La última encuesta Casen, además de demostrar que la pandemia provocó un retroceso en la batalla contra la desigualdad, exhibió que los niveles de pobreza siguen siendo superiores en zonas rurales en comparación con las urbanas. La autora de esta columna de opinión ajusta la mirada sobre estas cifras y explica por qué es importante impulsar un debate en torno a este problema en la Convención Constitucional, cuyo objetivo sea reducir las “desigualdades territoriales” que se producen entre las grandes ciudades y otras zonas. Para ello, indica, es necesario replantear el sistema de “economía política que favorece” el desarrollo de los territorios urbanos en desmedro de los rurales.
Las cifras expuestas por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2020 (Casen) nos muestran una dolorosa realidad para nuestro país: tras años de avance sostenido en la disminución de pobreza por ingreso y multidimensional, nos encontramos con que, fruto de la pandemia, esa tendencia se ha detenido y ha retrocedido en al menos cinco años para las cifras de pobreza, y casi dos décadas en relación con las de desigualdad (vea columna “Casen 2020: pandemia provoca casi dos décadas de retroceso en la lucha contra la desigualdad”).
De acuerdo con los números entregados, a nivel nacional, el 10,8% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos (2.112.185 personas) y el 4,3% en pobreza extrema (831.232 personas). Estas cifras representan un aumento frente a lo sucedido en 2017, cuando la tasa de pobreza era de 8,6%, y la de pobreza extrema 2,3%. Las regiones de Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio nacional.
La encuesta Casen 2020 también constata que la pobreza sigue siendo mayor en zonas rurales (13,82%) que en zonas urbanas (10,42%). Sin embargo, en comparación a años anteriores, la pobreza rural se redujo levemente (de 16,5% en 2017) y la urbana aumentó (de 7,4% en 2017). Estas cifras podrían crear la falsa sensación de que las zonas rurales no han resentido el impacto del COVID-19, pero, en realidad, nos obligan a poner más atención en las brechas territoriales que sufren estos lugares, una deuda pendiente e invisibilizada desde hace muchos años.
Las desigualdades territoriales no solo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, pues también limitan el desarrollo de todo un país. Estas brechas no se corrigen con el tiempo. Al contrario, se refuerzan, dados los incentivos y efectos de la economía política que favorece a las grandes ciudades y a los territorios urbanos por sobre los rurales.
Por estos motivos, creemos que dentro de la discusión constitucional no puede estar ausente el desarrollo rural. Sin embargo, al revisar los programas de los 155 constituyentes electos, observamos que la temática solo está presente -en alguna medida- en el 20% de ellos. En un contexto como el que ofrece escribir una nueva Constitución, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para ejecutar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista, promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a los recursos naturales como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Todo ello, con el objetivo de permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural y garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
Misma situación deberíamos analizar en los programas presidenciales, ya que, de acuerdo con lo que la OCDE define como “rural”, al menos el 30% de los chilenos y chilenas habita en ese tipo de territorios. Pese a ello, muchas veces no aparecen propuestas para esos espacios y menos aún una estrategia clara de desarrollo que se haga cargo de su importancia para la seguridad alimentaria, mientras nos encontramos en plena adaptabilidad al cambio climático.
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Me parece interesante la reflexión que propone la autora. Pienso que a la luz de la nueva Constitución; con nuevos gobernadores regionales; con mayores atribuciones para las regiones, por qué no soñar con un sistema federal compuesto por ecorregiones, donde la unidad territorial esté definida por las cuencas, con una política nacional de ordenamiento territorial que permita planificar el uso del territorio desde las regiones (Planes Regionales de Ordenamiento Territorial), con una visión integradora y multicultural de los territorios regionales y metropolitanos con énfasis en el agua y la biodiversidad, y con plebiscitos regionales vinculantes que orienten el desarrollo de las regiones.
RUBEN T. PARRA NATTEROS | 19.07.2021
En COP 21, Fr. Se delineo tres Objetivos Centrales de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Erradicar la Pobreza, Combatir la Desigualdad en Injusticia. Donde concluye que los Mandatarios de cada País se comprometan a contribuir a superar este gran problema. Han transcurrido 6 años, lamentablemente los Gobiernos de cada País NO hicieron nada; ahora con el COVID-19 y sus variantes la situación ambiental, salud e ingresos económicos han afectado a todas las poblaciones de la Costa-Andina-Amazónica del Perú. Lo peor con la in-gobernabilidad la situación se agrava. Que podemos hacer? Eh ahí la participación de las Mancomunidades de las Macroregiones presentaremos en la COP 26 Reino Unido, nuestro Inédito Programa: Salvemos Vidas_ Combatir el COVID-19, Pobreza, Hambre y Carbono (Contaminación). Compromiso que estamos asumiendo este Gran Reto, Como un inicio de un Nuevo Centenario; porque los 200 años transcurridos 1821 fueron de tristeza y llantos. Hoy vemos un mundo mejor, Con Fe, Paz y Trabajo. RTPN/INIDES.
Guillermo Villagran Villagran | 18.07.2021
Buenos Dias. En el quehacer diario de mi profesion y por años he venido escuchando siempre lo mismo, Estadistica e ideas repititivas. Seria bueno y les propongo que las directrices de los Servicios del Agro se adecuen a su territorio y no mantengan sus politicas nacionales. Aca, en Chaiten, es lo mismo un servicio que en Osorno, ademas y por favor , que nuestros servidores del agro tengan mas cercania con su territorio. Estan todo el dia con su Computador haciendo informes inutiles . En fin nada cambiara. Se los aseguro y firmo.
