Cerca de $650 millones gastó la Contraloría para fiscalizar el uso de la subvención escolar SEP, destinada a los niños más pobres. La inspección detectó más de $25 mil millones perdidos. El hallazgo originó 32 juicios, pero casi todos están paralizados. La razón: una modificación a la Ley SEP aprobada por el Congreso benefició con un “perdonazo” a los alcaldes infractores. El contralor y el presidente del CDE acusan que esa reforma ha impedido perseguir a los responsables. La Contraloría ahora descubrió otros $10 mil millones perdidos en subvenciones para niños con problemas de aprendizaje.