La siguiente columna de la Fundación Defendamos la Ciudad aborda en detalle las diferencias entre las corporaciones sin fines de lucro regidas por el Código Civil y que rinden cuenta ante el Ministerio de Justicia y aquellas que, siendo universidades privadas, surgieron al amparo del DFL Nº 1 del Ministerio de Educación en 1980. Son estas diferencias las que han facilitado que las universidades privadas vulneren las normas, convirtiéndose en un buen negocio. Los autores de esta columna ofrecen además una propuesta para poner fin al lucro ilegal en la educación superior. Según sugieren, deben coexistir las universidades sin fines de lucro con aquellas que sí tienen objetivos comerciales, pero estas últimas no deben tener acceso a fondos públicos ni beneficios tributarios. Además, proponen que las primeras sean gratuitas.