes, llama la atención que este Sr Juan Riquelme ex Rector, de la universidad de Valparaíso no le sumaran además este fraude, o acaso aun no se dan cuenta en la UV, cierto es que este ex Rector, denunciado por estudiantes en primeran instancia y academicos que en algo se "quemaron" saliera con escandalo de la Universidad, si mas no recuerdo estuvo alrededor de una decada como Rector y quien sabe cuantos negocios habrá hecho, entrego una buena Universidad llena de deudas y sus bolsillos llenos.
Y claro, será amigo del sr Arenas y Cia.? o alguno de los asesores, o los coimeros tendrán un club?
>Saludos
Los entretelones que llevaron a cancelar la iniciativa cobran una dimensión distinta hoy, a la luz de las irregularidades detectadas en la licitación que adjudicó la plataforma tecnológica a la empresa india TATA. La investigación que sigue la Fiscalía Centro Norte puso en prisión preventiva al ex doble asesor de Tata y del Registro Civil, Andrés Contardo, acusándolo de revelar secretos sensibles de la licitación a la empresa india, datos por los cuales recibía un pago mensual de $3 millones. “Proyecto Alfa”, era el código usado entre el asesor informático y los ejecutivos de la compañía para referirse a la licitación, de acuerdo a la fiscalía “Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft”, es la primera pista que entrega un ingeniero que conoció de las tratativas y que plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Sus dudas coinciden con los datos recogidos de numerosas fuentes, quienes aseguran que el rol del experto en informática no se limitó a asesorar a Arenas en la elaboración de las bases de la licitación de plataforma tecnológica que se adjudicó su otro empleador, TATA. Eso decía su contrato a honorarios, pero lo cierto es que Contardo tuvo numerosas funciones. Entre ellas, asesorar en las tratativas con Microsoft.
Fue Arenas quien tomó la palabra y sorprendió a sus interlocutores con un anuncio: el acuerdo no se haría directamente entre Microsoft y el Registro Civil, sino que ejecutaría a través de la Universidad de Valparaíso. Todos quedaron descolocados. El tema se zanjó en esa misma reunión. En esas condiciones, y más encima con el polvo que ya había levantado la iniciativa, la empresa prefería dar un paso al costado. Luis Fuentes, actual director, estuvo presente en la reunión en calidad de asesor y confirmó a CIPER que Arenas propuso a la Universidad de Valparaíso como intermediario y que Microsoft se opuso. Pese a que CIPER contactó a diversas fuentes que conocieron de cerca los hechos, nadie supo dar una respuesta certera de las intenciones de Arenas. Al parecer, nunca les quedó muy claro qué pretendía. Unos dicen que Microsoft quería que hubiera un concurso público para evitar cualquier cuestionamiento y en vez de eso, Arenas salió con la propuesta de la universidad. Otros afirman que una vez que el director del Registro Civil planteó esta alternativa, la empresa quiso que hubiera una licitación. Y esto, porque como la idea original no implicaba recursos del Estado, y por lo tanto no exigía licitación, al entrar un tercero en el proceso que obviamente cobraría por sus servicios, el modelo de negocios cambiaba y debía licitarse. Lo cierto es que a Microsoft no le gustaron las nuevas reglas impuestas por Arenas. Sus ejecutivos no estuvieron dispuestos a exponer a la empresa a un proceso que la dejaría vulnerable a nuevos cuestionamientos. –Se suponía que en esa reunión se iba a ver la implementación del proyecto, pero la cita se desarrolló de manera rara porque en un momento el director del Registro Civil dijo que no lo iba a hacer directamente sino a través de una universidad –recuerda el anfitrión Alejandro Barros–. El proyecto no prosperó y nuestra idea tampoco es empujarlo. No están dadas las condiciones y por lo que está pasando en el Registro Civil no se darán en el corto plazo. 
Tras el escándalo de la licitación adjudicada a TATA, todos quienes conocieron las negociaciones entre Microsoft y el Registro Civil recordaron el episodio. De hecho ya durante el reporteo de la investigación de CIPER que reveló las irregularidades en marzo pasado, un actor de la industria tecnológica hizo notar que el famoso proyecto de “domicilio digital” había naufragado porque Arenas, en una actitud calificada de poco transparente, había intentado meter entremedio a una universidad sin ninguna justificación clara. Una vez publicado el reportaje, que develó el rol de doble asesor de Andrés Contardo, la misma fuente recordó el otro dato: Contardo era el hombre del Registro Civil para el proyecto de Microsoft. El fracaso del convenio con Microsoft también cobró relevancia en la investigación que sigue la fiscal Alejandra Godoy. Todo indica que no lo considera un dato irrelevante. La semana pasada citó a declarar al gerente general de Microsoft, Hernán Orellana, y si bien el foco de sus preguntas no estuvo en este acuerdo sino en otros temas relacionados con la industria tecnológica, sí le pidió que relatara su versión de las negociaciones con el Registro Civil y el por qué del fin de las tratativas luego de que se intentara incluir a la Universidad de Valparaíso como parte del acuerdo.
