En medio de la peor crisis hídrica del país y tras seis años en el congelador del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado por amplia mayoría una potente reforma al Código de Aguas, cuyas modificaciones aseguraban un acceso más equitativo al recurso para hoy y mañana. Eso implicaba que el Estado entrara a regular derechos ya otorgados. Los gremios del agro, la minería y la generación eléctrica se organizaron y dieron una batalla sorda pero efectiva. CIPER siguió la ruta del intenso lobby desplegado. En abril, el Ejecutivo envió 27 indicaciones que echan por tierra avances clave (ACTUALIZADO).