Un día más tarde, el 31 de octubre de 2006, Arenas y Riquelme suscribieron un “Convenio específico de prestación de Servicios de Asesoría Técnica”, bajo el paraguas del convenio marco firmado el día anterior. El objetivo del nuevo acuerdo era estratégicamente importante para el Registro Civil: le encargaba una auditoría al núcleo estratégico de datos (softwares y hardware del organismo) y una auditoría de seguridad de aplicaciones web. Básicamente se trataba de evaluar qué tan segura es la forma en que se almacenan los datos del Registro Civil, es decir la información personal de todos los chilenos. El trabajo debía realizarse durante el verano de 2007 y así se hizo, aunque la última parte –una prueba de ataque hacker a la web- se retrasó hasta mayo por problemas de agenda. Por todo el paquete el Registro Civil pagó $100 millones. Según dijo el director del Registro Civil, Luis Fuentes, a El Mercurio, el pago se hizo en noviembre de 2006, pese a que los trabajos empezaron recién en diciembre. El mismo diario afirma que el contrato es objeto de una auditoría y que Fuentes no sabe si los trabajos realmente se hicieron. Todos los antecedentes fueron entregados a la fiscalía. A comienzos de abril, CIPER los pidió al Registro Civil. Entre los documentos que se nos entregaron figuran los contratos y un memo de María Isabel Moya, jefa de informática del servicio y pieza clave en la investigación de la fiscalía. En el texto, Moya hace duras críticas a la calidad del estudio realizado por la Universidad de Valparaíso, lo que demuestra que contrariamente a la duda planteada en El Mercurio, el trabajo se hizo. El estudio mismo no fue entregado por el Registro Civil por tratarse de información amparada bajo una cláusula de confidencialidad. Sí entregó la propuesta, el informe de avance y una minuta de una reunión realizada el 8 de enero de 2007. En ella se detalla a los asistentes, dando pistas también de los responsables del proyecto. Por el Registro Civil participaron Arenas, su jefe de gabinete Jorge Lobos (ambos imputados por la fiscalía en el caso TATA), la jefa de informática, María Isabel Moya, el oficial de seguridad Walter Montenegro y el jefe del área de seguridad informática (estos tres últimos serían testigos protegidos de la fiscalía). 
La contraparte era encabezada por el director de Asistencia Técnica de la Universidad de Valtaraíso, secundado por el coordinador del equipo consultora, Jimmy Black, además del gerente técnico Guillermo Cuadra, el consultor Michel Chamás y el auditor y asegurador del proyecto, Juan Ignacio Cristi. En total, habrían trabajado unas 20 personas contratadas por la universidad. CIPER conversó con tres profesionales que participaron de dicho estudio. Lo primero que sorprende es que pese a que el contrato se justificaba “aprovechando los recursos humanos calificados con que cuenta la universidad”, sólo se contrató personal externo. De acuerdo con una fuente que participó del proceso, no se usó a funcionarios universitarios porque no estaban disponibles. Y asegura que el estudio fue aceptado sin reparos por el Registro Civil y que las críticas de Moya son atribuidas a los anticuerpos que puede generar que alguien externo se meta en el terreno propio. Las mismas fuentes comentan que fue la universidad la que contactó al Registro Civil para ofrecer servicios de capacitación a sus funcionarios por el cambio tecnológico que se venía con la licitación de la nueva plataforma y que eso motivó el convenio marco. Otros protagonistas de las negociaciones de ese momento, indican que la auditoría a la seguridad del sistema fue una petición expresa de Arenas ante una alerta de que el registro de datos del organismo había sido vulnerado. Finalmente la capacitación nunca se realizó, pero se quiso usar el mismo convenio marco para el acuerdo que se negociaba con Microsoft. “Se nos consultó si podíamos participar, no estaba definido el rol, pero no prosperó”, recuerda uno de los profesionales.
El convenio reunía 12 iniciativas que se encontraban dispersas en diversos organismos del Estado. Como se aprecia en el texto del acuerdo, había desde compromisos para aumentar la conectividad de las escuelas hasta la implementación de centros de desarrollo y emprendimiento. Nada de esto llamó tanto la atención como el proyecto “domicilio digital”, que desde algún tiempo antes el Registro Civil negociaba con Microsoft. “Microsoft se compromete a proveer la plataforma Live (Mail, Messenger, Spaces y Mobile) para proveer los servicios de correo, comunicación instantánea, blogs y acceso a los mismos desde los celulares respectivamente, para 15 millones de usuarios en forma gratuita. Microsoft se compromete a asumir los costos de operación y administración de la infraestructura asociada”, decía el documento. Diversas organizaciones ciudadanas ligadas a internet se opusieron al convenio alegando, entre otras cosas, que la empresa tendría acceso a información personal de todos los chilenos de manera gratuita y que el Estado estaba abandonando el principio de neutralidad tecnológica a favor de Microsoft y por sobre otros servicios de acceso libre. El ruido incluso provocó que la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados citara a comienzos de agosto al ministro de Economía, al gerente general de la empresa, Hernán Orellana, y a tres representantes de los opositores del acuerdo. “No había ninguna entrega de datos a Microsoft. Lo que había era una plataforma, un gran servidor de correos que Microsoft ponía a disposición de los ciudadanos. Quien activaba la casilla era una persona del Registro Civil”, explica hoy Alejandro Barros, secretario ejecutivo de la Estrategia Digital del gobierno.
